Marlaska incentiva la salida de presos mientras sólo destina 122.000 euros a programas de seguimiento

El Ministerio del Interior de Grande-Marlaska, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dedica a nivel nacional únicamente 122.000 euros al programa para la ejecución y seguimiento de las penas alternativas a la privación de libertad de presos. Así figura en el plan de subvenciones del ministerio para 2021-2023. Mientras, el ministerio incentiva con pluses a los directores de prisiones la concesión de terceros grados, tal y como han denunciado sindicatos de prisiones tras el asesinato del niño Alex en Lardero (La Rioja).

Según figura en la base de datos oficial de subvenciones que gestiona el Ministerio de Hacienda, el pasado 21 de octubre un total de 21 asociaciones y plataformas recibieron una ayuda económica por parte de Instituciones Penitenciaras para un programa de ejecución y seguimiento de presos que acaban de salir de prisión. En suma, las subvenciones alcanzan los 122.000 euros.

Ése es todo el dinero que destina el Ministerio del Interior a estas tareas, tal y como figura en la orden ministerial 1283/2020 por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio del Interior para el periodo 2021-2023.

El objetivo de esas ayudas son personas condenas al cumplimiento de penas y medidas alternativas a la pena de prisión, asistencia a penados en libertad condicional «para su acompañamiento durante este último período de condena» y penados clasificados en tercer grado de tratamiento penitenciario. Presos como Francisco Javier Almeida, presunto asesino de Alex en Lardero.

En la práctica, estas ayudas van dirigidas a que sean asociaciones y organizaciones no gubernamentales las que se hagan cargo del seguimiento de esos presos en libertad condicional. Según Interior, buscan «facilitar la ejecución y seguimiento de las medidas alternativas a la pena privativa de libertad y determinados programas de atención social». En la práctica consiste en talleres de reeducación y reinserción social, cuyo objetivo último es, básicamente, que alguien preste atención a esos presos y, en caso de que fuese necesario, de la voz de alarma ante un comportamiento sospechoso.

Esos 122.000 euros se antojan escasos en comparación con las partidas de bonus e incentivos que distribuye Interior entre los directivos de cárceles que más terceros grados y penas alternativas a la privación de libertad aplican. Bonus que pueden alcanzar hasta los 4.000 euros anuales, según un documento del sindicato ACAIP.

El asesino de Lardero

En otros casos es la propia familia quien tiene que hacerse cargo del preso, como en el caso de Lardero. Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, necesitaba «controlar» de alguna manera a Francisco Javier Almeida, depredador sexual. Cuando Almeida obtuvo el tercer grado en abril de 2020 los asistentes sociales de Instituciones Penitenciarias de Logroño convencieron a Rosa, hermana del ahora detenido, para que lo acogiese en su casa porque ya estaba reinsertado.

Es una práctica común que desde la prisión un asistente social intente que el familiar de un preso se haga cargo de él cuando obtiene el tercer grado, lo que es de facto estar libre, aunque sea de manera provisional.

La hermana de Almeida se siente ahora engañada por Instituciones Penitenciarias, ya que tras buscar otros familiares, el asesino tiene hermanos varones más jóvenes, convencieron a Rosa de que su hermano mayor se había reinsertado y no era un peligro para la sociedad, ya que era la única dispuesta en la familia «no a perdonarlo por su atroz crimen de la inmobiliaria, pero sí a acogerlo», explican a OKDIARIO fuentes cercanas a la familia.