El juez García-Castellón amplía 6 meses la investigación de Tsunami por «terrorismo»

Manuel García-Castellón ha ampliado seis meses de la investigación de la causa contra Tsunami al faltar pesquisas que realizar y al estar pendientes el recurso ante la Sala de lo Penal, así como la decisión del Tribunal Supremo respecto a la exposición razonada elevada por el instructor. En un auto al que ha tenido acceso OKDIARIO, el magistrado rechaza la expiración del plazo alegada por el empresario investigado Josep Lluís Alay. La prórroga de la causa inicialmente llegará hasta el 29 de julio, sin perjuicio de nuevas prórrogas.

El magistrado apunta que, desde la provisionalidad de este momento de la investigación y, sin perjuicio de posteriores calificaciones, los hechos investigados serían susceptibles de ser calificados como delito de terrorismo según del Código Penal. Todo, ello, indica, a “la luz de la interpretación que de este delito se deriva de las finalidades previstas en las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo de 2017 relativa a la lucha contra el terrorismo y los tratados internacionales ratificados por España y por la Unión Europea». 

También menciona el artículo 1 del Convenio del Consejo de Europa para la lucha contra el terrorismo y sus anexos que contemplan los actos ilícitos dirigidos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971, como Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicio a la aviación civil internacional, adoptado en Montreal en febrero de 1988.

A mayor ahondamiento, García-Castellón reseña que de las diligencias ejecutadas se infiere indiciariamente que Tsunami fue una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva.

García-Castellón afianza que Tsunami fue fruto de una planificación efectuada por diferentes personas para la culminación de movilizaciones de gran envergadura, con vocación de permanencia, capaces de reunir una masa de personas de modo que comprometieran la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España.

El titular del Juzgado Central 6 de la Audiencia argumenta que Tsunami, tras meses de trabajo, se lanzó públicamente el 28 de agosto de 2019 como iniciativa de movilización social en respuesta a la sentencia del procés. Para el juez, resulta llamativo constatar cómo «se hace referencia a que Omnium informará directamente al presidente Carles Puigdemont, pudiendo considerar, en base a la información facilitada por la Guardia Civil que tanto esta fundación como Puigdemont podrían haber participado en la aparición de la organización, extremos que deberán esclarecerse en la investigación».

El instructor expone que la investigación está resulntando compleja y ha requerido actuaciones fuera del territorio nacional. Se trata de comisiones rogatorias y Órdenes Europeas de Investigación a EEUU, Suiza, Canadá, Países Bajos que dieron lugar a sucesivas ampliaciones, lo cual ha llevado periodos más largos para su ejecución.

Familiares del fallecido

En este marco, el juez recuerda que aún no se han concluido diligencias de auxilio internacional como la de Francia. En particular, recabar la declaración de los familiares del fallecido en el aeropuerto de Barcelona de un infarto durante las protestas, así como otra solicitud a Suiza para esclarecer la financiación de la organización.

Estas peticiones, así como otras diligencias de investigación acordadas recientemente –como los informes de Aena y El Prat sobre el bloqueo al aeropuerto de Barcelona–, hacen necesaria la prórroga de la instrucción de este procedimiento, concluye García-Castellón.