Sánchez promete triplicar la inversión en vivienda tras no gastar el 60% de lo que presupuestó en 2023

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido triplicar el gasto en vivienda de cara a la Conferencia de Presidentes que tendrá lugar este viernes. Concretamente, pasar de 2.300 millones a unos 7.000 millones, siempre y cuando las autonomías aporten el 40%, es decir, al menos 2.700 millones. Una nueva promesa ‘fake’ del Ejecutivo que ha dejado sin invertir el 60% de lo que había prometido y presupuestado en los últimos dos años para favorecer «el acceso a la vivienda» y fomentar la edificación.

«En primer lugar, propongo que tripliquemos la inversión pública en vivienda. En el último Plan Estatal, que ha cubierto el periodo 2022-2025, nuestras administraciones dedicaron 2.300 millones de euros a construir vivienda pública, rehabilitar edificios y facilitar el acceso al alquiler. La difícil situación que viven muchos ciudadanos exige que hagamos un mayor esfuerzo. Por eso sugiero que, en este nuevo periodo, pasemos de 2.300 a unos 7.000 millones de euros. El Gobierno de España se compromete a aportar para el nuevo Plan 4.000 de esos millones (un 60% del total), siempre y cuando los gobiernos autonómicos asumáis una mayor corresponsabilidad y aporten al menos 2.700 millones de euros (un 40%)», reza la carta enviada por Sánchez.

Al hilo, el presidente del Gobierno recuerda que la política de vivienda es una competencia compartida y que las comunidades «nunca han recibido tantos recursos del Estado como ahora», por lo que sostiene que «es esencial que parte de esos recursos se destinen a construir y rehabilitar más vivienda pública, en régimen de propiedad y alquiler».

Sin embargo, los datos contrarrestan este relato. En los Presupuestos Generales del Estado se contempló una inversión total en estos dos últimos años de 9.208 millones, pero la realidad es que sólo ha dedicado 3.553 entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de noviembre de 2024, último dato oficial de contabilidad certificado por el propio Ministerio de Hacienda.

Es decir, en estos dos años en los que más necesario resultaba activar inversiones en vivienda y medidas que apoyaran a los compradores o arrendatarios, en la práctica Sánchez ha recortado un 60% las inversiones que él mismo había prometido y presupuestado. El tijeretazo sobre la inversión prevista por su Gobierno ha sido del orden de 7.250 millones de euros. Y ese incumplimiento se ha producido, además, cuando más dinero tiene disponible el Estado para poder impulsar medidas en este campo, gracias a las inversiones extra de dinero público activado por la UE al amparo de los fondos de Recuperación tras la crisis del Covid, parte de los cuales se dirigen precisamente a hacer más asequible el mercado inmobiliario.

Los mayores incumplimientos de inversión en este campo los ha cometido el Gobierno de Sánchez precisamente cuando más se ha agravado el problema del precio de la vivienda. Así, en 2023 contaba en los Presupuestos Generales del Estado con un total de 5.033,52 millones de euros para medidas de «acceso a la vivienda y fomento de la edificación». Sin embargo, el 51% no los invirtió, dejó sin invertir 2.546 millones.

En 2024 el incumplimiento todavía ha sido más flagrante: a falta de lo que el Gobierno gastara en diciembre, el dato provisional hasta el 30 de noviembre indica que había dejado sin invertir el 74% de lo que había prometido y anotado en las cuentas del Estado para este último año. En concreto, para todo 2024 disponía de una partida de 4.174,79 millones para políticas de «acceso a la vivienda y fomento de la edificación», pero la realidad es que hasta el 30 de noviembre sólo había ejecutado el 25,53%, 1.065,82 millones. De los otros 3.108,97 millones, ni rastro.

Base de datos pública

Asimismo, el presidente del Gobierno propone a las comunidades «acabar con el monopolio de la información de los portales privados» y crear una base de datos pública que permita a las Administraciones estatales y a la ciudadanía conocer los precios reales de compra/venta o alquiler en su ciudad. «Solo con esa transparencia se podrán diseñar políticas públicas realmente eficaces y ayudar a la ciudadanía a negociar de forma adecuada el precio de su casa», defiende Moncloa.

En otro orden de cosas, Sánchez también ha planteado a las comunidades la posibilidad de blindar de forma indefinida la calificación de las viviendas con protección pública. «En los últimos 45 años, las Administraciones públicas construyeron en España más de 2,4 millones de viviendas protegidas, pero la práctica totalidad de esas viviendas acabaron siendo descalificadas y vendiéndose en el mercado libre a precios elevados o en manos de fondos buitre», sostiene Moncloa.

Por ello, el Gobierno quiere que los presidentes autonómicos se comprometan a que todas «las viviendas que se financien con dinero público mantengan de forma permanente su calificación de vivienda protegida y, por tanto, ofrezcan siempre una alternativa asequible de propiedad o alquiler para la ciudadanía». Sánchez concluye su carta animando a los presidentes a estudiar sus propuestas para poder debatirlas «»de forma serena y constructiva este viernes» y lograr «llegar a un acuerdo antes de verano».