Justicia incumple los mínimos sanitarios en la reapertura de los tribunales

Una única mampara para los detenidos y los testigos, micrófonos sin tapar, metacrilatos de protección entre el público y el estrado pero jueces, secretario, funcionarios, abogados y fiscales codo con codo sin elementos de protección y ventanas cerradas. Ésta es la situación real de miles de juzgados y salas de vistas en toda España que, desde el pasado martes, han comenzado la desescalada prevista por Justicia para la plena apertura de los tribunales el próximo día 24 de mayo. En plena fase 1 y con el 30 % de la plantilla reincorporada a sus puestos de trabajo, el Ministerio que dirige Juan Carlos Campo avanza con su plan sin garantizar los recursos sanitarios para minimizar el riesgo de contagios por coronavirus.

Fuentes judiciales confirman a OKDIARIO que algunas Salas de Gobierno de Tribunales Superiores de Justicia, entre ellos el de Canarias, para los que se había programado la modalidad telemática preferente «no han podido retomar la actividad porque han fallado los medios telemáticos».

En otros casos, como el de la comunidad autónoma andaluza, no han comenzado a instalarse las mamparas plásticas estancas que deben aislar a los jueces, fiscales, abogados y procuradores, entre sí, en las salas de vistas, con una única excepción, «la provincia de Jaén, donde de manera aislada algunas instalaciones judiciales sí cuentan con ese privilegio», manifiestan las mismas fuentes. Unas mamparas que parecen «puertas de terraza» y que en muchos casos «se han instalado entre el público y el estrado, como si sólo los asistentes a las vistas pudiesen contagiarse», añaden.

Justicia fijó las pautas para la desescalada de los tribunales, en tres fases, en el ‘Esquema de Seguridad Laboral y Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante la COVID-19’ diseñado por el ministerio sin contar con el consenso de los principales implicados.

El documento incluyó una guía de salud laboral -adaptada a cada una de las fases de la desescalada y en función de los turnos, de mañana o de tarde, del personal de la Administración de Justicia- donde se establecía el uso de equipos de protección individualizada (EPIS) para toda la plantilla y un esquema de aplicación de ámbito estatal, que no se está cumpliendo. Quienes han vuelto al trabajo presencial el pasado martes día 12, no han encontrado ningún cambio respecto de cómo dejaron las instalaciones judiciales antes del confinamiento decretado por el Gobierno.

«No ha cambiado nada»

«No ha cambiado nada», asegura la magistrada Natalia Velilla. En los juzgados de lo social de la madrileña calle Princesa, «no hay un movimiento especial que denote que se están instalando medios adicionales. Es más, los sistemas de protección, sin reprogramar señalamientos no tendrán ningún sentido», añade. Los jueces tendremos que «volver a fijar citas para todos los casos paralizados durante el estado de alarma y al mismo tiempo ir incluyendo en agenda los nuevos. Para dar respuesta normalizada a todos ellos, no basta con un doble turno de mañana y tarde, sería necesario personal de refuerzo e incluso un segundo edificio que permitiese optimizar el máximo de personas que pueden estar simultáneamente en las sedes judiciales para cumplir con la normativa de Sanidad. Algo que no está ocurriendo», lamenta la que es miembro de la Junta Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.

Los magistrados dan por perdido el mes de mayo y advierten que no estarán funcionando al ritmo ordinario hasta, como mínimo, después del verano

En el mismo sentido se pronuncia Concepción Rodríguez, magistrada y presidenta de la asociación profesional Foro Judicial Independiente (FJI): «Nosotros entendemos que faltan medios tecnológicos adecuados, como plataformas y sistemas de digitalización, para poder reanudar la actividad. Deberían pautarse normas claras y uniformes para todo el territorio nacional sobre cómo y cuándo reanudar las vistas, gestionar los casos de funcionarios con patologías previas, previsiones para el suministro y uso de EPIS, indicaciones sobre atención al público cuando se reanude totalmente la actividad…». Además, desde FJI mantienen su exigencia a la realización de PCR a todos los funcionarios, jueces y fiscales «dado que podemos convertirnos en focos de propagación del virus», señala Rodríguez.

«Los ciudadanos deben tener la certeza de que los jueces hemos seguido trabajando hasta ahora, a pesar de la escasez de medios, con compromiso, esfuerzo y voluntad para garantizar el funcionamiento de la Justicia», subraya María Jesús del Barco. La juez decana de los magistrados madrileños recuerda que «como el mando único lo ha asumido el Ministerio, será quien deba decidir y hacer que se cumpla ese plan de desescalada que se ha aprobado, sin el consenso de los profesionales, si de verdad queremos que un servicio esencial para un Estado de Derecho, como la Justicia, vuelva a la normalidad. Y para ello será preciso que se adopten medidas para que los edificios judiciales reúnan las condiciones necesarias en materia de prevención, haciendo las inversiones que corresponda para adaptarlos al nuevo escenario».

Por su parte, el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, diputado del ICAM, considera que «no podemos volver a una Administración de Justicia post COVID-19 con los mismos medios económicos, humanos y legales de tiempos anteriores». «No se trata sólo de la implementación de mamparas, e hidrogeles y de guardar las distancias de seguridad sino de una reforma legislativa y de órdenes ministeriales que obliguen taxativamente al uso de medios telemáticos siempre que sean necesarios y posibles, como la asistencia a presos en prisión o las declaraciones de testigos. No podemos tener una justicia de 1882 con problemas de 2020, y más, con el peligro y la amenaza constante de una nueva epidemia», concluye.