Montoro bloquea 238 millones a Carmena por haber incumplido la regla de gasto

El Ministerio de Hacienda no ha dado el visto bueno al PEF (Plan Económico Financiero) del Ayuntamiento de Madrid para 2017-2018. La alcaldesa Manuela Carmena ha incumplido la regla de gasto y tendrá que inmovilizar 238 millones.

El Pleno municipal aprobó el miércoles pasado un segundo PEF para 2018-2019 y, un día después, fuentes de Hacienda confirmaron a este periódico que lo habían recibido y los técnicos lo estaban estudiando.

No obstante, el PEF elaborado el año pasado continúa su tramitación y este jueves varios medios adelantaban que el Ministerio no aprueba la «interpretación» diferente que tiene Carmena y su edil Carlos Sánchez Mato de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Montoro no acepta el plan de Carmena incluso a pesar de la ampliación de información que les remitió.

La portavoz Rita Maestre ha aclarado este jueves en rueda de prensa que el Ayuntamiento ha recibido del Ministerio de Hacienda una «solicitud» sobre el PEF de 2016, «no un requerimiento ni una notificación», asegura que «no hay retención» de ningún monto presupuestario y que el Consistorio «responderá en plazo».

A lo largo de este jueves se está celebrando una reunión con el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, Intervención y la Alcaldía para «valorar consecuencias y las respuestas dar», ha indicado Maestre.

Sánchez Mato dijo la semana pasada que si Montoro da un ‘no’ a este plan «siempre hay alternativas pero ninguna pasa por recortar». «No nos tiramos a la piscina sin dotarla de suficiente agua», remarcó el edil de IU.

La liquidación de 2016 arrojó un superávit fiscal de 1.022 millones, una «considerable reducción» de la deuda, un «significativo» incremento del gasto social y de las inversiones pero con un incumplimiento de la regla de gasto en 233 millones, según Sánchez Mato.

El edil declaró entonces que el Consistorio requerirá la aprobación de un nuevo marco de financiación local y autonómica por las competencias impropias. Supondría poder contar al menos con el 50% ciento de la financiación que le corresponde acorde a la ley para cubrir el gasto de las competencias impropias, estimadas en 496 millones en 2017 y 508 millones en 2018.

Sánchez Mato propone una interpretación de la regla «más acorde con la realidad económica de los municipios y con las necesidades de la ciudadanía».

Los motivos indicados por el Ayuntamiento por el que se incumplió la regla de gasto en 2016 pasan por la amortización adelantada de deuda, que fue penalizada con un coste de 1,8 millones de euros, 101 millones de gastos derivados de la ejecución de sentencias y resoluciones judiciales firmes no previstas o el cambio de política de vivienda desde un modelo de venta a un modelo de alquiler. Supone un incremento del gasto contable, que no real, por 70 millones de euros.

También habría que incluir las medidas de ahorro del gasto en alquileres a medio plazo y los gastos financiados con ingresos de particulares por valor de 6,6 millones. Y es que, como han explicado desde el Ayuntamiento, algunas actuaciones y obras que benefician a particulares son realizadas por el Consistorio, que les acaba cobrando el servicio a través de impuestos específicos (vados, vallas…). «Es un gasto no previsto y no controlable que no debería computar para la regla de gasto», han apostillado. A eso se suman los 428 millones de gasto derivado de competencias impropias que está prestando el Ayuntamiento con sus propios recursos.