Puig incide en la «emergencia climática y los servicios públicos» en el segundo pacto del Botánico

El segundo pacto del Botànic que han firmado el PSPV-PSOEV, Compromís y Unides Podem, casi sobre la bocina, quiere hacer un énfasis especial en la lucha contra la llamada emergencia climática, en la apuesta por mejorar los servicios públicos de sanidad, educación o dependencia, y en las medidas para un «empleo digno» y combatir el fraude.

En el prólogo del documento, de 22 páginas y 132 medidas, los firmantes se comprometen a «profundizar las políticas del primer Botànic» con este nuevo pacto, «un compromiso renovado para sacar adelante políticas de transformación hacia una sociedad más sostenible, inclusiva e igualitaria».

Explican que se trata de «un punto de partida» con objetivos que las tres formaciones se comprometen a impulsar desde sus representantes en las instituciones valencianas y también en Madrid. Además, detallan que tendrán que ser priorizados en el reparto presupuestario y subrayan que este es «un único gobierno» y aluden a la «lealtad y cooperación entre las diferentes consellerias y en Les Corts».

En el primer eje, ‘Transición ecológica y lucha contra la emergencia climática’, hay 12 medidas que incluyen una ley de cambio climático con una nueva agencia, un centro de contaminación atmosférica y un plan por los bosques valencianos, junto a un programa de prevención de incendios y estrategias del agua y la biodiversidad.

También una nueva ley de bienestar animal para llegar al «sacrificio cero», negociar la incorporación de la red de transporte público estatal a la autonómica y un modelo territorial que camine hacia «un futuro sostenible que no sea depredador del medio ni especule con el suelo», con la extensión de la red de fibra óptica a toda la Comunitat.

En el segundo, ‘Feminismo, diversidad e igualdad de trato’, entre las 13 medidas están incluir en el Pacto Valenciano contra la Violencia Machista un capítulo sobre trata y explotación sexual de mujeres y niñas y garantizar que abogados del turno de oficio ofrezcan servicio exclusivo a víctimas y tratamiento psicológico gratuito a ellas y a sus hijos, además de reservarles al menos un 10% de la oferta de vivienda pública.

Esto iría de la mano de una nueva ley basada en la redistribución y en la lucha contra brecha salarial, con «políticas vinculadas a las masculinidades igualitarias», un refuerzo de la transversalidad de las políticas feministas. También una ley de diversidad familiar y un currículum coeducativo y libre de sesgos.

Servicios públicos, el punto más largo

El tercer eje, ‘Servicios Públicos para continuar rescatando y cuidando de las personas’ es el más extenso de todos, con 42 medidas que inciden tanto en dependencia como en sanidad, educación, cultura e investigación.

Entre estos acuerdos están reducir los tiempos de resolución de prestaciones, crear la figura de asistente personal para niños dependientes, garantizar fondos a entidades del tercer sector concertadas, un pacto por los mayores, reducir la pobreza infantil, un plan de barrios inclusivos, un estatuto de familias acogedoras.

En sanidad, uno de los ámbitos con más medidas contempladas, el Botànic II prevé un plan de infraestructuras, ampliar plantillas y reducir las listas de espera, junto a una oficina de control de retrasos. También continuar en la eliminación del copago y trabajar por la recuperación de los servicios públicos privatizados al término de las concesiones.

Y en educación y cultura, que en 2023 «todos los niños de 2 años tengan plaza gratuita», bajar la ratio en todos los niveles, auxiliares de inglés nativos en todos los centros, un nuevo plan de financiación para universidades, un programa de rehabilitación patrimonial, un estatuto de los músicosy crear el museo del diseño valenciano.

El cuarto eje versa sobre ‘Empleo, modelo productivo e innovación’ y tiene 39 medidas que comienzan con el compromiso de elaborar una Ley Valenciana de Empleo. Además, plantea un Plan de Garantía Social y Empleo Digno, hace énfasis en el impulso de la FP ajustada a las necesidades de la nueva economía, habla de un Plan Estratégico de la Industria Valenciana y contempla novedades legales para el sector agrario y ganadero.

Se pone sobre el papel la voluntad de trabajar para recuperar a la gestión pública directa las ITV para rebajar las tarifas, se reafirma el IVF como banco público promocional de la Generalitat y aborda el turismo, sin la tasa turística, abogando por un pacto por la sostenibilidad social, ambiental y laboral o el aumento de la inspección y lucha contra los apartamentos turísticos ilegales, entre otros aspectos.

Reformar la Ley Electoral

El quinto eje, ‘Calidad democrática y buen gobierno’, plantea 16 objetivos, entre ellos la reforma de la Ley Electoral Valenciana para eliminar la barrera del 5% o la reforma del Estatuto para ampliar el reconocimiento de derechos, en especial «sociales y de la naturaleza», que blinde competencias ya ejercidas e «incorpore nuevas».

Un nuevo banco de ADN de la Generalitat para identificar a víctimas de la dictadura y bebés robados, la apuesta por recuperar los cuerpos de represaliados del franquismo figuran también junto a iniciativas como una nueva Ley de Función Pública o una Ley de Comarcalización Valenciana.

El sexto y último eje, titulado ‘Fiscalidad progresiva, financiación justa e intereses valencianos’, incluye 10 medidas, apostando por la consolidación de la reforma tributaria y beneficios fiscales para iniciativas sociales y empresariales que se establezcan en comarcas del interior con riesgo de despoblación.

Asimismo, se resumen las reivindicaciones al Gobierno central: una reforma calendarizada de la financiación, la regularización de la deuda histórica y medidas compensatorias mientras tanto; inversiones justas, la gratuidad total de la AP7, el Corredor Mediterráneo, las aportaciones al transporte metropolitano, el traspaso a la de las competencias de Cercanías, la financiación del 50% de la dependencia, y la negociación con el Estado del pago de la deuda por la atención sanitaria a desplazados.

También se pide la reintegración del derecho foral valenciano y la modificación de la normativa estatal para que las comunidades puedan regular su organización territorial interna con un modelo propio que permita sustituir las diputaciones por otras corporaciones representativas.