La presidenta del Supremo: «Cuestionar la honestidad de los jueces y hablar de intereses ocultos resulta inadmisible»

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha advertido este miércoles de que las críticas dirigidas a cuestionar la honestidad profesional de los jueces y a insinuar la existencia de intereses ocultos suponen «un salto cualitativo» que «no resulta admisible». La magistrada ha pronunciado estas palabras durante la gala de entrega de los Premios Fundación Legálitas 2026, celebrada en Madrid, donde el CGPJ ha recogido el galardón a la «Mejor Iniciativa de Divulgación Jurídica».

El día después de la tercera condena judicial al entorno de Pedro Sánchez, la presidenta del Supremo ha dedicado el premio «a todos los jueces que cada día cumplen con profesionalidad su deber con vocación y responsabilidad en nuestro país».

Perelló ha aprovechado el acto para hacer balance de un mandato que cumplirá dos años en breve. Lo ha calificado de positivo, «fruto del consenso y de la discreción institucional que caracterizan nuestra labor», y ha citado los 197 nombramientos discrecionales efectuados hasta la fecha, de los que más del 40% han recaído en mujeres.

Con ellos, ha explicado, se ha completado la composición del Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales, superando así «la situación de bloqueo de los años anteriores, que han tenido graves consecuencias para el funcionamiento de la justicia».

La magistrada ha insistido en que la independencia de jueces y magistrados debe permanecer «inmutable» y ha calificado el Estado de Derecho consagrado en el artículo primero de la Constitución como «el presupuesto básico para la convivencia democrática».

«Intentos de injerencia»

«El intento de injerencia de la independencia judicial, venga de donde venga, supone una amenaza para el Estado de Derecho», ha señalado, citando además un informe de la Comisión Europea.

Perelló ha matizado que la crítica respetuosa a las resoluciones judiciales es legítima y «puede y debe» producirse cuando es «constructiva y respetuosa», pero ha marcado un límite: cuando esa crítica pretende cuestionar la honestidad de los jueces o insinuar «intereses ocultos», resulta inadmisible, recordando que el propio sistema procesal ya cuenta con mecanismos para revisar cualquier resolución con imparcialidad.

El reconocimiento premia la labor del Centro de Documentación Judicial (Cendoj) y de la Oficina de Comunicación del CGPJ, dirigida por José Asenjo, dos áreas que, según ha explicado Perelló, «transforman la información de los tribunales en un conocimiento accesible».

Ha felicitado también al director del Cendoj, Joaquín Silguero, y ha agradecido a José Asenjo, responsable de comunicación del CGPJ, su empeño «en hacerlo utilizando un lenguaje claro, de modo que las decisiones de los jueces puedan ser entendidas y sean accesibles para todos».

La ceremonia, correspondiente a la IV edición de estos premios, ha arrancado con la intervención de Luis del Pozo, consejero delegado de Legálitas. Rafael Catalá, presidente de la Fundación Legálitas, ha agradecido su asistencia tanto a Perelló como a Ferran Sala, director general de vLex en España, quien ha recogido el premio a la «Mejor Iniciativa Empresarial Legaltech».

Estado de Derecho

Las palabras de Perelló no han sido un caso aislado en las últimas horas. Ese mismo miércoles el vicepresidente del Tribunal Supremo, Dimitry Berberoff, ha reivindicado durante la clausura de los Cursos de Verano CEU-María Cristina que la independencia judicial constituye «una garantía para todos los ciudadanos y no un privilegio de los jueces».

Berberoff ha alertado de que «resulta perjudicial convertir la descalificación permanente de los jueces en una estrategia política o mediática», pues ello termina erosionando la confianza ciudadana en el sistema democrático.

En el mismo foro, celebrado en el Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, el ex presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes Serrano, ha ido más allá al sostener que la independencia constituye «la garantía madre» del sistema judicial, hasta el punto de que, en sus palabras, «un juez que no actúa con independencia está quebrando su moral».

Lesmes ha revelado además que, durante sus años como presidente, «las ganas de los políticos de que se abran expedientes a jueces existen y son constantes».

El debate sobre la legitimidad de las críticas a la judicatura no es nuevo en España. El propio CGPJ atravesó, según ha recordado Perelló, «años de bloqueo» en los nombramientos de altos cargos judiciales, un periodo que se prolongó antes de la renovación del órgano y que, según la presidenta, tuvo «graves consecuencias para el funcionamiento de la justicia». Frente a ese antecedente, el mandato actual reivindica el consenso como método de trabajo, una senda que Perelló ha calificado de acrisolada tras casi dos años de ejercicio discreto y sin sobresaltos institucionales.

La coincidencia de tres altos cargos judiciales —una presidenta y dos magistrados del Supremo— defendiendo la independencia de los tribunales frente a lo que consideran ataques a su honestidad no parece casual. Entre galardones y aplausos protocolarios, la Justicia española ha decidido este verano salir a defenderse en público de las críticas injustas.