El juez no aplica la ‘doctrina Botín’ y juzgará al PP por destruir los ordenadores de Bárcenas

El juez Eduardo Muñoz ha confirmado este viernes en las cuestiones previas del juicio sobre la destrucción de los ordenadores de Bárcenas que no decidirá hasta que se dicte sentencia si debe aplicarse la ‘doctrina Botín’. Con esta decisión, el PP deberá permanecer en el banquillo y ser juzgado por la destrucción de los equipos informáticos del ex tesorero Luis Bárcenas.

Las acusaciones populares del Observatori Desc, Izquierda Unida y ADADE entienden que no puede aplicarse la ‘doctrina Botín’ en este proceso porque «la destrucción de los ordenadores perjudicó al interés público al eliminar pruebas del caso de la caja b del PP».

Además, el juez ha tumbado la última posibilidad de permitir la retransmisión del juicio. A la petición de la acusación de Izquierda Unida, ha contestado que tendría un «efecto estigmatizador» para los acusados, incluida la formación que preside Pablo Casado. El juez y el fiscal han respaldado la petición del PP, que solicitó que el juicio no fuese retransmitido por el perjuicio que podría ocasionarles a personas anónimas que deben acudir a declarar.

Un año y medio después de que la juez Rosa María Freire ordenara la apertura del juicio oral por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, en las próximas semanas se sentaran en el banquillo como supuestos responsables: el Partido Popular, por un delito de daños informáticos; la ex tesorera Carmen Navarro; el representante legal del PP Alberto Durán; y otro empleado del partido. Las personas físicas son juzgadas además por un delito de encubrimiento.

En el juicio sólo se han personado acusaciones populares dado que ni la Fiscalía ni Bárcenas han ejercido este derecho. Según las acusaciones, «existen sólidos indicios de que el PP borró y rayó 35 veces hasta su destrucción definitiva los discos duros de Bárcenas, con el objetivo de ocultar pruebas del caso de la caja B, que se investiga en la Audiencia Nacional».

El Partido Popular se enfrenta a una multa de 10.8 millones, a la suspensión de actividad durante 6 meses y a no poder recibir donaciones privadas durante cinco años.

El próximo jueves Bárcenas y Cospedal declararán como testigos del caso. El ex tesorero hacerlo por videoconferencia desde la prisión de Soto del Real pero el juez ha rechazado esta petición.