• Esther Jaén
• Corresponsal política en OKDIARIO. Colaboradora y analista política en radio y televisiones. Te leo en esther.jaen@okdiario.com
• • 23/09/2026 05:48
  • Actualizado: 23/09/2026 10:01

En el Palacio de la Moncloa tienen muy clara una de las líneas que debe seguir la defensa de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para tratar de evitar que se celebre el juicio por los delitos de malversación y de tráfico de influencias que se le imputan. Desde el Ejecutivo ya le han aconsejado que invoque la «doctrina Botín», para lograr que, puesto que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado la acusan, sino que piden su absolución o el archivo del caso, se impida que se sostenga la causa con la acusación popular, únicamente.

En el entorno del presidente advierten a OKDIARIO que «hay jurisprudencia» y que fue el propio Tribunal Supremo el que la dictó en el año 2007, tras ser imputado el banquero Emilio Botín por el caso de las cesiones de crédito del Banco Santander. En aquella ocasión no había acusación particular y, al quedarse solo el sindicato Manos Limpias como acusación popular, el tribunal entendió que no había ningún «perjudicado» que reclamase reparación, por lo que no se podía sostener la causa y el juicio oral contra Botín.

En esta ocasión, en Moncloa y las terminales del Gobierno de Pedro Sánchez está todo medido y estudiado. La Abogacía del Estado se personó en su día, pero sus actuaciones se encaminaron a pedir el archivo de las causas abiertas. La fiscalía, por su parte, ha pedido la absolución de Begoña Gómez, así como el sobreseimiento del caso.

Pero la personación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que alega ser perjudicada por daño patrimonial que cifra en un total de 113.509,52 euros, es un escollo, que no permitiría dar por cerrados todos los bloques del caso Begoña Gómez, sino la parte referida a la malversación por lo que se refiere a la utilización de los servicios de Presidencia del Gobierno y de su  asesora, Cristina Álvarez, y para la que la fiscalía pide también la absolución.

Los tentáculos del Ejecutivo, tanto en la Fiscalía como en la Abogacía del Estado, han funcionado y remado a favor de Begoña Gómez, a quien se pretende juzgar por la comisión de dos presuntos delitos de malversación y de tráfico de influencias. Pero hay debate y controversia entre los juristas consultados por este periódico.

Recursos futuros ante el Supremo

Sin embargo, debates jurídicos al margen, la estrategia que sugieren desde el Gobierno tiene una primera fase, que podría, con suerte, frenar que parte de la causa por malversación llegase a ser juzgada, y una segunda, que tiene que ver con recursos posteriores y a futuro ante el Tribunal Supremo.

La presentación de estos argumentos en las cuestiones previas del juicio servirá posteriormente como un argumento potente de recurso ante el Tribunal Supremo, si, como prevén en el entorno de Sánchez, el caso Begoña Gómez se alarga tanto en la pelea judicial.

La esposa del presidente del Gobierno se prepara para afrontar un juicio con jurado popular, pero en Moncloa, si bien admiten que tiene que prepararlo a fondo, aconsejan emplearse igualmente en las cuestiones previas, esgrimiendo la doctrina Botín y sabedores de que esa interpretación, que fue matizada posteriormente por la doctrina Atutxa (se puede sostener una causa solo con las acusaciones populares siempre que se esté tratando de un delito colectivo, impersonal o que afecte a la sociedad), solo les será válida parcialmente.

Precisamente, en Moncloa entienden que la doctrina Atutxa es la que permitirá mantener en su totalidad el caso Begoña Gómez por lo que respecta al presunto delito de tráfico de influencias.

Las acusaciones piden un total de 13 años de prisión para la esposa del presidente del Gobierno por la comisión de varios presuntos delitos: dos por tráfico de influencias, ocho años por un delito de malversación y otros tres por un delito de malversación continuada. Asimismo, solicitan otros seis años para su asesora, Cristina Álvarez. Es precisamente en ese tramo de la malversación en el que, según fuentes del Gobierno, encaja la doctrina Botín.