El plan de Escrivá: un recorte de las futuras pensiones de entre 7.000 y 14.000 millones
Escrivá anuncia que los nacidos entre 1950 y 1975 tendrán que bajarse la pensión o trabajar más
Escrivá recula: asegura que «no se expresó bien» al defender su acuerdo sobre las pensiones
Escrivá defiende que «tenemos unas pensiones sólidas con un problema acotado a los baby boomers»
Sí: las pensiones se recortarán. Y sí: por un importe más que sensible para el bolsillo de los pensionistas. El nuevo sistema que diseña el Gobierno de Pedro Sánchez para garantizar la sostenibilidad de las pensiones futuras está ya en fase de preparación en el Ministerio de José Luis Escrivá. Y la horquilla de rebaja de las pensiones que plantea este departamento oscila entre los 7.000 y los 14.000 millones de euros.
Por eso Escrivá anunció que los baby boomers tendrían que elegir entre alargar su vida laboral o cobrar menos. Porque, efectivamente se trabaja ya en un mecanismo de rebaja de las pensiones que deberá entrar en vigor en 2027. Y porque las estimaciones de rebaja de las pensiones con el denominado como mecanismo de equidad intergeneracional oscilan entre los 7.000 millones y los 14.000 millones, según las primeras estimaciones de los técnicos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
José Luis Escrivá provocó una gran polvareda la semana pasada al anunciar que los baby boomers tendrían que elegir entre cobrar menos pensión o trabajar más. Un día después, el Gobierno le obligó a rectificar y a decir que el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que sustituirá al factor de sostenibilidad diseñado en el Gobierno de Mariano Rajoy, está todavía por definir y que ese recorte no es aún seguro.
La realidad es que ese sistema de recorte de las pensiones está ya en fase de estudio en el departamento de Escrivá y que, efectivamente, generará un recorte sensible, a menos que los afectados decidan trabajar más años -y no cobrar durante ese periodo de actividad adicional-. Es decir, que José Luis Escrivá recortará el pago de pensiones en cualquiera de las opciones: o rebajando la cuantía mensual de la jubilación, o reduciendo el número total de meses en los que se cobre debido a que el afectado empiece a cobrar la pensión más tarde.
De ese modo, se mantendrá el objetivo que el propio borrador del texto de la reforma de las pensiones al que tuvo acceso OKDIARIO recogía sin miramientos: “El de favorecer la prolongación de la vida laboral”. Justo lo que ahora niega el Gobierno, pero que el ministro admitió y que su departamento prepara con celeridad.
Equidad intergeneracional
El anteproyecto de reforma de las pensiones recoge el siguiente párrafo: «Disposición adicional segunda. Mecanismo de equidad intergeneracional. En sustitución del factor de sostenibilidad regulado en el artículo 211 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se establecerá, previa negociación en el marco del diálogo social, un mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027».
La idea es tener diseñado el mecanismo en los próximos meses, aunque no se aplique hasta 2027. De ese modo, el plan permite a Pedro Sánchez esquivar el necesario ajuste en pensiones durante su mandato: el actual y uno adicional en caso de que consiga ganar unas nuevas elecciones en el año 2023.
El borrador de la reforma dejaba ya claro ese objetivo de forzar un alargamiento de la vida laboral. Y ese alargamiento implica que la pensión no se cobra durante los años en los que se sigue trabajando, lo que, evidentemente, es una rebaja de la cuantía total a percibir en concepto de prestaciones por jubilación.
El texto preparado por el Gobierno incluía el siguiente texto: «Disposición adicional décima. Cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.
1. En aras de favorecer la prolongación de la vida laboral, los convenios colectivos no podrán establecer cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por el trabajador de una edad inferior a 68 años».
Porque, efectivamente, ése es el objetivo que el Gobierno ya está diseñando pero que no quiere admitir. Es más, esa prolongación de la vida laboral no puede estar pensada para los que ya han pasado a la jubilación. Por lo tanto, tiene que afectar, sí o sí, a aquéllos que aún están en vida laboral activa. Y ahí se encuentran, efectivamente, los trabajadores incluidos en la generación del baby boom.
Esa prolongación sólo responde a una evidencia: o se acepta o el cobro de la pensión se reduce. Porque, en caso contrario, evidentemente, nadie asumiría trabajar más años perdiendo la pensión correspondiente a esos ejercicios.
El borrador, además, insistía en ese objetivo y añadía que «observada esta limitación de edad, se requerirán además las siguientes condiciones» para que los trabajadores no se jubilen antes de los 68 años:
a) El trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo deberá reunir los requisitos exigidos por la normativa de Seguridad Social para tener derecho al 100% de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva.
b) La medida deberá vincularse, como objetivo coherente de política de empleo expresado en el convenio colectivo, al relevo generacional a través de la contratación indefinida y a tiempo completo de, al menos, un nuevo trabajador».
El Gobierno ha cerrado ya el pacto de reforma de las pensiones sin asumir su parte de las reformas. Uno de los escollos más duros de sortear en las negociaciones entre sindicatos, Gobierno, patronal y los partidos que apoyan a Pedro Sánchez en La Moncloa ha sido la reforma del factor de sostenibilidad de las prestaciones por jubilación. Se trata del coeficiente que rebaja las pensiones dependiendo de la esperanza de vida para evitar que la caja se agote y los futuros jubilados se queden sin pensión.
La reforma del Gobierno implica la eliminación de este factor de corrección del pago de las pensiones hasta 2027. Sólo a partir de ese año entraría en vigor otro sistema de control. Todo ello pese al pacto con Bruselas para sustituir un mecanismo con otro, pero permite a Pedro Sánchez esquivar el necesario ajuste en pensiones durante su mandato.
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