Puigdemont pide amparo al Constitucional para que Llarena retire la orden de detenerle

Puigdemont ha pedido al Constitucional que suspenda de manera «inmediata» la decisión del magistrado del Supremo, en instructor del juicio del ‘procés’, Pablo Llarena, que mantienen vivas las órdenes de detención que pesan sobre él, una vez han sido reconocidos como diputados del Parlamento Europeo.

En el escrito registrado ante el Tribunal de Garantías por el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, se pide amparo ante la decisión del juez Llarena -avalada por la Sala de lo Penal del Alto Tribunal- y se solicita que se aplique una medida cautelarísima  para anular las euroórdenes que todavía pesan sobre él, ya que se trata de una posición «arbitraria» y no hacerlo supondría la indefensión de sus representados.

Boye trata de evitar que -una vez ambos líderes separatistas han renunciado a sus actas como diputados en el Parlament catalán- Puidemont y Comín puedan ser detenidos, «mientras se tramita este recurso de amparo, por unas órdenes nacionales de búsqueda, detención e ingreso en prisión que no han sido autorizadas» por la Eurocámara.

La institución declaraba la condición de parlamentarios de ambos esta misma semana, al hilo de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que reconoció la inmunidad del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras en respuesta a la consulta planteada por el Tribunal Supremo español sobre la materia.

El recurso de amparo se ha interpuesto en contra de la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, que ratificó al magistrado Llarena en sus argumentos para mantener la orden de detención nacional que pesa sobre Puigdemont y Comín. Una situación que impidió a ambos comparecer el pasado mes de mayo ante la Junta Electoral Central para tramitar sus actas.

Mirando a Estrasburgo

La defensa de los prófugos Puigdemont y Comín mantiene su estrategia judicial dilatoria para ganar tiempo y permitir que ninguna decisión judicial o administrativa interfiera en la asistencia de ambos a la constitución de la Cámara parlamentaria europea, el próximo lunes 13, en Bruselas.

Boye asegura que es «absolutamente arbitrario e irrazonable» mantener vivas la órdenes de detención porque hacerlo vulnera varios de los derechos fundamentales de los líderes separatistas. En el escrito presentado ante el Constitucional recuerda al tribunal que después de la decisión del TJUE sobre la inmunidad de Junqueras, el Parlamento Europeo acordaba acreditar provisionalmente a los catalanes «a los efectos de iniciar los trámites pertinentes para tomar posesión de sus escaños».

Jurisprudencia

No existe, sin embargo, ningún precedente de pronunciamiento constitucional sobre el tema. Hasta la fecha no se había dado el caso de que el Tribunal de Garantías tuviese que analizar ningún caso en el que cargos electos lo hubiesen sido mientras se encontraban en prisión provisional por hechos juzgados anteriores a su elección.

Caso contrario es el del Tribunal Supremo que sí ha decidido sobre situaciones similares: Ángel Alcalde Linares, en 1989, que se encontraba en prisión preventiva cuando fue elegido diputado; y, José María Ruiz-Mateos, quien en el momento de su proclamación como diputado al Parlamento Europeo estaba siendo juzgado.

En ambos casos «se levantaron las medidas privativas de libertad que pesaban contra ellos» si bien la decisión fue del Parlamento. Aunque correspondió al Supremo cursar la petición de suplicatorio a la Eurocámara.