El plan de Sánchez para colocar a su cuñada en la ONU le permitía poner escolta a su hermano

El Gobierno de Pedro Sánchez y su maquinaria diplomática pusieron todo su esfuerzo en conseguir que Kaori Matsumoto, la mujer del hermano del presidente y de facto su cuñada, consiguiese la dirección de un proyecto antiterrorista. Un proyecto financiado a cargo del erario público español y en el que ya había al frente un responsable. El puesto, además de llevar aparejada una inmunidad legal para Matsumoto y su familia -incluido el imputado David Sánchez-, permitiría al Gobierno ponerle escolta policial al matrimonio en virtud de un convenio firmado con la ONU cuando se creó la Oficina de Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo (UNOCT).

En círculos diplomáticos se han seguido muy de cerca los intentos del Gobierno por impulsar la candidatura de la cuñada de Sánchez en esa oficina antiterrorista de la ONU con sede en Madrid. Un puesto al que finalmente no ha accedido ante la resistencia del organismo a destituir a una persona que ya estaba ocupando el puesto al que aspiraba Matsumoto.

El interés despertado giraba en parte a algunas de las consecuencias que tendría el hecho de colocar a la cuñada del presidente en el puesto: por convenio firmado entre el Gobierno y la ONU, el personal de este centro obtiene inmunidad diplomática. Y también sus hijos y cónyuges, en este caso David Sánchez, imputado por delitos de corrupción por presuntas irregularidades en la concesión de su empleo público de alta dirección en la Diputación de Badajoz.

Pero no sólo eso. Según explican fuentes diplomáticas, ese cargo también abriría la puerta incluso a que el Gobierno le pusiese escolta policial al matrimonio Sánchez-Matsumoto, ahora bajo intensa atención mediática. Sería posible en base a ese mismo acuerdo firmado por Exteriores en la sede de la ONU en Nueva York en 2022, que daba pie a la creación de esa Oficina de Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo.

Según el texto del convenio, entre las responsabilidades del país anfitrión se encuentra la toma de «medidas efectivas y oportunas que sean necesarias para garantizar la seguridad y protección adecuadas de las personas a las que se refiere el presente Acuerdo, e indispensables para el buen funcionamiento de la Oficina sin interferencias de ningún tipo».

Las fuentes consultadas también señalan que pese a que se descarta que Matsumoto acceda a ese puesto, el Gobierno aún no ha descartado la opción de promocionar a la cuñada de Sánchez en otro puesto de esa oficina de la ONU. De consolidarse esa opción, los privilegios arriba citados se harían efectivos.

Las gestiones del Gobierno

Matsumoto, con la que el hermano de Sánchez tuvo una hija en abril de 2022, aspiraba a convertirse en jefa de un proyecto específico de la ONU para Mauritania. Un plan que desde Naciones Unidas se viene diseñando para el país africano desde 2017 y que este mismo 2024 ha visto ya la luz, enfocado a detectar objetivos vulnerables para el terrorismo. La intención del Gobierno, que financia este plan con alrededor de medio millón de euros, pasaba por que Matsumoto, funcionaria de la ONU especializada en lucha contra la corrupción y el crimen organizado en el Sudeste Asiático, se hiciera cargo de ese proyecto.

A cambio, explican fuentes diplomáticas a OKDIARIO, recibiría un sueldo de alrededor de 80.000 euros. Y lo que es más importante, adquiriría el estatus de personal diplomático de la ONU adscrito a esa Oficina de Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo (UNOCT). Algo que le daría inmunidad legal a ella, a su hija y a su cónyuge, David Sánchez, inmerso en un proceso judicial por malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

En las ambiciones del Gobierno de Sánchez por colocar a Matsumoto al frente de esa oficina había un escollo: el puesto fue convocado en noviembre de 2023 y, tal y como ha podido saber OKDIARIO, fue cubierto por un funcionario de la ONU. Una persona que, a diferencia de la cuñada de Sánchez, sí tenía experiencia en cuestiones relacionadas con el terrorismo en África.

Por tanto, explican fuentes diplomáticas, las ansias de Moncloa por situar a la cuñada de Sánchez al frente de este proyecto -cuya financiación aprobó el Consejo de Ministros en julio de 2023-, denominado oficialmente Global Vulnerable Targets Programme, chocaron con esa realidad: para colocar a Matsumoto haría falta desalojar el puesto. Y en la ONU no estaban por la labor. Pese a que España es el principal donante para este programa y figura en la lista de mayores donantes del organismo, la Oficina de Lucha contra el Terrorismo no cedió a la presión diplomática del Gobierno.