Podemos quiere ahora expropiar todos los bienes de la Iglesia calificados de “interés cultural”

• Carlos Cuesta @carloscuestaem
• Director adjunto en OKDIARIO.
• • 20/04/2022 06:48
  • Actualizado: 20/04/2022 09:01

Pedro Sánchez apuntó a un total de 34.961 inmuebles de la Iglesia supuestamente mal apropiados en base una teórica inmatriculación irregular. La Iglesia contestó con otro informe donde la cifra se limitaba a 965 inmuebles. Y la paz parecía haber llegado al Gobierno con ese intercambio de informes. Pero no es así: la parte de Podemos del Gobierno reclama ahora una expropiación masiva de todos los bienes de la Iglesia considerados de “interés cultural”: de hecho, reclama a Sánchez que haga los cambios legislativos que necesite, pero que los bienes del Patrimonio Histórico Español declarados de interés cultural, deben quedar afectados a las Administraciones Públicas.

Es decir, que de facto, serían expropiados a la Iglesia. La petición concreta de Podemos acaba de quedar plasmada en un documento registrado por los morados en el Congreso de los Diputados: “Hacer las modificaciones legislativas oportunas para que los bienes del Patrimonio Histórico Español declarados de interés cultural en posesión de las instituciones eclesiásticas sean declarados de dominio público y queden afectados a las Administraciones Públicas”.

No se trata de la única petición. Pero sí de la más grave. Podemos exige también “presentar al Congreso de los Diputados, de acuerdo con el artículo 94 de la Constitución, la denuncia y derogación de los Acuerdos con la Santa Sede del año 1976 y 1979, así como los existentes con las confesiones minoritarias”. Igualmente, “presentar al Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Conciencia que garantice la laicidad del Estado y la libertad de conciencia de las personas independientemente de sus convicciones”; que se recabe “de los Registros de la Propiedad el listado y notas simples de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia católica (en cualquiera de sus denominaciones) desde 1946 hasta 1998 que hayan sido inscritos al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria vigente en ese periodo”; y, por último, “hacer las modificaciones legislativas oportunas para retrotraer los bienes que fueron inmatriculados por la Iglesia mediante el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad a partir de simples declaraciones de sus propios miembros”.

Podemos realiza una explicación histórica en la que señala que “desde el año 1939 hasta el 1975, España vivió bajo un régimen totalitario encabezado por Francisco Franco, producto del golpe de Estado del 18 de julio de 1936” que “contó con la connivencia de la jerarquía de la Iglesia católica, que le otorgó su apoyo expreso y que, a cambio, vio consolidada su posición de dominio en el conjunto de la sociedad con una confesionalidad estricta”. “Debido a la duración de la dictadura y su impacto posterior, nuestro ordenamiento jurídico, desde 1978 con la aprobación de la Constitución, acusa una carencia de legislación en materia de libertad de conciencia, que cubra todo tipo de convicciones personales, religiosas e irreligiosas, así como regular la laicidad institucional y la correspondiente separación Iglesia-Estado proclamada en la Constitución”, añade el partido de Ione Belarra.

Por estos motivos, según Podemos, “resulta necesaria la promulgación de una ley de libertad de conciencia, con el fin de superar el vacío legal soportado hasta el momento, regulando la libertad de pensamiento y conciencia, a nivel tanto individual como colectivo, y a su vez actualizar la legislación referente a la libertad religiosa, al igual que la necesidad de garantizar un tratamiento igualitario para toda la diversidad de la sociedad española en este aspecto”. Y, todo ello, debería hacerse, según los morados, “bajo un mismo paraguas, debido a que todas estas realidades se corresponden con un mismo concepto: la libertad de conciencia. La nueva ley debe ser extensiva y sensible a todas las opciones de conciencia y pensamiento posibles, sustituyendo a la Ley 7/1980 de Libertad Religiosa, para cubrir fielmente el artículo 16 CE referido a la libertad ideológica, religiosa y de culto, así como a los Acuerdos concordatarios de 1979 con la Santa Sede por lo que suponen de clave de bóveda de los privilegios de todo tipo de la Iglesia católica como herencia persistente del nacionalcatolicismo”.