El pretendido juicio paralelo y el impecable sacerdocio de Marchena

Tiene todo juicio una parte de ceremonia y ritual que responde al ejercicio ordenado de la Justicia a que aspira toda sociedad consolidada en Estado de Derecho. No sólo las leyes que rigen nuestra convivencia y los libros que las recogen marcan la pauta de lo debido sino que el modo en que se hacen visibles en la práctica jurídica, las complementan. En una sala de vistas nada ocurre porque sí. Vestimenta, fórmulas de juramento o promesa, lenguaje, turnos de intervención y práctica de las pruebas responden a un protocolo determinado, y no a otro cualquiera, por algo. El juicio al ‘procés’ en el Tribunal Supremo ha servido, en buena medida, para ponerlo de manifiesto.

Para todos los que siguen el mismo en directo no es ajeno el empeño que, más allá de la estrategia procesal previsible, han demostrado los abogados de los acusados poniendo a prueba la templanza del tribunal. Y lo han hecho, hasta la fecha, por dos razones fundamentales: la primera, en lo relativo al artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que arropa la necesidad de que cada una de las acusaciones y defensas que pregunten a los testigos sobre los hechos objeto de enjuiciamiento -y limitados a cómo los hayan percibido directamente por medio de los sentidos- deban hacerlo sólo sobre aquellos aspectos que previamente hayan traído a colación las partes que han solicitado su declaración.

Es decir, como complemento a lo ya declarado y no sobre aspectos nuevos. Sólo de esta forma se garantiza que el tribunal pueda sacar conclusiones ajustadas al marco lógico de un procedimiento que bebe del principio de contradicción. ¿Cómo puede entenderse que los siete magistrados que deben decidir puedan hacerlo si no es por la yuxtaposición de diferentes versiones pero sobre los mismos hechos?

La segunda, en la queja reincidente y circular de los abogados sobre la reproducción de los vídeos incorporados en la causa y su exhibición a los testigos policiales. Olvidan algunos letrados, no de manera deliberada, que, aunque hubiesen existido, los «excesos» policiales del 1-O son irrelevantes para la causa. Se está juzgando a los 12 acusados por delitos de rebelión, sedición, malversación, desobediencia y organización criminal, no a la policía ni su actuación. Ignoran, además, y no por desconocimiento, que el ejercicio del derecho a la defensa judicial efectiva pasa por respetar los principios inspiradores del juicio penal, entre los que se encuentra el de concentración. 

Las defensas han presentado más de cinco escritos para insistir en que se exhiban los vídeos a los testigos, algo que forma un pretendido juicio paralelo tan estéril como innecesario

Si Alonso Martínez levantase la cabeza. Manuel Alonso Martínez, ministro de Justicia allá por 1885, lo dejó muy claro en su Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dicha ley, plena y actual, viene precedida de un texto que anuncia su razón de ser e inspiración, entre otros, en este sentido. Es la llamada ‘Exposición de motivos’: «El sumario es una mera preparación del juicio, siendo en éste donde deben esclarecerse todos los hechos y discutirse todas las cuestiones que jueguen en la causa, no es posible sostener aquella antigua legislación, tan inflexible y rigurosa, que, sobre anular la libertad y espontaneidad de los testigos, expuestos a una persecución originada en una traducción infiel de su pensamiento, pugnaría hoy abiertamente con la índole del sistema acusatorio y con los altos fines del juicio público y oral».

«Trate usted de convencer al tribunal, letrado, no convierta el interrogatorio al testigo en un careo». «Nada de resucitar los atestados policiales en la vista, el juicio oral arranca a partir de los escritos de acusación». Y así una y otra vez Marchena durante las siete semanas que ocupa ya este ejercicio procesal, tratando de evitar, precisamente como anticipó su tocayo Alonso Martínez, que los testigos se presenten «medrosos de la responsabilidad criminal que podría exigírseles a la menor contradicción, en vez de contestar con soltura y perfecta tranquilidad a las preguntas». Si se obligara a los testigos a ratificarse en las declaraciones que hayan prestado con anterioridad, aquellos que hayan llegado a hacerlo, estaría convirtiéndose su examen durante las vistas en un mero acto administrativo. Un ‘postureo’ innecesario, la verdad.

En este juicio las leyes y su ajustada interpretación integrarán buena parte del futuro imaginario colectivo. Y se agradecerá que los hechos se vean en su verdadera dimensión, que las normas se apliquen en su alcance y, en definitiva, sirva para soslayar que en el juicio penal en España estamos ante un savoir faire que rompió, hace más de dos siglos, con el procedimiento encorsetado, inquisitivo y secreto para dar paso a un planteamiento basado en la igualdad de armas donde ciudadano y Estado están uno frente a otro, en un mismo plano y con idénticas oportunidades de defender su dignidad, su honor y su libertad.

Hay políticos y opinadores más o menos crédulos de la labor judicial. Es fácil despotricar contra ella cuando parece no ser favorable a ciertas expectativas puramente ideológicas -como la propaganda independentista- pero es imprescindible preservarla si lo que se procura es el ejercicio de la Justicia y la excelencia del sistema que la aplica. En este juicio, al margen de las discusiones procesales paralelas en que algunas defensas están desgastando sus energías, escrito tras escrito y protesta tras protesta, estamos asistiendo a un altísimo nivel de independencia y asepsis en la práctica de la prueba. Resulta de vital transcendencia para que el tribunal se forme una opinión ajustada a la realidad de los hechos y no arrastrando prejuicios y defectos de fases anteriores que podrían llegar a contaminar la sentencia.

Eso persiguió Alonso Martínez en su reforma. La exquisita solemnidad y rigor con que el juez Marchena modera en base a la misma, el más leve despropósito, se ha convertido, sin duda, en una prueba de fuego para su paciencia. Todo un sacerdocio.