Montero defiende su cacería contra una propietaria porque «su nombre y apellido ya eran públicos»

Irene Montero se ha reafirmado en la denuncia pública que hizo hace unos días en sus redes sociales mediante un mensaje en el que señaló, con nombre y apellido, a la propietaria de un piso en Barcelona cuyos inquilinos no le pagan el alquiler desde hace un año por no estar conformes con lo que les pide. La de Podemos defiende que ella solo «se sumó a una campaña que no organizó» y que los datos que proporcionó «ya habían sido publicados anteriormente».

Los datos «públicos» a los que hace referencia la de Podemos son unos datos publicados en la web del ‘Sindicat de Llogateres’ (Sindicato de Inquilinos).

Montero se escuda en que todos los datos que ella ofreció en ese vídeo eran públicos y ya habían sido publicados, y ha añadido que seguirá sumándose a la defensa de los derechos de las personas, «y la vivienda es un derecho constitucional».

La número dos de Pablo Iglesias, su pareja y padre de sus dos hijos, ha defendido este viernes que Podemos busca defender a dos personas que, según ella, sufren una subida abusiva del alquiler. Esa subida se corresponde con una subida del 30% del precio del alquiler inicial en 11 años. En el vídeo que la número dos de Podemos colgó en su cuenta de Twitter hace unos días, citaba el nombre y el apellido de la propietaria de un piso en alquiler y le pedía que negociara la subida con los inquilinos aunque en realidad, ella y otros compañeros de partido como Ione Belarra lo que hicieron fue poner en la diana públicamente a la dueña de un piso.

La campaña de Podemos ha sido duramente criticada en las redes al identificar directamente a la dueña de la vivienda, reclamándole que acceda a negociar el precio del alquiler. Los inquilinos -Livia y Juan- que debían abandonar el piso este miércoles por una orden de desahucio, han decidido dejar de pagar el alquiler, según ha informado en las redes el ‘Sindicat de Llogateres’ (Sindicato de Inquilinos).

Un año sin contrato

El contrato de Livia y Juan finalizó en octubre del pasado año. La propietaria de la vivienda, en el barrio barcelonés de Gracia, les informó con meses de antelación -en junio- de una subida del 30% sobre los 1.000 euros que entonces pagaban. Los inquilinos llevaban entonces 11 años residiendo en la vivienda, lo que supone un incremento inferior al 3% anual.

Desde entonces, los inquilinos están fuera de contrato, al negarse a pagar el alquiler que se les reclama. La propietaria interpuso una denuncia y el pasado abril, según informó entonces el ‘Sindicato de Inquilinos’, se presentó una primera orden de desahucio.

En el portal web del sindicato, los inquilinos advertían a la propietaria de que no se irían del piso. «No podían creer que la persona a la que habían proporcionado una renta de más de 130.000 euros, pagando cada mes el alquiler, cuidando de su piso durante 11 anos, no aceptara sentarse en una mesa con ellos, para entender su posición, «o al menos decirme en la cara por qué ya no me quería en su piso”», se narraba en dicha publicación.

«Para Livia, entregar las llaves significaría abandonar el barrio donde el menor de sus hijos nació y creció, donde tienen a sus amigos, compañeros y donde han formado una vida durante los últimos 16 años», añadían.