Más de 4.000 jueces y fiscales de España apoyan la huelga mientras Delgado se marcha a Francia

Más de 4.000 jueces y fiscales de toda España exigen al Ministerio de Justicia más medios materiales y humanos, una mejora salarial y reforzar la independencia judicial durante la jornada de huelga de la justicia que se celebra este lunes, según los datos de las asociaciones de jueces y fiscales. Mientras, la ministra Dolores Delgado se ha marchado de viaje y se encuentra en un foro que se celebra en Estrasburgo (Francia).

Por la tarde, el CGPJ rebajaba el dato de las asociaciones de jueces asegurando que el paro ha sido secundado por 2.559 jueces y magistrados. Por su parte, la Fiscalía General del Estado señalaba que 1.004 del total de 2.473 fiscales han apoyado la huelga.

Es decir, según los datos de las asociaciones el paro ha sido ratificado finalmente por algo más de 4.000 jueces y fiscales y según los datos del CGPJ, esta cifra se reduciría en 500 jueces, hasta un total de 3.500 representantes de la judicatura y del Ministerio Público.

Las siete asociaciones de jueces y fiscales han convocado un paro laboral tras reunirse varias veces con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y no recibir ninguna «oferta concreta» en relación a sus demandas. Unas reclamaciones que la titular de Justicia conoce de primera mano, pues son las mismas que se expresaron el pasado 22 de mayo contra el Ministerio dirigido por el ‘popular’ Rafael Catalá.

De los 87 jueces que trabajan en la Audiencia Nacional solo seis han secundado la huelga: el magistrado de la Sala de Apelaciones, Eloy Velasco y otros cinco de la Sala Contencioso-Administrativo. En cuanto al Tribunal Supremo, de 77 magistrados, seis han comunicado su participación en el paro laboral: Pedro José Vela y Rafael Salazar, de la Sala de lo Civil; Francisco Monterde, de lo Penal; y Sebastián Moralo, María Lourdes Arastey y José Manuel López García de la Serrana, de la Sala de lo Social.

Aún así una treintena de magistrados han mostrado su apoyo a esta huelga en un manifiesto, al igual que lo han hecho los presidente de los Tribunales Superiores de Justicia que han recordado que no pueden sumarse a la movilización porque su «posición institucional» como máximos representantes del Poder Judicial en cada Comunidad Autónoma se lo impide.

Por todo ello, las asociaciones esperan que Delgado haga «exigible» a sus compañeros en el Consejo de Ministros y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todo lo que entonces reclamó, ha subrayado la juez decana de Madrid, María Jesús del Barco, perteneciente a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Se trata de más independencia judicial, una dotación mayor de medios materiales y humanos para hacer frente a unas cargas de trabajo «saludables», la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (que establece el límite de tiempo para la instrucción de causas penales). También unas retribuciones «dignas» y recuperar y actualizar los permisos y licencias.

Un foro en Estrasburgo 

Por su parte, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, no ha centrado su actividad de hoy en el seguimiento de la huelga y se encuentra en Estrasburgo (Francia) participando en el Foro Mundial para la Democracia de 2018.

Además de esta jornada de paro, para hacer más visible esta segunda movilización conjunta por todas las asociaciones — y la tercera que hacen jueces y fiscales en España–, se han concentrado en las puertas de las principales sedes de cada ciudad para leer un manifiesto. En el caso de Madrid, los juzgados elegidos han sido los de Plaza de Castilla, donde la decana, María José del Barco, miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), se ha encargado de dar voz a las reclamaciones.

«Hoy más que nunca» ambas carreras han tenido que «salir a defender el Estado de Derecho y la separación de poderes», afirma el manifiesto. Sobre todo en un momento en el que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue siendo elegido por los partidos políticas, lo cual «va a generar siempre dudas sobre la independencia de la Justicial».

Además, con este sistema de elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces continúa «el riesgo evidente de mermar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, y, en última instancia, en el propio Estado de Derecho», añade el manifiesto.