El PSOE gallego renueva como presidenta a la senadora del chaletazo que vulnera la Ley de Costas

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Información política, PP, Congreso y Senado
• • 10/03/2025 06:49
  • Actualizado: 10/03/2025 11:29

El PSOE de Galicia ha renovado en el cargo de presidenta a la senadora Carmela Silva, señalada por el chaletazo en el que vive en la isla privada de Toralla (Vigo) y que vulnera la Ley de Costas, tal y como ha publicado OKDIARIO. La Ejecutiva que acompañará a José Ramón Gómez Besteiro al frente del PSOE gallego -con Silva repitiendo como presidenta del partido- salió elegida este domingo con un 93% de los votos emitidos por los delegados del XV Congreso de los socialistas de esta comunidad, que fue clausurado por el propio Pedro Sánchez.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, que se desplazó en jet privado desde Madrid hasta este cónclave celebrado en Santiago de Compostela, saludó y respaldó a Silva durante el acto. En cambio, la número dos del PP gallego, Paula Prado, señaló que «mal empieza» el PSOE gallego esta nueva etapa tras volver a nombrar como presidenta a Carmela Silva Rego, «una persona acorralada por la corrupción», enfatizó.

«Le deseo lo mejor al señor José Ramón Gómez Besteiro, pero mal empieza cuando nombra como presidenta de su partido a una persona acorralada por la corrupción, al igual que está el Gobierno de Pedro Sánchez», declaró la secretaria general del PP gallego antes de participar en la XLII Festa da Filloa de Lestedo.

Y es que Silva, mano derecha además de Abel Caballero en el Ayuntamiento de Vigo, se ha visto salpicada por se ha visto salpicada en los últimos años por el enchufe de familiares (al menos, una cuñada y dos sobrinas) en instituciones gallegas, hasta el punto de que un funcionario acabó siendo encarcelado por corrupción.

En el conocido como Caso Cuñada, la Audiencia de Pontevedra condenó en febrero de 2019 a Francisco Javier Gutiérrez Orúe a cinco años y tres meses de prisión por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro continuado de malversación de caudales públicos, en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil. El tribunal consideró probado que Orúe fue el responsable de una red de facturas falsas que permitió el enchufe de la cuñada de la presidenta del PSOE gallego, Vanesa Falque, en una contrata municipal de Vigo.

Tras pedir un indulto parcial y gracias a rebaja del delito de malversación que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez, la Audiencia recalculó su pena para fijarla definitivamente en cinco años de prisión, rebajando así en tres meses la condena inicial. Con todo, el ex alto funcionario del Consistorio de Vigo terminó entrando en prisión y nunca contó quién le dio la orden para enchufar a Vanesa Falque, familiar de Carmela Silva.

Como ha informado OKDIARIO, Silva habita un chalet de lujo ubicado en la isla de Toralla, una ínsula privada de concesión pública (desde los años sesenta) que incumple la Ley de Costas. Situada en la ría de Vigo, está restringido el acceso a ella a residentes y acompañantes, de manera que sólo estos pueden circular dentro de la misma. Al resto de ciudadanos únicamente se le permite hacer uso de la zona de playa que hay a ambos lados de la carretera que lleva a la isla.

Fuentes vecinales señalaron que Carmela Silva hace uso de esta finca, si bien la titularidad del inmueble, como confirmó este periódico, corresponde al futbolista Iago Falque. No obstante, las mismas fuentes aseguraron que la senadora socialista por Pontevedra hace vida en este destino de vistas paradisíacas, y ella misma ha colgado imágenes en sus redes sociales junto a este inmueble.

El casoplón, levantado sobre una parcela de casi 1.300 metros cuadrados junto al mar,  tiene una superficie total de 824,55 m2 construidos, «de los cuales 156,44 están destinados a terrazas», según datos del Registro de la Propiedad. La vivienda cuenta con garaje y una amplia piscina con una visión panorámica de ensueño, en dirección a la ría.

El pasado septiembre, el propio Gobierno de Pedro Sánchez reconoció al BNG en una respuesta parlamentaria en el Congreso de los Diputados que «es consciente de las limitaciones existentes en la Isla de Toralla en relación con la efectividad de la servidumbre de tránsito y se encuentra trabajando en una solución para revertirlas».

En este sentido, el Ejecutivo de PSOE-Sumar subrayó que «el artículo 27 de la ley de Costas establece que la servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 6 metros, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar».

Esta zona, indicó el Gobierno, deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos. Junto a ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aseguró que haría todo lo posible para que «la Isla de Toralla sea de accesibilidad pública, de acuerdo con lo contemplado en la normativa de Costas y para garantizar el cumplimiento de las sentencias», como la dictada por el Tribunal Supremo en 1997.

Pese a esta «usurpación» de la primera teniente de alcalde de Vigo y su familia, como denuncian los ecologistas, el PSOE de Pedro Sánchez se afanó el pasado febrero en lanzar falsas acusaciones contra la pareja de Alberto Núñez Feijóo, Eva Cárdenas, por solicitar una concesión de acceso desde su casa a la playa de Cons, en Moaña (Pontevedra).

«Privilegiados»

«Toralla sigue siendo un espacio público usurpado hace décadas en beneficio de unos pocos privilegiados que deben tener muy buenos contactos políticos para seguir allí durante tantos años sin cumplir las leyes», critican grupos ecologistas, como Greenpeace, Ecologistas en Acción, Plataforma por la Defensa de la ría Vigo-Cíes o Amigas da Terra y colectivos vecinales de las parroquias de Coruxo y San Miguel de Oia.

«Una barrera y un vigilante al final del puente impiden hoy el acceso de vehículos y peatones al interior de la Isla de Toralla. La decisión surge de los privilegiados propietarios de las treinta villas que existen en la isla y que no superan los 170 residentes y de la vista gorda de las autoridades. Una prohibición sin respaldo legal», remarcan.