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INMIGRACIÓN

Sánchez facilitará a Junts saber cuántos agentes del CNI hay en Cataluña, un dato que pide desde el 1-O

Junts, la formación que lidera Carles Puigdemont y cuyo apoyo fue esencial para que Pedro Sánchez lograse sacar adelante su investidura como presidente del Gobierno, lleva años intentando obtener del Congreso de los Diputados datos sensibles sobre el funcionamiento del Centro Nacional de Inteligencia. Meses antes de la consulta del 1-O, con los preparativos ya en marcha, la diputada Míriam Nogueras exigió saber el «número de efectivos» que el CNI tenía destinados en Cataluña. Esa, y otras preguntas similares, quedaron sin respuesta al no realizarse por el cauce requerido: la comisión de secretos oficiales. Ahora, con Sánchez abriéndoles la puerta de esa comisión, el separatismo podrá acceder a ello. La realidad es que ya casi no quedan agentes: el Gobierno los retiró en la pasada legislatura.

El 23 de noviembre de 2016, la diputada de Junts (entonces PDeCAT) registró en el Congreso de los Diputados la pregunta 184/004507, con la que solicitaba conocer por parte del Gobierno (entonces de Mariano Rajoy) el «número de efectivos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) destinados en Cataluña». No era un momento cualquiera: el separatismo ya había iniciado la recta final de su carrera del procés, que culminaría menos de un año después con el 1-O. Un hito para el independentismo que el CNI vigiló de cerca.

En aquel momento, la petición de Nogueras cayó en saco roto: «Inadmitido a trámite en términos absolutos» fue la respuesta. El Gobierno alegó que aquellos datos eran información reservada que afectaba al funcionamiento interno y objetivos del CNI, y que tan sólo podrían plantearse a través de la Comisión de Gastos Reservados. La conocida como comisión de secretos oficiales en la que el CNI, a puerta cerrada, ofrece este tipo de datos a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios con asiento en dicho órgano. Y desde 2022, allí se sienta Bildu, ERC o Junts. El PSOE, de hecho, acaba de ser definitivo para renovarles de cara a esta legislatura.

De esa forma, el Gobierno ha puesto en bandeja de los grupos parlamentarios de corte separatista el acceso a las peticiones de información sobre el funcionamiento del CNI. Ahora esa pregunta podrá ser formulada y, en caso de que no sea contestada, los grupos como Junts podrán presentar una queja.

Aquella no fue la única pregunta que presentaron los de Puigdemont en el Congreso al respecto del CNI. Hubo muchas otras, desde algunas relacionadas con presuntos seguimientos al ex presidente catalán hasta otras de funcionamiento interno, como la que hicieron sobre la fiabilidad de los test psicológicos a los que someten a los espías españoles:

Ahora, con Junts con asiento en la comisión del CNI, todas esas preguntas y más podrán ser planteadas en las reuniones semestrales de esta comisión. Ocho previstas para la legislatura. Lo que ahí se hable debería ser secreto. Algo que dudan en el CNI.

El juez de Pegasus

No es el único frente abierto para los espías españoles. El juez que investiga el caso Pegasus, Santiago García, ha exigido al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que desvele qué agentes compraron a Israel el software espía que presuntamente habría intervenido el teléfono móvil del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés. El juez ha pedido que el organismo dependiente del Ministerio de Defensa desvele la identidad y la localización de las personas vinculadas a la comercialización y gestión técnica de Pegasus. Se trata de una de las demandas de información más sensibles sobre la desclasificación de documentos que ha ordenado el juez sobre los presuntos espionajes del Gobierno.

El Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona ha admitido a trámite la querella interpuesta por el independentista Pere Aragonés en la que asegura que su móvil fue espiado en 2020 por el Ejecutivo. El juez apreció en el escrito de Aragonés la posible existencia de infracciones penales como la interceptación ilegal de comunicaciones o espionaje informático que habría cometido el Gobierno de Pedro Sánchez. Con el objetivo de investigar estos hechos, el juez ha practicado las primeras diligencias que consisten en recabar toda la información posible sobre los supuestos pinchazos telefónicos.

Esta empresa se ha acogido a las subvenciones del Gobierno de España cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para las regiones ultraperiféricas para el transporte de mercancías en Canarias. ”Una manera de hacer Europa”