Sánchez promete a la ONU despenalizar el delito de injurias al Rey en un examen sobre derechos humanos

En paralelo a la presión a la que está sometiendo a Felipe VI para que rompa definitivamente con su padre sin que pese aún sobre Juan Carlos I ninguna imputación formal, el Gobierno de Pedro Sánchez no da puntada sin hilo. El pasado viernes se comprometió con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a revisar el delito de injurias contra la Corona como medida para mejorar la situación de las garantías fundamentales en España.

Sánchez ha agradecido públicamente a Felipe VI que marque distancias con su progenitor, después de que en marzo le retiró la asignación pública y renunció a cualquier herencia que pudiera corresponderle de sus cuentas en el extranjero. Sin embargo, el Gobierno desea decisiones más drásticas. Y mientras llegan, el líder socialista no cesa en su estrategia de seguir minando a la institución de la Corona, con independencia de quien la encarne.

España ha aceptado 252 de las 275 recomendaciones recibidas por parte de 110 Estados tras someterse al Examen Periódico Universal, un procedimiento del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que evalúa cada cinco años los progresos en materia de libertades de cada uno de las 193 naciones que forman parte de él.

En el aparatado del Examen Periódico Universal relacionado con los derechos civiles y políticos, el Gobierno de España aceptó la recomendación de Bélgica que pedía «garantizar la libertad de expresión y de opinión mediante una reforma del Código Penal para que los delitos tipificados en él se ajusten a las definiciones reconocidas internacionalmente», y se comprometió a emprender «una revisión de los delitos de injurias a la Corona y delitos contra sentimientos religiosos recogidos en el Código Penal».

Son precisamente los delitos sobre los que también Canadá solicitó una revisión en otra de las recomendaciones aceptadas por el Gobierno de Sánchez.

El artículo 491 del Código Penal establece que quien calumniare o injuriare al Rey, a la Reina o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo son.

Connivencia PSOE-Podemos

La despenalización del delito de injurias a la Corona es una reivindicación que tanto el PSOE como Podemos, socios del Gobierno, vienen defendiendo desde hace años. Los socialistas ya apoyaron en octubre del año pasado una iniciativa de Podemos en el Congreso en la que se pedía suprimir o modificar el delito de injurias a la Corona, el ultraje a España y sus símbolos y las ofensas a los sentimientos religiosos.

Esa proposición de ley, que inició su tramitación parlamentaria, abría la puerta a despenalizar la quema de la bandera nacional o incluso la apología del terrorismo, en canciones o redes sociales, así como los chistes sobre víctimas de ETA. Los de Iglesias consideran que esos delitos son «medievales» y proponen «acabar con la criminalización de la libertad de expresión y de opinión, tanto en la calle como en Internet». Desde el PSOE se considera necesario acabar con lo que consideran una «hiperregulación legislativa», sacando esos delitos del «derecho penal».

De hecho, el acuerdo para los Presupuestos del Estado, firmado en octubre de 2018 entre las formaciones de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, recogía expresamente la modificación de los artículos del Código Penal que regulan los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos y las injurias a la Corona. En dicho texto se destacaba que España es una «democracia madura» que «demanda poder discutir y cuestionar libremente lo que estime conveniente dentro del marco constitucional y del derecho internacional». El documento proponía también derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, por considerarla un «retroceso» en los derechos a la libertad de expresión, reunión e información.

El pasado mes de abril, en plena pandemia del coronavirus, ERC y EH Bildu, dos de los socios sobre los que Pedro Sánchez está construyendo la legislatura, presentaron una proposición no de ley para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España. Según los golpistas catalanes y los proetarras, «el Estado español debe superar estas censuras que tipifican como delitos la quema de banderas o la injuria a la Corona desde un concepto de sacralización de la imagen del rey y de su familia».