La juez ve indicios de prevaricación del socialista Pachi Vázquez como alcalde de O Carballiño

Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la jueza también decreta el sobreseimiento provisional respecto de la supuesta falsedad documental atribuida a Carlos Montes y la personación del Ayuntamiento como responsable civil subsidiario. El auto no es firme, ya que contra el cabe recurso ante el propio juzgado y ante la Audiencia Provincial de Ourense.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número dos de O Carballiño da por finalizada la investigación sobre estas contrataciones y pide que se siga la causa contra estas cinco personas «por si los hechos que se les imputan fuesen constitutivos de cinco delitos de prevaricación continuada».

Conforme señala el TSXG, la instructora concluye que «existen indicios de que los investigados», en el ejercicio de sus cargos, suscribieron «un gran número de contrataciones de personal laboral de duración determinada para el desempeño de labores de competencias municipal», en concreto, respecto de 60 trabajadores.

Estos contratos temporales que finalmente se convirtieron en indefinidos, fueron realizados por los ex alcaldes y ex concejales en representación del Ayuntamiento supuestamente «sin atender a los principios de igualdad, mérito capacidad y publicidad que deben inspirar la contratación pública», indica la jueza.

Asimismo, señala que los investigados, supuestamente, conocían las «advertencias y reparos de legalidad realizados en ocasiones por la interventora y el secretario». «En ningún caso pidieron informes sobre la legalidad de las contrataciones que efectuaban», añade la masgistrada.

Además, en el auto, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número dos de O Carballiño afirma que, pese a las búsquedas de documentación, tanto en requerimiento del TSXG como del juzgado, no pudieron hallar los expedientes «de la inmensa mayoría de los contratos obrantes en la causa».

Indicios

Con todo, la magistrada admite que también existen indicios que respaldarían algunos de los argumentos de las defensas, que alegan que hasta 2007 no había regulación específica de los procedimientos de selección de personal laboral al servicio de la administración local. Además, aseguran que existieron procedimientos de selección de los trabajadores, si bien los expedientes se hallarían dispersos en diversas dependencias municipales.

«En el presente caso obran indicios de diversa índole, la mayoría de ellos respaldando la versión sostenida por el Ministerio Fiscal en sus querellas y otros respaldando, al menos parcialmente, las versiones de las defensas», destaca la jueza, que recuerda que corresponde al órgano de enjuiciamiento «valorar la mayor o menor trascendencia de aquellos indicios de cara a integrar los requisitos jurisprudenciales del delito de prevaricación».

Ante ello, la titular del juzgado ha acordado dar traslado de la finalización de la investigación al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que, en el plazo de diez días, formulen sus escritos de acusación. En ellos, indica que las partes podrán pedir «la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias».