Los socios exigen a Sánchez derogar la amnistía de la Transición tras avalar la UE el perdón de los culpables del 1-O
El BNG pide la derogación de la medida de gracia de hace 50 años pero celebra la sentencia europea a favor de la de 2024
Néstor Rego (BNG) dijo que el aval del TJUE a la Amnistía al procés era una "bofetada" a los jueces "reaccionarios"
El Bloque Nacionalista Galego (BNG), exige al Gobierno de Pedro Sánchez, del que son socios parlamentarios, la derogación de la amnistía de 1977, con la que se inició la Transición. Todo ello apenas unos días después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalara el perdón para los responsables del procés independentista que tuvo como punto álgido el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Una decisión que celebró el partido gallego de extrema izquierda.
El diputado del partido nacionalista, Néstor Rego, ha presentado una pregunta para respuesta por escrito del Ejecutivo socialista en el Congreso sobre las «previsiones acerca de acometer la iniciativa legislativa para la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, así como para promover la reforma del Código Penal para incluir el principio de legalidad internacional y la imprescriptibilidad del delito de tortura».
La iniciativa presentada por el partido de extrema izquierda asegura que la administración central «está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos por la falta de una investigación judicial efectiva sobre los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura franquista».
La conclusión la extrae de un escrito de «cuatro relatores de Naciones Unidas» que «han advertido formalmente al Estado español» sobre este aspecto concreto.
Concretamente, se trata de una «comunicación oficial» fechada el pasado 18 de febrero. El documento, dirigido al Gobierno, estaba firmado por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas Involuntarias; el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y la Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
El BNG resalta la «seria preocupación» que estos cuatro organismos de las Naciones Unidas expresaron «por el archivo de 18 querellas por crímenes de lesa humanidad durante el franquismo tramitadas ante tribunales españoles al amparo de la nueva Ley de Memoria Democrática».
Específicamente, los nacionalistas gallegos se refieren al siguiente párrafo de la comunicación oficial: «Mientras el Estado español no inicie investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el periodo franquista, estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos».
El partido que ha brindado apoyo constante al Gobierno de Sánchez señala que el documento de la ONU resalta ciertos problemas que impiden alcanzar esa meta. Entre otros, ponen el dedo sobre «la persistencia de obstáculos como la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977, la prescripción y una interpretación restrictiva del principio de legalidad penal, a pesar de la entrada en vigor en 2022 de la Ley de Memoria Democrática».
Por todo ello, el BNG traslada al Gobierno su preocupación sobre la medida de gracia de hace casi 50 años y le interroga sobre si «acometerá finalmente, atendiendo al requerimiento, la iniciativa legislativa para la derogación de la Ley de Amnistía de 1977».
Ya en 2017, Podemos, ERC, PNV y el PDeCAT pidieron modificar esa medida de gracia para que la norma no impidiese que los juzgados tramitasen los casos en los que se imputase «delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos». Finalmente, el cambio legislativo no salió adelante por los votos en contra de PP, PSOE y Cs.
Sin embargo, la iniciativa de los nacionalistas gallegos va más allá y solicita la «derogación» de la amnistía de 1977. Además, piden una reforma del Código Penal para incluir el «principio de legalidad internacional y la imprescriptibilidad del delito de tortura». Por último, solicitan la ratificación de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad.
Aval del TJUE a la amnistía
Todo ello después de que este mismo mes de julio el TJUE avalase la Ley de Amnistía que el Gobierno sacó adelante para lograr los siete votos de Junts con el objetivo de investir a Sánchez.
Los magistrados comunitarios consideraron que el Derecho Europeo «no se opone a una ley nacional de amnistía» porque, en su opinión, servía para «reducir tensiones institucionales y facilitar un escenario de reconciliación».
El BNG consideró esta decisión de la instancia comunitaria como un «aval» a la medida de gracia y la calificó como una «bofetada» a los jueces «reaccionarios» y exigió a los tribunales españoles aplicar ya la norma.
Además, Rego criticó a través de un mensaje en la red social X, antes Twitter, que la sentencia era una «desautorización» a las críticas judiciales, pero también como un revés al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Y aseguró que el partido de los populares es «cada vez más ultra», e indicó que se habían quedado ya «sin argumentos».
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