Sánchez encarga a Seguridad Nacional las «actuaciones necesarias» para evitar OPAs hostiles a las empresas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha implicado al departamento de Seguridad Nacional de La Moncloa en la lucha contra las OPAs hostiles. Quiere que desarrolle las “actuaciones necesarias” en defensa “de la autonomía estratégica de España”.
El informe, al que ha tenido acceso OKDIARIO, recoge como uno de los retos de Seguridad Nacional la defensa de las empresas españolas frente a adquisiciones de compañías extranjeras que puedan desestabilizar sectores estratégicos.
El documento hace una descripción de la situación económica española y asegura que los efectos de esta crisis “son tan significativos que podrían llegar a contagiar el sistema financiero”. Es más, “si bien esta crisis –a diferencia de la de 2008–, no es de naturaleza bancaria, en función de su duración y profundidad podrían agravarse sus consecuencias”. Por ello, el departamento de Moncloa centrado en la Seguridad Nacional destaca que “es imprescindible evitar que la actual crisis de liquidez transite a una de solvencia. La crisis ha afectado especialmente a la situación en el mercado de muchas empresas de los sectores estratégicos” y “su baja capitalización bursátil incrementa el riesgo de adquisiciones hostiles u otras acciones de desestabilización”.
Por todo ello, el informe destaca que cuenta con el encargo “fundamental” de “llevar a cabo las actuaciones necesarias para su protección, en defensa de la autonomía estratégica de España”. La implicación de este departamento en cuestiones económicas, de hecho, se confirma a lo largo de todo el informe anual de Seguridad Nacional.
«Paro y precariedad»
El texto del documento aclara que “el impacto negativo de la crisis sanitaria agravará algunos de los importantes desequilibrios que lastran la economía española desde hace décadas, como es el alto desempleo de carácter estructural, con especial incidencia sobre los jóvenes, y una marcada precariedad laboral, que ahonda en las fuertes y crecientes desigualdades sociales”. Por ello, “el tradicional reto de la economía española de disminuir el desempleo, especialmente el juvenil, adquiere ahora una mayor trascendencia”. En este contexto, Seguridad Nacional admite su implicación en “conseguir una pronta recuperación con la finalidad de mantener la cohesión social y reforzar la economía del país, haciéndola más sostenible. En este sentido, uno de los retos es abordar un nuevo paradigma fiscal que englobe, por un lado, la nueva fiscalidad del siglo XXI, acorde a la realidad económica, ambiental, tecnológica y social, más justa y redistributiva, y, por otro lado, una garantía de un gasto público más eficiente, ambientalmente sostenible y transparente, a través de unos presupuestos y una estrategia de contratación pública adecuados a la nueva situación”.
Porque, según el documento, “es necesario asegurar, a través de estos instrumentos, que los recursos públicos se distribuyen con criterios de equidad, con un análisis previo de las necesidades, y una adecuada rendición posterior de cuentas, y que los beneficios del crecimiento económico redundan en igualdad y prosperidad a través de un Estado del bienestar fuerte, de unos servicios públicos excelentes, que permitan reducir la brecha social existente y promuevan la cohesión territorial”.
Plan de recuperación
El informe de Seguridad Nacional celebra, además, la aprobación “en 2020 del Plan de Recuperación para Europa, que ha supuesto un hito en el proceso de integración que constituye la UE. Entre sus pilares, destaca el Next Generation EU, vinculado al Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y al cumplimiento de los objetivos de la agenda europea, esto es, lucha contra el cambio climático, digitalización, empleo y economía sostenible”. Y señala que España ha de continuar con su presencia activa, impulsando las iniciativas europeas en este ámbito.
El hito alcanzado el pasado 21 de julio, con un acuerdo histórico en el Consejo Europeo, supone la movilización de 750.000 millones de euros, financiados mediante la emisión de deuda comunitaria, que junto a los 1.074 billones del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 permitirá abordar un volumen sin precedentes de inversiones en los próximos años con una especial atención a la promoción de las agendas verde y digital. Asimismo, las instituciones europeas están manteniendo un alto grado de actividad en el diseño e implementación de otras políticas esenciales para la recuperación. El refuerzo de la participación de España en estos ámbitos, como cuarta economía de la Eurozona, se revela clave en la protección y promoción de la seguridad económica y de los intereses nacionales”.
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