Sánchez sube el gasto en vigilancia del Pazo de Meirás por temor a «ocupaciones ilegales reivindicativas»

El Gobierno gastará 32.000 euros más en proteger el Pazo de Meirás (Sada, La Coruña), que la familia Franco tuvo que devolver al Estado en 2020 tras una demanda interpuesta por el Ejecutivo socialista. Concretamente, el Ministerio de Hacienda movilizará 394.890 euros para instalar un sistema de control que permita verificar la realización de las rondas de vigilancia para neutralizar amenazas como «ocupaciones ilegales reivindicativas».

El organismo de María Jesús Montero busca una empresa para la implementación de un servicio de vigilancia de seguridad vinculado a los sistemas instalados, durante un período de tiempo suficiente hasta poder abordar una contratación del servicio a medio/largo plazo.

El servicio de vigilancia ininterrumpida estará compuesto por un vigilante de seguridad sin armas durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, en la Central a la que están conectadas las cámaras y los detectores, y otro vigilante de seguridad sin armas en horario de 06:00 a 22:00 horas de lunes a viernes solo los días laborables. El servicio tendrá un carácter eminentemente preventivo, dirigido a proteger el inmueble y el entorno del Pazo de Meirás, evitando en la medida de lo posible la intrusión y daños al inmueble.

Esta seguridad tiene como objetivo neutralizar las posibles amenazas que puedan darse en este enclave, como pueden ser «el robo con fuerza, hurto interno y externo, intrusión, vandalismo, incendio o daños intencionados, o la ocupación ilegal del inmueble por actos reivindicativos». Para poder blindar el inmueble ante estas amenazas, el Ejecutivo gastará 394.890 euros, 32.000 euros más que lo que desembolsó el pasado año por el mismo contrato.

Propiedad del Estado

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña estimó en septiembre de 2020 íntegramente la demanda para la devolución del Pazo de Meirás interpuesta por el Estado, al que declaró propietario del inmueble. También condenó a la familia Franco a su devolución sin ser indemnizada por los gastos en los que afirma haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad.

En el procedimiento, la Xunta de Galicia, los ayuntamientos de Sada y La Coruña y la Diputación coruñesa defendieron también la postura de la Abogacía del Estado, mientras que como demandados constaban seis familiares de Francisco Franco y una sociedad limitada. La magistrada Marta Canales declaró en la sentencia la nulidad de la donación efectuada en 1938 de «la finca denominada Torres o Pazo de Meirás al autoproclamado jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer del requisito esencial de forma».

En relación a este fundamento, la jueza aclaró que, el mismo año en que se efectuó la donación, se constituyó una Junta Pro Pazo «del Caudillo» para comprar y regalar el Pazo de Meirás «al Generalísimo de los Ejércitos y jefe del Estado Nacional». «Su nombre era Francisco Franco Bahamonde, pero no se le regala a él por sí mismo, sino al jefe del Estado», añadió respaldando los argumentos de los demandantes y rechazando los de la parte demandada.

El Pazo de Meirás fue cedido como propiedad a Franco en 1938, y desde entonces, durante los 82 años siguientes, fue propiedad de la familia. Por ello, los propios sucesores del dictador exigieron el pago de un «precio justo» al Estado a cambio de lo que consideraban una expropiación.

Esta petición llegó a ser ridiculizada por la magistrada Canales en el auto en el que dictaba la devolución de la propiedad. «La cuestión del precio, sin duda sorpresiva, ni tan siquiera fue respondida por parte de la Administración General del Estado», aseguraba la juez en el extenso auto en el que quedó sellado el futuro de la propiedad.

El Pazo de Meirás fue declarado Bien de Interés Cultural en 2008, algo a lo que se oponía la familia Franco. Esto obligó a los herederos del dictador a abrir el espacio al público durante cuatro días al mes para visitas, que no comenzaron hasta el pasado 2011. En años posteriores, la familia trató de vender la propiedad por unos 8 millones de euros.

No fue hasta 2017 cuando se inició el frente legal contra los Franco para que el Estado recuperase la propiedad del palacio. Se creó la Junta pro Devolución del Pazo de Meirás, que integraron ayuntamientos, la Diputación de La Coruña y la Universidad de La Coruña, pero no así el Gobierno de la Xunta de Galicia.

En julio de 2019, el Gobierno de Pedro Sánchez se lanzó definitivamente a la batalla legal por el Pazo. La Abogacía del Estado presentó una demanda judicial para devolver la propiedad acusando a los Franco de «fraude» en la compra. En septiembre de ese año, la magistrada Marta Canales acordó que tanto la Xunta de Galicia como el Ayuntamiento de Sada podrían intervenir en el proceso judicial. El proceso quedó a la espera de una decisión final, que llegó en septiembre de 2020.