El Parlamento Europeo acerca la extradición de Puigdemont: considera «ilegal» su acta de eurodiputado
El TGUE estudia este viernes la inmunidad del ex presidente catalán Carles Puigdemont
El plan de Sánchez ya marcha: Puigdemont alegará la derogación de la sedición para defender su inmunidad
Puigdemont revela que «gente del PSOE» le ha prometido una reforma del Código Penal y el indulto
La Junta Electoral responde a la UE que no puede acreditar a Puigdemont por no acatar la Constitución
La extradición del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont a España está más cerca. Cosa bien distinta, ante el empeño del Gobierno de derogar el delito de sedición, es por qué causas se le puede juzgar en nuestro país. El Parlamento Europeo, por boca del abogado que defiende a la Eurocámara en el asunto sobre la inmunidad parlamentaria del expresidente de la Generalitat, Norbert Lorenz, considera que la institución ha tenido «un trato extremadamente abierto» con el líder separatista y que el hecho de permitirle ocupar el escaño fue «probablemente ilegal» ya que no acató la Constitución tal como ordena la Junta Electoral Central.
Lorenz ha defendido este viernes, en la vista ante el Tribunal General de la Unión Europea que se celebra en Luxemburgo, que a Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí «se les permitió tomar asiento en el Parlamento Europeo y, como hemos visto por una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, probablemente de manera ilegal, porque el Parlamento Europeo nunca ha recibido notificación de que los demandantes hayan sido nombrados o elegidos parlamentarios en España». Es la posición que ha sostenido el letrado del Parlamento en su exposición inicial en la sesión de este viernes. Además Lorenz también ha defedido al presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos al que los separatistas acusan de ser de Vox: «No es del partido de Vox y la afirmación ‘Puigdemont en prisión’ se dijo en un acto político, en marzo de 2018, antes de las elecciones al Parlament».
El abogado del Parlamento defendía la institución que representa a la reacción a la primera intervención de la defensa de Puigdemont y los otros dos exconsellers huidos de la justicia española elegidos eurodiputados por JxCAT. Gonzalo Boye ha alegado que la institución no respetó los derechos de sus representados al tramitar los suplicatorios para suspender sus inmunidades y ser juzgados en España. «Les pedimos que protejan a mis clientes del propio Parlamento Europeo», ha expuesto el abogado de los políticos independentistas en la vista.
El de hoy es el último paso antes de que se resuelvan de forma definitiva las dos euro ordenes de extradición que Carles Puigdemont tiene pendientes en Bélgica y en Italia. Si el TGUE le retira la inmunidad al ex presidente catalán le impedirá seguirse moviendo libremente por la Unión Europea, como hasta ahora, y obligará a ambos tribunales a resolver la petición del juez Pablo Llarena de manera favorable a los intereses de España. Pese a la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de reformar el delito de sedición, uno de los argumentos que Puigdemont ha puesto sobre la mesa para evitar su entrega a las autoridades españolas. Alega que si el Ejecutivo tiene como intención dejar de penalizar este delito, no tiene base resolver a favor del Tribunal Supremo las dos órdenes de extradición que siguen activas en Europa.
JEC
A principios del mes de noviembre, la Junta Electoral Central (JEC) se dirigió a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para aclararle que a efectos de la legislación española el ex presidente catalán fugado de la Justicia española, Carles Puigdemont, «no ha adquirido la condición plena de diputado al Parlamento Europeo, al no haber cumplido el requisito de acatamiento constitucional», previsto en la ley electoral. De esta forma, indica que «su escaño debe quedar vacante temporalmente hasta que se produzca ese acatamiento, con la consiguiente suspensión de sus derechos y prerrogativas en los mismos términos».
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