El juez da carpetazo definitivo a la causa contra los titiriteros del ‘Gora Alka ETA’

El Juzgado de Instrucción 46 de Madrid ha archivado la parte que aún permanecía viva de la causa abierta contra los dos titiriteros investigados por una obra interpretada en los carnavales de Madrid en la que expusieron una pancarta con el mensaje «Gora Alka-Eta».

El pasado junio, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno archivó provisionalmente el procedimiento respecto a la comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo. Ahora el juez de Madrid José María Escribano hace lo mismo respecto al delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.

Asegura en un auto al que ha tenido acceso Europa Press que no ha quedado «debidamente acreditada la perpetración» del ilícito. En la obra ‘La Bruja y Don Cristóbal’, interpretada en esperanto, la bruja mataba a su agresor, mientras que otro guiñol vestido de policía golpea a ésta hasta dejarla inconsciente. En ese momento se elaboraba la famosa pancarta como prueba falsa para depositarla sobre el cuerpo de la bruja para que sea acusada por un juez.

El delito que investigaba Plaza Castilla –el 510 del Código Penal– se refiere a la posible lesión de la dignidad de las personas o al odio dirigido a determinadas entidades o colectivos, que este caso serían las Fuerzas de Seguridad del Estado o la judicatura. El Juzgado 46 asumió esta parte del caso después de que la Audiencia Nacional alegara no tener competencia para investigarlo.

La defensa de los dos artistas, ejercida por el abogado Jaime Montero, ha recordado tras conocer el sobreseimiento que colectivos como la policía o los jueces no cuentan con protección expresa en el Código Penal ya que éste no abarca las profesiones.

El juez Ismael Moreno envió a los dos artistas a la cárcel, a petición del Ministerio Público, el pasado mes de febrero después de fueran detenidos tras representar la obra en el barrio madrileño de Tetuán. Cinco días más tarde, les dejó en libertad y les impuso comparecencias en el Juzgado. También les prohibió salir del territorio nacional.