Puig y Oltra se saltan la ley con «programas en prueba» para eliminar el español en los colegios

El cerco al español en la Educación pública por parte del Gobierno de la Comunidad Valenciana no cesa. El Ejecutivo que presiden el socialista Ximo Puig y la pancatalanista Mónica Oltra está utilizando «programas experimentales»como subterfugio para burlar la Ley del Plurilingüismo aprobada el pasado febrero y que establece la obligatoriedad de un mínimo de un 25 % de castellano. A través de este mecanismo, en este curso 2018/2019 un gran número de colegios ofrecerán un 0 % de horas lectivas en español.

La ley 4/2018, que sustituyó al decreto de plurilingüismo de 2017 diseñado por la Consejería de Educación que dirige el nacionalista Vicent Marzà y fue tumbado después por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por discriminar el castellano, establece que los contenidos curriculares se repartan en tres lenguas: castellano, valenciano e inglés. Con los siguientes porcentajes: un mínimo del 25% de las clases en valenciano, otro 25% en castellano, y entre el 15% y el 25% para el inglés.

Pero en su artículo 8 recoge la figura de los «Programas experimentales». La Consejería de Educación podrá autorizar programas plurilingües experimentales innovadores siempre que cumplan o superen los objetivos establecidos en esta ley». Algo que se incumple en centros públicos en los que el próximo curso se impartirá Educación en los niveles de Infantil y Primaria con un 90 % en valenciano, un 10 5 y un 0 % en castellano.

De este modo, la Consejería de Educación permite, no sólo que se prolongue una situación de hecho que vulnera la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (que ha reconocido expresamente el derecho de los padres a la libre elección de la lengua sin que pueda éste “ser sustituido ni por la Administración ni por el Consejo Escolar ni por las Asociaciones de Padres”), sino que con la figura de estos programas en prueba, da vía libre a que los colegios establezcan sus Proyectos Lingüísticos de Centro (PLC) erradicando el español.

Un ejemplo es el CEIP Joan XXIII, en Catarroja (Valencia), en el que se dispone para el curso 2018/19 un 91 % de valenciano, un 10 % en inglés y un 0 % en la lengua oficial de todos los españoles. Y sobre la que el valenciano no tiene preferencia como lengua cooficial (eje central de la política lingüística del PSPV-PSOE y Compromís que la sitúan como «lengua destacada»), tal y como rechazó el TSJCV el pasado julio.

El recurso a estos programas experimentales que anulan de facto el 25 % mínimo de enseñanza en castellano ha sido objeto de denuncia en el Paramento Europeo. El eurodiputado Enrique Calvet, de la Alianza de Demócratas y Liberales por Europa (ALDE), ha dirigido una carta al Defensor del Pueblo denunciando el «uso en fraude de ley» con el objetivo de «excluir el aprendizaje en español».

Una lengua que, recuerda el eurodiputado liberal, es la «única oficial y comunitaria» de España. El organismo que preside Francisco Fernández Marugán se ha comprometido a investigar por qué el ‘Govern’ no contempla el uso del castellano como lengua vehicular.