Marlaska ordena ocultar toda la información de Interior con la excusa de proteger «los intereses de España»

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 16/02/2026 05:46
  • Actualizado: 16/02/2026 09:00

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, prepara una orden para blindar la información «clasificada» y «sensible» de su departamento. Según el borrador, al que ha tenido acceso OKDIARIO, podrá ocultar la información con el simple argumento de que su difusión «pueda causar una amenaza o perjuicio para los intereses de España». Un pretexto amplio que, en la práctica, le permitirá impedir la difusión de determinadas informaciones que no sean de su interés.

Marlaska prepara esta orden mientras el Proyecto de Ley de Información Clasificada, aprobado en julio pasado en el Consejo de Ministros, permanece aún encallado en el Congreso de los Diputados. Cabe recordar que esta norma ha sido muy discutida por distintos organismos, entre ellos el Consejo de Estado, que advirtió en su dictamen que las altísimas sanciones -de hasta 2,5 millones para quien publique información declarada como «alto secreto»- pueden «desincentivar el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de información».

La orden de Interior establece dos nuevos grados de clasificación en relación a la ley de 1968, actualmente aún vigente: confidencial y difusión limitada.

Según el texto, se podrá blindar cualquier «información cuya revelación no autorizada o utilización indebida pueda causar una amenaza o perjuicio para los intereses de España» en ámbitos como «el efectivo desarrollo de las políticas del Estado o el funcionamiento del sector público»; «las negociaciones políticas o comerciales de España frente a otros estados»; «los intereses económicos o industriales»; «el funcionamiento de los servicios públicos»; «la prevención, detección e investigación de delitos» o «cualquier otro que pueda causar una amenaza o perjuicio para los intereses de España». Por su parte, el grado de difusión limitada se refiere a información cuya difusión se considere «contraria a los intereses de España».

En paralelo, el ministro del Interior designa hasta diez cargos como «autoridades de clasificación»: desde él mismo hasta los directores generales de Policía y Guardia Civil, el titular de la Secretaría de Estado de Seguridad, de la Subsecretaría del Interior, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, así como los responsables de la Dirección General de Coordinación y Estudios, la Dirección General de Política Interior, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, y la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad.

Cuando estos cargos estimen «que una información debe ser clasificada, se instará el procedimiento de clasificación mediante la presentación de una propuesta de clasificación, con expresión de la concreta amenaza o perjuicio para los intereses de España, y la duración que debería tener esta clasificación o el plazo en el que esta debería revisarse para su mantenimiento, supresión o modificación del grado».

La información considerada sensible podrá ser calificada de uso oficial, de uso interno o de uso público. En este último caso, se permitirá que «puede ser divulgada, distribuida o facilitado su acceso» pero, se advierte, «con las limitaciones» que se determinen.

La orden crea varios entes encargados de velar por la «protección» d ela información, como el Servicio de Protección de la Información Clasificada del Ministerio del Interior. 

Marlaska justifica que su ministerio «custodia información que, por su naturaleza, debe ser protegida y regirse por los principios de confidencialidad y necesidad de conocer, y siendo objeto de una clasificación de seguridad por el perjuicio que pueda suponer que por personas no autorizadas se acceda a gran parte de las materias previstas en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre como objeto de acceso limitado».

«La clasificación de seguridad debe justificarse ponderando los derechos fundamentales en juego de manera que no se trate de una decisión arbitraria, sino basada en un presupuesto legal habilitante que justifique la restricción del acceso a la información para evitar los perjuicios señalados», añade.

Ley de Información Clasificada

La Ley de Información Clasificada es una de las promesas del Gobierno al PNV. En la actualidad, esta norma, largamente postergada, permanece bloqueada en el trámite de enmiendas en el Congreso de los Diputados.

El texto de la ley ha recibido, no obstante, las críticas de distintos órganos, como el Consejo de Estado, el Consejo de Transparencia o el CGPJ. Especialmente, en lo relativo al régimen sancionador, con multas que llegan a los 2,5 millones. El informe del Consejo Fiscal -firmado por Álvaro García Ortiz, fiscal general ahora condenado- advertía de la «desproporción» de estas sanciones y su «indeseable efecto disuasor». Idéntica crítica trasladó el Consejo de Transparencia, avisando de su impacto sobre «la libertad de expresión». «Ello alejaría del debate público democrático demasiadas cuestiones relevantes», añadió.

Según la ley, el órgano encargado de tutelar los secretos de Estado será la autodenominada Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, que dependerá del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

En su defensa, el ministro Félix Bolaños alegó que la seguridad y defensa nacional «no son una broma». «Avanzamos como una democracia madura», opinó.