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SOCIEDAD

La juez de la pasarela de El Bocal (Santander) imputa a tres funcionarios por seis delitos de homicidio

La magistrada amplía la acción penal contra el antiguo jefe de Obras por la posible comisión de seis homicidios por imprudencia grave

El informe pericial apunta a una negligencia total en el mantenimiento de la estructura al utilizar un material inadecuado para la costa

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El trágico colapso de la pasarela de El Bocal en Santander, que el pasado mes de marzo se cobró la vida de seis jóvenes estudiantes y dejó herida a una séptima, sigue sumando responsables en los tribunales. La jueza instructora ha decidido ampliar la acción penal contra un tercer funcionario de la Demarcación de Costas en Cantabria, al que acusa de seis delitos de homicidio y uno de lesiones, todos ellos por imprudencia grave, debido a la «ausencia total» de mantenimiento de la estructura de madera desde su instalación en 2014.

La titular del Tribunal de Instancia de Santander estrecha el cerco sobre el Ministerio. El nuevo imputado es el que fuera jefe de Servicio de Proyectos y Obras desde que se construyó la infraestructura hasta el año 2023, momento en el que se jubiló. Su nombre se suma al de los otros dos altos cargos ya investigados: su sucesor en el puesto, Enrique Rodríguez Sánchez, y el jefe de la Demarcación de Costas, José Antonio Osorio.

Para la magistrada, la falta absoluta de inspecciones en la pasarela de El Bocal podría constituir una «negligencia grave» con consecuencias fatales. Por ello, la instructora justifica la imputación argumentando que este tercer técnico ostentó una «clara posición de garante y capacidad de actuar» durante casi una década, teniendo la obligación directa de promover, ordenar o verificar el mantenimiento del puente.

Materiales inadecuados en la pasarela de El Bocal

Las investigaciones se apoyan en un contundente informe pericial elaborado por un ingeniero de Caminos independiente. El experto achaca el letal fallo de la pasarela de El Bocal a la rotura de los herrajes de las vigas por una grave corrosión. La resolución del documento constata que la estructura «estaba abierta para su uso público sin ningún tipo de restricción» y que en su construcción se utilizó, aparentemente, un material «ciertamente inadecuado para toda estructura sometida a un ambiente exterior sin cubrir» en el mismo borde costero.

«La ausencia total de inspecciones presumiblemente impidió detectar deterioros estructurales», señala el auto judicial. Las escasas tareas de conservación fueron tardías y se centraron únicamente en la madera, dejando de lado los herrajes oxidados que finalmente colapsaron. Un deterioro no controlado que desencadenó el fatídico accidente en la costa cántabra.

Próximas declaraciones y forense

La jueza ha acordado además que el médico forense examine a la única superviviente de la tragedia para emitir un informe sobre sus lesiones. En paralelo, ha fijado el 15 de mayo como la fecha clave para tomar declaración a los tres técnicos investigados y practicar toda la prueba pericial judicial y de las defensas.

Por último, la instructora ha rechazado la petición del Ayuntamiento de Santander, que buscaba imputar al ingeniero que firmó el proyecto inicial de la estructura. La jueza aclara que este profesional solo fue responsable de un «subproyecto» o «anejo», el cual fue avalado y aceptado íntegramente por el director de la obra principal, quien sí figura como investigado en esta causa.