España
'Caso Koldo'

El ministro Torres endosó a la UE el pago de las mascarillas de la trama Koldo sabiendo que eran ‘fake’

El Gobierno canario (PSOE) pagó a Soluciones de Gestión más de 2 millones por un pedido con mascarillas defectuosas

  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

El Gobierno de Canarias presidido por el ahora ministro Ángel Víctor Torres supo en abril de 2020 que una partida de las mascarillas entregadas por Soluciones de Gestión SL -los socios de Koldo García- no cumplía con los requisitos para ser considerada FFP2, las mascarillas de más alta calidad y capacidad de filtrado, como así había hecho creer la empresa. Pese a ello, más de un año después, el Ejecutivo socialista recurrió a la financiación de la UE para sufragar los costes de este suministro.

Según la documentación incorporada a este expediente, al que ha tenido acceso OKDIARIO, las mascarillas de Soluciones de Gestión se recibieron el 23 de abril de 2020 en el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, donde fueron examinadas por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. En sendos informes con fecha 27 de abril y 24 de julio de 2020 se indicó que las mascarillas no podían considerarse «aptas para su uso sanitario como FFP2», debido a las deficiencias observadas durante el examen. El número de mascarillas afectadas ascendió a 837.800 unidades, valoradas en 2.094.500 euros.

El 22 de julio de ese año, el Gobierno canario puso en conocimiento de Soluciones de Gestión que una parte de sus mascarillas eran fake. Un mes después, el 20 de agosto de 2020, se remitió otra muestra al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Sevilla, también para su valoración, corroborando unos días después este organismo que, por los ensayos de «eficacia de filtración frente a aerosol», los modelos no eran compatibles con el tipo FFP2. «Los ensayos realizados se detuvieron cuando se alcanzó una lectura de penetración estable superior al requisito de penetración para FFP1», se apunta en el expediente del contrato, al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Como solución, la empresa para la que intermediaba Koldo García -asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes- ofreció al Gobierno de Torres rebajar el precio de esas mascarillas defectuosas, «valorándolas como mascarillas quirúrgicas al precio de mercado del mes de abril» y completar el pedido con 555.000 mascarillas -éstas sí FFP2- hasta alcanzar el importe final de 2.095.018 euros.

El Ejecutivo socialista aceptó, pagando así finalmente 707.518,50 euros (a 0,845 euros la unidad) por estas mascarillas fake y 1.387.500 euros por otras 555.000 mascarillas, estas sí, de tipo FFP2.

El 10 de junio de 2021, el Servicio Canario de Salud modificó el expediente para que la financiación de las mascarillas corriese a cargo de la Unión Europea.

Fondos UE

Que el Gobierno de Torres cargase a los fondos UE los contratos de la trama Koldo no es un asunto menor. De hecho, la Comisión Europea ya está en alerta y ha remitido el caso a la Oficina Europea Antifraude (OLAF) para que realice una investigación exhaustiva.

La preocupación por el posible uso irregular de dinero europeo por parte del Gobierno de España o de las administraciones autonómicas socialistas para pagar a la trama Koldo es evidente. En respuesta a OKDIARIO, las autoridades comunitarias advirtieron esta semana que se «tomarán todas las medidas necesarias para proteger el presupuesto de la Unión Europea» y advierten de la «política de tolerancia cero con el fraude».

«Los fondos de cohesión deben utilizarse de acuerdo con los requisitos regulatorios y los objetivos de la Política de Cohesión», añadió un portavoz comunitario a este periódico.

La Comisión espera que los países de la Unión Europea «tengan el mismo nivel de tolerancia cero con respecto al fraude» y recuerda que esos países «son los responsables de la gestión sólida de aproximadamente tres cuartos del presupuesto europeo, así como los beneficiarios de los fondos».

La Fiscalía Anticorrupción ya remitió en junio pasado a la Fiscalía Europea varios de los contratos firmados por los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias, entonces en manos del PSOE -por un importe de 15,3 millones de euros-, al entender que «podrían afectar a fondos de la Unión Europea» por estar financiados con dinero comunitario.