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Marlaska pagará 8 millones, un 18% más, por las balas de la Guardia Civil tras vetar al proveedor israelí

El contrato previo debía durar hasta 2027, pero se rescindió tras el veto a la importanción de material de defensa israelí

El precio, con impuestos incluidos, se elevaría hasta los 9,1 millones de euros por no poder contratar con IMI Systems

El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska va a pagar 8,1 millones de euros, un 18% más de lo que había planificado gastar hace unos meses, por las balas de 9 milímetros de la Guardia Civil. Este aumento del gasto se produce después de vetar al proveedor con la mejor oferta económica y técnica, IMI Systems. Esta empresa de origen israelí había ganado el contrato anterior por 6,8 millones de euros, pero se rompió el contrato cuando se aprobó el veto del Gobierno de Pedro Sánchez a la importación de armas de Israel.

La Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil ha licitado un contrato por valor de 8.100.000 de euros para el suministro de munición 9 milímetros para diversas Unidades de la Benemérita. Concretamente, se trata de la cartuchería 9×19 mm PB NATO, 9×19 mm NO TOX y 9×19 mm semiblindada.

La compra de esa misma munición se había formalizado hace apenas 10 meses por un valor muy por debajo del precio al que se ha licitado ahora. En abril de 2025, el contrato para esa cartuchería era un 18% inferior, es decir, 6,4 millones de euros.

Polémica con socios de Gobierno

El problema viene de octubre de 2024. Entonces se hizo público que España iba a ejecutar la compra de balas de 9 milímetros para diversas Unidades de la Guardia Civil a la empresa israelí IMI Systems. La compañía del Estado hebreo había sido la adjudicataria de dos de los tres lotes que entonces había licitado Interior: la Cartuchería 9×19 MM PB NATO y la semiblindada. En ese momento, la presión de sus socios de extrema izquierda empujó a Sánchez a anunciar que se rescindiría el contrato.

Sin embargo, en abril de 2025, el Ejecutivo cambió el sentido de aquella decisión y el ministro del Interior acabó firmando la compra de balas israelíes. Y no se lo notificó a Sumar, partido de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, que se oponía a ello.

Entonces, Izquierda Unida y otros miembros de la coalición magenta amenazaron con salir del Ejecutivo de coalición de Sánchez. Finalmente, con esa advertencia encima de la mesa, el Gobierno dio marcha atrás y anunció que rescindiría el contrato.

Esto no se hizo oficial hasta unos meses más tarde. En septiembre de 2025, Sánchez anunció el embargo de armas a Israel. El Gobierno aprobaría un decreto para dejar de comprar y vender este tipo de material al país hebreo. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, insistió en que se trataba de un «embargo total de armas a Israel» en el que se vetaba la compra y venta de «todo el material de defensa y material de doble uso».

Así, Interior hizo oficial la resolución del contrato de suministro para la adquisición de munición a finales de septiembre de 2025. Es decir, rompió con la empresa en cuanto tuvo las herramientas legales para hacerlo tras varios meses de cambios de opinión.

«Imposibilidad legal sobrevenida»

«La causa de resolución de los contratos con IMI Systems LTD se fundamenta en el artículo 211.1.g de la LCSP, por imposibilidad legal sobrevenida, derivada de la prohibición de importar material de defensa desde Israel materializa por la denegación de la licencia de importación por parte de la autoridad competente, constituye una imposibilidad legal sobrevenida que activa esta causa de resolución del contrato», podía leerse en el documento de Interior que vetaba la compra a la compañía israelí.

Ese contrato anterior tenía una vigencia de 27 meses, a contar desde el momento de la formalización del contrato, es decir, en abril de 2025. Por tanto, tendría que haberse extendido hasta el 2027, por lo que se hizo necesaria una nueva licitación.

Ahora, el Gobierno se ha apresurado a licitar otro contrato pero tiene que elevar el presupuesto base de licitación ya que las balas de IMI System, al ser el que podía ofrecerlas al mejor precio. El precio ahora pasará a ser de 8.100.000 de euros, un precio que, impuestos incluidos, se elevaría hasta los 9.801.000 euros.