Se quiebra la separación de poderes: Jueces para la Democracia «apoya» el gobierno de Sánchez e Iglesias

La asociación Jueces para la Democracia celebra el acuerdo alcanzado este martes entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Los magistrados de esta asociación de izquierdas añaden en una breve nota que «apoyan» la conformación de un gobierno «que sume las fuerzas progresistas y que opte por las políticas favorecedoras de la igualdad y la garantía de los derechos y libertades».

Esta declaración de intenciones de esta asociación judicial de izquierdas contrasta con la neutralidad de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) –mayoritaria en el Poder Judicial– que no ha hecho ninguna valoración sobre el acuerdo de gobierno entre socialistas y comunistas.

Juezas y Jueces para la Democracia apoya la conformación de un gobierno que sume las fuerzas progresistas y que opte por políticas favorecedoras de la igualdad y la garantía de los derechos y libertades.

La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria ha respondido al tuit de sus compañeros defendiendo la separación de poderes que debe imponerse entre el poder Ejecutivo y el Judicial. «En AJFV cada juez individual querrá un gobierno. Ignoramos cuál y, además, no nos importa», comienzan aclarando en su mensaje a Jueces para la Democracia. «Porque AJFV es una asociación apolítica cuya única ideología es la defensa de los valores constitucionales, la separación de poderes y la independencia judicial», concluye el tuit.

No es la primera vez que Jueces para la Democracia deja entrever sus preferencias políticas. En agosto del pasado año se desató la polémica entre las asociaciones de jueces al no firmar las dos principales asociaciones de izquierdas un comunicado en defensa del juez Pablo Llarena, instructor de la causa del 1-O en el Tribunal Supremo.

El comunicado, elaborado inicialmente por la asociación mayoritaria —Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que pertenece el juez Llarena— fue firmado también por las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente y por las de fiscales Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

El informe elaborado por la Abogacía del Estado sobre la forma de actuar ante la demanda civil en Bélgica contra Llarena, defendía que concurrían los requisitos para que España se personase en dicho procedimiento sin los reparos añadidos por el Ministerio de Justicia, que condicionó dicha personación a los términos en los que resultase admitida la demanda.

El Ministerio de Dolores Delgado anunció que los Servicios Jurídicos del Estado defenderían la soberanía de la jurisdicción de los tribunales españoles ante la Justicia belga pero que «en ningún caso» ello debía entenderse como una defensa personal del magistrado del alto tribunal por «actos privados que se le atribuyen» en la demanda, que fue promovida por el fugado ex president de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus también huidos ex consejeros.

El  Gobierno dijo que actuaría «en la medida proporcional y adecuada» para proteger la inmunidad jurisdiccional del Reino de España, lo que se interpretó desde diversos ámbitos jurídicos —entre los que figuran los compañeros de Llarena en la Asociación Profesional de la Magistratura (APM)— como «el desconocimiento absoluto de los trámites procesales o peor aún, desde el propósito de no hacer nada», según manifestó la asociación mayoritaria de jueces en un comunicado.

Jueces para la Democracia no firmó aquel comunicado en defensa de Llarena, dejando claro que su postura estaba al lado del Gobierno socialista.