El juez investiga la contratación de 7 trabajadores ‘zombies’ de alta dirección en la antigua Imelsa

El juez investiga la contratación de 7 trabajadores ‘zombis’ de alta dirección en la empresa pública Divalterra, antigua Imelsa, en el marco de la ‘Operación Alquería’ que se ha saldado con la detención del presidente socialista de la Diputación Provincial de Valencia, Jorge Rodríguez.

El Juzgado de Instrucción nº 9 de Valencia ha coordinado dicha operación contra la corrupción con los agentes de la UDEF. Junto a Jorge Rodríguez, también han sido arrestados dos asesores y tres altos cargos de Divalterra, empresa dependiente de la Corporación Provincial dedicada al desarrollo socieconómico de los municipios de la provincia.

La causa, abierta por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos se inició en 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, se investiga la contratación de 7 empleados de alta dirección ‘zombis’ en Divalterra, antigua Imelsa. Dichos trabajadores habrían sido contratados «con total vulneración de las normas, con sueldos muy cuantiosos por realizar un trabajo muy cuestionable», ya que apenas tenían asignadas labores en la empresa.

Estas mismas fuentes apuntan que el Juzgado ha autorizado las entradas y registros para recabar la «documentación original» que podría estar alojada en los ordenadores y en los domicilios de los detenidos. Es decir, el objetivo era localizar los contratos sospechosos originales, ya que hasta el momento los investigadores sólo disponían de copias.

La actuación policial protagonizada por la UDEF permitirá así verificar que la documentación que hasta el momento da soporte a la causa es auténtica. No se descartan nuevas pesquisas que se puedan derivar de la documentación intervenida este miércoles.

La investigación tendrá que aclarar si los 7 trabajadores ‘zombis’ de alta dirección en Divalterra fueron enchufados por el PSOE o si donaban parte del sueldo al partido en lo que constituiría una financiación ilegal de los socialistas valencianos. Previsiblemente, Jorge Rodríguez, sus dos asesores y el secretario-letrado asesor pasarán el viernes a disposición del Juzgado instructor.

El conocido como caso Imelsa, protagonizado por la actual Divalterra, explotaba a principios de 2016 con la detención del expresidente de la Diputación de Valencia del PP, Alfonso Rus. Después, entraba en escena el autodenominado ‘yonki del dinero’, Marcos Benavent, que fue gerente de la empresa pública.

Posteriormente, el caso Imelsa desembocó en el caso Taula, que salpicó a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y que mantiene hoy imputados a 9 de sus 10 concejales actuales. Las tres causas, Imelsa, Taula y Alquería, han tenido en el epicentro a la empresa pública Imelsa, en la actualidad Divalterra.

La Operación Alquería

En el marco de la llamada “Operación Alquería”, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) practicaban este miércoles registros en la Diputación de Valencia, en las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Onteniente, y en la sede social de Divalterra (antigua Imelsa).

El magistrado instructor autorizaba también la entrada y registro en cuatro viviendas particulares: la del presidente de la Diputación y las de otros tres investigados.

En el dispositivo, que se activaba a las 07.30 de la mañana con registros simultáneos en las distintas sedes y viviendas, participaban, además de los agentes de la UDEF central desplazados desde Madrid, efectivos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de Valencia.