Sánchez ofrece pagar el coste del catalán en la UE para cumplir la promesa a Junts que los 27 rechazan

Ya le empieza a salir cara a Pedro Sánchez la promesa que realizó a los independentistas de incluir el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales en la Unión Europea. Con tal de cumplir con la condición que le puso Carles Puigdemont para hacer a Francina Armengol presidenta del Congreso, el presidente del Gobierno se ha ofrecido a pagar, con el dinero de todos los españoles, el coste de la entrada de estas tres lenguas en los idiomas oficiales de Bruselas. Los países miembro, cada vez con más dudas sobre la implementación de la medida, han solicitado más tiempo para estudiar el impacto económico y político de la propuesta. Esta petición diluye las opciones de acuerdo durante el pleno del próximo martes, día en el que los diferentes ministros discutirán la propuesta en la Eurocámara.

Durante los preparativos del citado pleno del próximo martes, la mayoría de países han expresado su apoyo al multilingüismo como puente para conectar con los ciudadanos pero también han planteado muchas «dudas» respecto al impacto de la medida tanto en el funcionamiento de la UE como en las arcas comunitarias. Por ello, el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez al frente de la presidencia de turno del Consejo de la UE, se ha mostrado dispuesto a correr con los gastos que suponga para los presupuestos comunitarios la aplicación del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones europeas.

Donde sí hay acuerdo entre los Estados miembro es en detectar las prisas de Sánchez. Éstos aseguran no compartir el «sentido de urgencia» que traslada España a sus socios. Ven prematuro tomar ningún tipo de decisión si no se han examinado a fondo cuestiones sobre las que el Gobierno no ha presentado aún detalles, como por ejemplo cuál sería el coste estimado de sumar estas tres lenguas cooficiales a las 24 ya reconocidas en la UE o cómo prevé cubrir el número de traductores e intérpretes que serían necesarios.

También frena las opciones de acuerdo el temor entre varias delegaciones del encaje legal en los Tratados. España, por su parte, defiende que la oficialidad de estas lenguas está reconocido por su Constitución y expone su introducción en el Congreso de los Diputados; así como el posible «efecto dominó» que podría generar en otros Estados miembro que se abriera la puerta a lenguas regionales.

«No sin informes». Ante el incremento de las dudas, los socios europeos solicitan el aval jurídico del Consejo y evaluaciones de impacto detalladas sobre los aspectos financieros y administrativos si se cambiara el reglamento, lo que hace casi imposible que el martes se tome una decisión. Se trata de una batería de documentos que requieren su tiempo de elaboración. Por eso, varias delegaciones han dejado claro que quieren que todo ello sea examinado y discutido «en detalle a nivel técnico», es decir, en grupos de trabajo en los que abordar la reflexión más a largo plazo, y que consideran que «es muy pronto para tomar una decisión».

Aumento de indecisos

El pasado miércoles, Suecia fue el primer Estado en mostrarse públicamente indeciso al pedir examinar «más a fondo cuáles son las consecuencias jurídicas y financieras de la propuesta». Este viernes ha sido Finlandia quien ha advertido de que el uso del catalán, el euskera y el gallego en la UE puede ralentizar la toma de decisiones en el ámbito comunitario y retrasar la entrada en vigor de futuras normativas.

Para países como Bélgica o Países Bajos es complicado tomar una decisión sin tener sobre la mesa evaluaciones de impacto o detalles sobre como «articular» la entrada de tres nuevas lenguas y una reflexión sobre el modo en que ello afectará al funcionamiento de la Unión Europea.

Mientras, para otros países como Francia, en donde el reconocimiento de las lenguas regionales es un asunto delicado, las reservas van más allá de los elementos técnicos. Hasta el momento, ningún Estado miembro ha tomado posición en contra de la propuesta española y algunos se han mostrado receptivos desde el primer momento, pero la decisión requiere el apoyo unánime y son varios los que piden estudiar con más cautela el proceso.