España

Rebelión en la Fiscalía: llevarán al Supremo los beneficios penitenciarios a los golpistas del 1-O

La ex ministra de Justicia Dolores Delgado llega a la Fiscalía con órdenes políticas. Una de ellas, la de materializar el punto del acuerdo de investidura entre el PSOE y ERC que prevé “desjudicializar” los casos en los que se encuentran inmersos o ya condenados los presos golpistas, miembros de los CDR, o el resto de separatistas procesados por delitos. Pero los fiscales han empezado a rebelarse frente a esos deseos. Los mensajes no dejan de llegar a la cúpula fiscal y el más claro se refiere directamente a los beneficios penitenciarios a los golpistas. Un amplio sector de fiscales recurrirá hasta llegar al Tribunal Supremo las medidas penitenciarias de gracia carentes de justificación jurídica y cuya única motivación responda al deseo de satisfacer políticamente a ERC.

La Fiscalía ya ha recurrido la aplicación de estos beneficios al ex consejero Joaquim Forn condenado por el 1-O. El Ministerio Público ha presentado un recurso contra la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario al ex consejero del Interior, tras habérsele permitido salir de prisión entre semana con un permiso de trabajo.

La respuesta ha sido la misma que la adoptada por la Fiscalía en el caso de Jordi Sànchez. Pero en esta ocasión, ha sido acompañada de un rotundo mensaje: el Ministerio Público está dispuesto a elevar la cuestión al Supremo si la Generalitat mantiene el actual criterio de justificación arbitraria del 100.2.

Hay que recordar que la competencia penitenciaria está transferida a la Generalitat catalana y, por lo tanto, son ellos los encargados de supervisar esta aplicación. Pero, pese a ello, la Fiscalía tiene la potestad de recurrir en aplicación de la ley y de invocar la postura final del tribunal juzgador: en este caso, el Supremo.

Criterio de la Fiscalía

El escrito de la Fiscalía señala que los presos clasificados en segundo grado no tienen capacidad de hacer vida en semilibertad, por lo que parece evidente que una aplicación abusiva y continuada del 100.2, en el caso de los presos golpistas, tan sólo puede responder a la decisión política de excarcelar irregularmente a los condenados.

Pero no se trata sólo de un posicionamiento jurídico de los fiscales responsables de cada caso. En la mayoritaria Asociación de Fiscales son muchos ya los casos en los que se ha elevado el mensaje de que son plenamente conscientes de las presiones que se han practicado con respecto a los juicios por causas relacionadas con el separatismo. Y más conscientes aún de las presiones que han de llegar con Dolores Delgado como fiscal general. Y no están dispuestos a aceptar una utilización política del Ministerio Fiscal.

Saben que la gran batalla estará en los posicionamientos de los jueces de vigilancia penitenciaria. Ellos son los decisivos a la hora de poner en la calle a un preso o de favorecer su estancia en prisión argumentando que su comportamiento es excepcional, que se ha readaptado, que carece de peligrosidad, que necesita contacto con otras personas para evitar un daño excesivo al preso o cualquier otro argumento. Y que, bajo presión de la Generalitat, sus decisiones pueden ser usadas para acelerar la excarcelación de los golpistas del 1-O.

Las competencias penitenciarias mayoritarias están en Cataluña en manos del Departamento de Justicia desde 1984. Pero no así los jueces de vigilancia penitenciaria, que siguen dependiendo de la Administración española. Esa faceta común hace que los presos tengan un tratamiento similar en toda España. Y eso es precisamente lo que quieren romper los partidos golpistas. Lo que han pedido oficialmente al Gobierno. Pero hasta que llegue una nueva cesión que pueda dar poder a la Generalitat sobre lo que ahora es competencia del Poder Judicial, los fiscales son conscientes de que el partido se jugará a base de presiones. Y ahí el freno legal del Ministerio Público puede ser decisivo.