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CONGRESO

Junts, PNV y Bildu votarán ‘no’ a la ‘Ley Begoña’ que amordaza a la acusación popular

El Gobierno utilizó la fórmula de la proposición de ley dando por descontado el aval de sus socios

Las prisas de Pedro Sánchez por blindarse en el caso Begoña mediante la proposición de ley del PSOE que busca restringir la acusación popular en los procesos judiciales no parece que vaya a llegar muy lejos. Socios del Gobierno como Junts, PNV y Bildu votarán no a la iniciativa socialista, registrada por sorpresa el pasado viernes en el Congreso, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes parlamentarias.

El Gobierno utilizó la fórmula de la proposición de ley dando por descontado el aval de sus socios, una actitud que definen como «soberbia y chulesca» y que comienza a agotar la paciencia de sus apoyos parlamentarios. A los socios de Sánchez no se les escapa que la propuesta del PSOE para limitar este derecho parte del cerco judicial que afecta a diversos cargos socialistas y a sus familiares. Y no están dispuestos a pasar por el aro sólo porque eso beneficie a un Sánchez cada día más cerca de la imputación y el banquillo.

En el caso de Junts, que ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad contra lo que ya se conoce como Ley Begoña, rechazan la exclusión de la acusación popular de la fase de instrucción porque no se fían de que ésta quede en manos de la Fiscalía y supondría «una reforma encubierta de la Constitución».

«El PSOE debe decidir si quiere derribar las paredes maestras o no», ha desafiado Nogueras, quien ha criticado que los socialistas no hubieran actuado antes contra lo que su partido denomina «lawfare» y «dictadura de las togas». Según Junts, si el PSOE hubiera tomado medidas anteriormente, «la politización de la Justicia» no habría afectado al independentismo durante años.

«Se queda muy corta, cortísima», ha afirmado tajante Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso. La formación que lidera Carles Puigdemont, aunque reconoce que limitar la acusación popular de los partidos políticos es «razonable», considera que es «insuficiente, limitada y no aborda el problema de fondo».

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, avisó este sábado a PNV y Junts que serán «cómplices de la corrupción» si apoyan en el Congreso de los Diputados la mordaza judicial impulsada por el PSOE de Pedro Sánchez. Así lo ha advertido la número dos del partido de Alberto Núñez Feijóo desde el retiro en Asturias que mantuvieron este fin de semana la dirección del PP y sus presidentes autonómicos.

«Matar a la acusación popular»

Las acusaciones populares de los casos Begoña Gómez, Koldo y contra el fiscal general del Estado creen que la proposición de ley registrada por el PSOE para limitar su figura «mata» a la acusación popular y busca «blindar» al Gobierno, toda vez que podría suponer que algunas de ellas quedaran fuera de los procedimientos.

Para la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) -acusación en Koldo y que ha representado al PSOE en otros casos- la propuesta es «una ocurrencia, una barbaridad y hace imposible el ejercicio de la acusación popular».

Por su parte, Hazte Oír -que ejerce la acusación popular en el caso Begoña Gómez y en Koldo- ha calificado la propuesta de «ley de Punto Final que pretende instaurar el pensamiento único en el ámbito judicial», lo que a su juicio supone «un primer paso hacia una dictadura silenciosa».

Luis Pardo, el abogado y presidente de Iustitia Europa, ha recordado que en Europa «existe el Ministerio Fiscal que goza de neutralidad, imparcialidad e independencia respecto del Gobierno de turno». Esto no es así en tanto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «apuntó que la Fiscalía dependía del Ejecutivo». «En España el fiscal (general del Estado) se encuentra imputado», ha afirmado.

«¿Por qué entonces quieren eliminar las acusaciones populares? Porque eliminando a los ciudadanos de posibilitar acudir a la Justicia para denunciar al político de turno lo que hará será tener mayor impunidad. Tienen impunidad por dos vías: el aforamiento y anular a las acusaciones populares para que no podamos estar presentes en los procedimientos a fin de que los responsables que se hayan corrompido paguen ante la Justicia», ha apostillado.

El abogado de la asociación Liberum, Alexis Aneas, ha afirmado que el texto es confuso y ha añadido que «si lo que se pretende con esta modificación legislativa es que las asociaciones de cualquier clase privada no puedan ser acusaciones populares y que esta responsabilidad recaiga única y exclusivamente ante las personas físicas, sería una vulneración flagrante del artículo 22 de nuestro texto constitucional».

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, considera que la propuesta «supone de una manera flagrante la restricción de un derecho fundamental», contenido en el artículo 125 de la Carta Magna. «Una ley orgánica, por muy orgánica que sea, no puede restringir un derecho fundamental», ha incidido.

En este contexto, ha mostrado su sorpresa por el hecho de que el texto no haga «ni la más mínima referencia al Ministerio Público». «Un Ministerio Público sectario y dependiente del Ejecutivo, tal y como ha manifestado Pedro Sánchez, es vergonzoso», ha lamentado.

Bernad ha sostenido que no se tratan de recortes de prensa, sino «notitia criminis». «Estamos acostumbrados a que cualquier juez de España muchas denuncias y querellas las esté rechazando de plano porque no tienen la misma consistencia. Que no nos hagan ver que son sólo recortes de prensa, porque si así fuera el juez valoraría y diría que no tiene consistencia», ha añadido.