España

El PP ya tiene a sus dos magistrados para el Tribunal Constitucional: Arnaldo y González-Cuéllar

Las negociaciones para renovar el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional avanzan. Y el PP ha empezado a dibujar su lista de aspirantes a distintos cargos. En el Tribunal Constitucional los ‘populares’ defenderán entre otros nombres los de Enrique Arnaldo y Nicolás González-Cuéllar para ocupar una plaza de magistrado.

Arnaldo ha ocupado ya cargos más que relevantes como el de vocal de Consejo General del Poder Judicial. Es catedrático de Derecho Constitucional y abogado. Y ha sido recientemente galardonado con uno de los premios más prestigiosos del mundo del derecho: el de la Asociación de Juristas San Raimundo de Peñafort al mejor estudio jurídico. Enrique Arnaldo se hizo con este premio por su estudio jurídico sobre «las razones del aforamiento».

Enrique Arnaldo Alcubilla (Madrid,1957) cuenta con una amplia carrera en el mundo de las leyes. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es TAC, letrado de las Cortes Generales y catedrático de Derecho Constitucional (2012).

El segundo de los nombres, Nicolás González Cuéllar, es fácil de identificar por uno de sus libros: Tiempo de Justicia. El intento de golpe independentista en Cataluña a juicio. Es catedrático de derecho procesal penal de la Universidad de Castilla-La Mancha y socio director del bufete González-Cuéllar Abogados.

Su postura sobre el 1-O es ampliamente conocida, básicamente, porque no la ha escondido: «Conceder el tercer grado a los condenados por el procés es una burla a la justicia», afirmó recientemente. Y añadió sobre el juicio del 1-O: «Fue un juicio ejemplar porque la justicia reaccionó ante un gran quebrantamiento de bienes jurídicos ejemplares para la convivencia, como es el respeto por la democracia. No olvidemos que los delitos enjuiciados en el juicio del procés son delitos de lesa democracia», tal y como expuso en su momento en una entrevista con el medio especializado Confilegal.

Hay que recordar que esta renovación en el TC se circunscribe dentro de los acuerdos conocidos como pacto de la Justicia entre PP y PSOE, unos acuerdos que se pretenden tener cerrados este próximo jueves 25 de febrero pero que, incluyen, además, otros organismos.

El PSOE ha trasladado al PP la posibilidad de apartar a Podemos del pacto del Poder Judicial para lograr cerrarlo. Pablo Casado exigió esta condición y Pedro Sánchez está por la labor de dejar a Pablo Iglesias al margen y de hacerlo de una forma acelerada: antes del muy próximo jueves 25 de febrero. En esa fecha, ambas formaciones pretenden tener cerrado un acuerdo que incluye la renovación de cargos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en RTVE, en el organismo del Defensor del Pueblo y en el Tribunal Constitucional.

Y hay que recordar igualmente que los doce magistrados que integran el Tribunal Constitucional no se renuevan de forma simultánea. Su renovación se efectúa por bloques de cuatro magistrados con una cadencia de tres años entre bloque y bloque.

La renovación del Poder Judicial ha generado horas y horas de charlas. Pero el recambio en el Tribunal Constitucional también ha atraído buena parte de la atención de los encuentros entre el PP y el PSOE. De hecho, este ha sido uno de los puntos que ha estado permanentemente sobre la mesa de las negociaciones mantenidas a lo largo de meses entre el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el máximo responsable del área jurídica del PP, Enrique López.

Fruto de aquellas charlas salió un inicio de acuerdo: el de impulsar dos jueces para cada bloque de forma que el actual esquema de equilibrio entre los deseos de los partidos permaneciera igual.

La renovación del Tribunal Constitucional, de este modo, tampoco dejará hueco para intentos de Podemos de entrar en esta área de poder. Igual que tampoco parece que el CGPJ vaya a albergar hueco para los deseos de los hombres de Pablo Iglesias. De hecho, el PSOE llevaba tiempo empeñado en lograr el apoyo del PP para la renovación del Poder Judicial y del Constitucional.

Podemos mostró desde el inicio más interés en el CGPJ, un organismo del que dependen los ascensos y designaciones de las plazas judiciales y que, en estos momentos, cuenta con mayoría conservadora. Pero conoce desde el inicio de las conversaciones con los hombres de Pablo Casado las exigencias del PP para cerrar este pacto: que Podemos no intervenga de ninguna de las maneras en la negociación; que se cierre esta renovación con compromiso previo de abordar, posteriormente, una reforma completa de la ley para retornar al modelo de elección de la mayoría de los vocales del Poder Judicial por los propios jueces, tal y como exige la Constitución Española; y que la actual elección de vocales se haga con respecto a una preselección de 35 candidatos designados por el colectivo de jueces y no por los partidos políticos. Y Podemos, en consecuencia, parece abocado a quedarse fuera.