Junqueras y los exconsellers de ERC acatarán el 155 por «imperativo legal» para salir de prisión
Junqueras desde prisión: "Si el precio de la libertad es la cárcel, no renunciaremos nunca a la libertad"
El Tribunal Supremo asume la causa contra Puigdemont
El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y los exconsellers de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) encarcelados en las prisiones de Estremera y Alcalá Meco, acatarán ante el juez Pablo Llarena la aplicación del artículo 155, aunque matizan que lo hacen desde la más absoluta discrepancia y «por imperativo legal».
En el escrito que este martes dirigirán al magistrado del Tribunal Supremo, qué ahora dirige la causa contra el exgobierno de la Generalitat, harán explícito que lo aceptan porque es un hecho, pero que lo acatan «por imperativo legal». En el mismo escrito, que presentarán las defensas una vez han visitado hoy a sus clientes y con el fin de volver a declarar ante la justicia, los exdirigentes del gobierno catalán aclaran que no renuncian en ningún momento a sus convicciones políticas, porque las consideran plenamente legítimas.
Los abogados de los miembros de ERC invocarán en el escrito al derecho a la participación política de Oriol Junqueras, Carles Mundó, Dolors Bassa y Raül Romeva y a su derecho de concurrir a los comicios del 21-D en igualdad de condiciones con el resto de candidatos políticos.
Pedirán la libertad porque son candidatos
Los consellers de la Generalitat cesados que están en prisión preventiva por orden de la Audiencia Nacional y el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, esgrimirán en el escrito que presentarán ante el TS que sn candidatos a las elecciones del 21 de diciembre para justificar que no hay riesgo de fuga.
Según han explicado fuentes judiciales, se solicitará la puesta en libertad provisional para los consellers cesados que están en listas electorales: Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, además de Sànchez (JuntsxCat), Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Carles Mundó (ERC).
Además, pedirán declarar para que el magistrado Pablo Llarena pueda conocer las circunstancias familiares y personales de cada uno y el hecho de que van a presentarse a las elecciones, para que pueda evaluar si sigue habiendo riesgo de fuga o de reiteración delictiva.
El principal argumento será el hecho de que se presentan a las elecciones convocadas por el Gobierno en base al artículo 155 de la Constitución y que son candidatos que prevén hacer campaña electoral.
Los cuatro exconsellers del PDeCAT –Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Meritxell Borràs– y los otros cuatro de ERC –Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó– están en prisión desde el 2 de noviembre, cuando declararon ante la jueza Carmen Lamela, entonces instructora de la causa.
En aquella ocasión, todos ellos se negaron a contestar a las preguntas de la Fiscalía y la magistrada les envió a prisión por posibles delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.
Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, también se encuentran en prisión provisional, en su caso desde el 16 de octubre.
El caso pasa al TS
Precisamente, este lunes la jueza de la Audiencia Nacional ha remitido al magistrado del alto tribunal la causa contra el Govern de Carles Puigdemont y contra los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, después de que Llarena ordenase el viernes pasado acumular la investigación sobre el proceso independentista que concluyó con la declaración unilateral de independencia de Catalunya hace hoy un mes.
Si Llarena decidiese finalmente citar a los exconsellers catalanes, Sànchez y Cuixart, se trataría de la primera declaración en el alto tribunal tanto para los ocho exmiembros del Govern encarcelados como para los líderes de las entidades soberanistas.
Tanto unos como otros han solicitado su puesta en libertad en reiteradas ocasiones, cuando la causa estaba en la Audiencia Nacional, tanto a Lamela como a la Sala de lo Penal.
Los exconsellers y los presidentes de ANC y Òmnium quieren aprovechar el cambio de juez y tratar así de dar un giro a la medida cautelar ordenada por Lamela, sobre todo viendo lo que ocurrió con los miembros de la Mesa del Parlament, incluida la presidenta Carme Forcadell, quienes sí han estado imputados ante el Supremo desde el principio.
Tanto Forcadell como Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet consiguieron eludir la prisión incondicional y que el juez les impusiese fianzas después de que renunciaran ante Llarena a la vía unilateral y acatasen la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
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