Por qué hay que botar a Pedro Sánchez, quedan 31 días: fin al delito de sedición

• Patricia Rodríguez @prodriguezg
• Directora adjunta en OKDIARIO.
• • 29/10/2026 09:10
  • Actualizado: 29/10/2026 09:10

El 12 de enero de 2023 entró en vigor una de las reformas más controvertidas del Código Penal impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez: la eliminación del delito de sedición. La modificación, promovida por el PSOE y Unidas Podemos con el respaldo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), suprimió el delito por el que habían sido condenados varios de los principales responsables del procés independentista de 2017.

La reforma, aprobada definitivamente por el Senado el 22 de diciembre de 2022 con 140 votos a favor, 118 en contra y tres abstenciones, sustituyó la sedición por una nueva regulación de los desórdenes públicos agravados. El cambio redujo de 15 a cinco años la pena máxima de prisión contemplada para las conductas correspondientes, aunque los requisitos de ambos delitos no eran equivalentes. La norma también modificó el delito de malversación.

Sánchez defendió entonces que la reforma permitiría homologar la legislación española a la de otros países europeos y contribuiría a mejorar la convivencia en Cataluña. Sin embargo, el PP denunció que suponía una cesión a los partidos independentistas que sostenían parlamentariamente al Ejecutivo.

La contradicción política también quedó reflejada en las declaraciones del presidente. En 2019, Sánchez había prometido traer de vuelta a Carles Puigdemont para que rindiera cuentas ante la Justicia española. Tres años después, su Gobierno promovió la desaparición de uno de los delitos por los que estaba procesado.

Las consecuencias judiciales fueron inmediatas. El mismo 12 de enero, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena retiró la imputación por sedición contra Puigdemont, aunque mantuvo las de malversación y desobediencia. El instructor advirtió de que la nueva legislación generaba un contexto «cercano a la despenalización» de parte de los hechos investigados.

La advertencia se reforzó el 13 de febrero de 2023, cuando el Tribunal Supremo señaló que la reforma dejaba sin castigo penal específico los procesos secesionistas que no fueran acompañados de violencia o intimidación. Además, declaró extinguidas las penas de inhabilitación que todavía cumplían Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Josep Rull y Joaquim Forn.

El alto tribunal mantuvo entonces las inhabilitaciones de Oriol Junqueras y otros tres exconsejeros por malversación. Sin embargo, el 20 de octubre de 2026, el Supremo también dejó sin efecto esas penas al aplicar la posterior Ley de Amnistía, una medida distinta de la reforma de la sedición.

La eliminación de este delito abrió así un profundo debate jurídico y político sobre la respuesta penal del Estado frente a los intentos de secesión y sobre las consecuencias de los acuerdos del Gobierno con el independentismo catalán.