El CGPJ frena las prisas del Gobierno: sólo buscará candidatos de «excelencia» para el Constitucional

Los vocales elegidos a propuesta del PP y los del PSOE que forman parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han concluido la reunión que han celebrado este miércoles para continuar con las negociaciones destinadas a nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que les corresponde. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por OKDIARIO explican que el bloque conservador ha acordado que los «nombramientos exigen que rija el principio de eficiencia y no el de urgencia» como pretende el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Los vocales nombrados a propuesta del PP, representados por Carmen Llombart y José Antonio Ballestero, han concluido que «sólo aquellos candidatos seleccionados tras un análisis y deliberación de nuestro grupo serán propuestos como tales. A tal efecto, el grupo buscará a aquellos aspirantes que, por su excelencia, considere idóneos para tan alta magistratura».

Por otra parte, el bloque progresista ha presentado una lista con nueve aspirantes, de los que ellos deberán proponer uno. Estos son: Pablo Lucas, el juez encargado de controlar las actuaciones del CNI; María Luisa Segoviano, la primera mujer en presidir una Sala -la de lo Social- del Supremo; y su homólogo de lo Militar, Jacobo López Barja de Quiroga. Completan la lista los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo José Manuel Bandrés, Eduardo Espín, Isabel Perelló y Ángeles Huet, así como el magistrado jubilado Rafael Fernández Valverde –que formó parte de esa misma sala y del actual CGPJ– y la magistrada de la Sala de lo Social Rosa María Viroles.

Fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO aseguran que el magistrado Bandrés es el favorito del bloque progresista porque cuenta con una dilatada carrera de casi veinte años en el Supremo. Es magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona hasta 1999. Ejerció la judicatura desde 1980 en juzgados de Guernica y Luno, Vilanova y la Geltrú, Calamocha y Calatayud. En 1985 fue nombrado magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona. En 2003 fue nombrado Magistrado del Tribunal Supremo. Amplió estudios en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, en la Facultad Internacional de Derecho Comparado de Estrasburgo y la Facultad de Jurisprudencia de Urbino (Italia).

Otro de los nombres que han cobrado fuerza son Pablo Lucas, que dependerá del apoyo que consiga reunir su hermano Enrique Lucas –vocal del Consejo, y Eduardo Espín. Sin embargo, estos dos magistrados llegaron al Tribunal Supremo como juristas de reconocida competencia con más de 15 años de experiencia profesional y no por oposición, una característica que los vocales valoran en el currículum.

Aunque los conservadores no han presentado su terna de candidatos, fuentes consultadas por este periódico explican que en su lista aparecerá la magistrada de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo Inés Huerta Garicano, una de las más antiguas en la Carrera Judicial donde ingreso por oposición en 1979, y que es magistrada del Tribunal Supremo desde 2014. La juez Huerta, que fue vicepresidenta de la Junta Electoral Central, sufrió un intento de recusación de los independentistas catalanes que intentaron -sin éxito- apartarla de la Sala enjuiciadora de los recursos contra los indultos concedidos por el Gobierno a los dirigentes del procés. Otros nombres, como el de Francisco Marín Castán, presidente de la Sala Primera y que cuenta con más de veinte años en el Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, podría ser parte de la propuesta de los conservadores.

Los vocales conservadores han acordado reunirse el próximo miércoles 28 de septiembre.