Jueces y fiscales contra el Gobierno por su desprecio a la Fiscalía: “No respetan la separación de poderes”

Las críticas abiertas, rozando el desprecio, formuladas por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, a los informes de la Fiscalía contrarios a un posible indulto a los condenados por el 1-O, emitidos por los cuatro fiscales que juzgaron el golpe en Cataluña Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza y Jaime Moreno han abierto una nueva brecha entre los miembros de la judicatura y el Gobierno. Así, las fuentes consultadas por OKDIARIO han llegado a decir, sobre esta nueva injerencia del Ejecutivo: “No respetan la separación de poderes”.

El enfado dentro de la carrera judicial comenzaba este domingo cuando, José Luis Ábalos, preguntado por los indultos y la posición contraria de la Fiscalía respondía que, el Ejecutivo tiene «la obligación legal de tramitar los indultos y la obligación moral de aliviar tensiones que puedan dañar la convivencia», una explicación que a juicio de las fuentes tira por el suelo no sólo los informes del Ministerio Público, sino la propia resolución que adopte el Tribunal Supremo, pues ha manifestado su intención sin siquiera leerlos.

Pero si las palabras de Ábalos levantaban ampollas entre los miembros de la judicatura, lo dicho por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, directamente ha provocado el cabreo entre más de un juez y fiscal.

Calvo ha aseverado, durante una entrevista, que: «A cada quien le corresponde su parte: al Ministerio fiscal emitir su informe, a la sala también y al Consejo de Ministros tomar la decisión», y ha añadido que, «está absolutamente normada y se puede decidir en función de lo que emiten los informes o al contrario de lo que emitan los informes», para apostillar que todos los gobiernos han indultado: «A lo largo de 42 años nos encontramos todo tipo de ejemplos por parte de todos los gobiernos».

Mala interpretación

Pero si hay algo que ha dicho Carmen Calvo que ha molestado, y mucho, sobre todo entre los miembros del Ministerio Público, ha sido la interpretación de los informes. La vicepresidenta primera ha dicho que los informes de la Fiscalía sobre los indultos “abundan en una posición contraria de la propia Sala Segunda” que emitió la sentencia.

Calvo hacía referencia a la frase en la que los fiscales afirmaban: “Aún cuando el tribunal haya considerado finalmente que los hechos cometidos no tuvieron suficiente eficacia lesiva para el orden constitucional, es cierto que el propio relato de hechos probados acredita un cierto desbordamiento de los contornos legales propios de la sedición y la incursión de los mismos en la ejecución de algunos de los elementos típicos de la rebelión (alzamiento público, violencia, declaración de independencia, derogación de la Constitución, etc.)”.

OKDIARIO ha preguntado a fuentes de la Fiscalía General del Estado sobre este extremo. Así, las fuentes explicaron que desde un principio el Ministerio Público defendió la existencia del delito de rebelión pero, que asumen la sentencia condenatoria por sedición. Y añaden que este párrafo lo que explica “es la extrema gravedad de los hechos, pues no fue una sedición al uso, sino que la misma contenía varios elementos de la rebelión, aunque no los suficientes según el Supremo como para condenar por ese delito”.

Enfado

El enfado de la judicatura con el Gobierno de Pedro Sánchez viene de largo pues a las declaraciones sobre los indultos, hay que unir los cambios legislativos unilaterales que pretenden imponer y que han soliviantado a jueces y fiscales, e incluso a la Unión Europea.

El primero de ellos fue el anuncio del jefe del Ejecutivo de cambiar la mayoría necesaria para poder renovar el Consejo General del Poder Judicial. Actualmente es de tres quintos, pero Sánchez y su socio de Gobierno, Podemos, quieren cambiarlo a mayoría absoluta, lo que dejaría fuera de las negociaciones al PP. Este anuncio llevó a todas las asociaciones de jueces y magistrados a levantarse en armas contra la decisión.

Pero el Gobierno no sólo hizo ese anuncio, tan sólo un mes después presentó una Proposición de Ley para cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial y, así, evitar que el Consejo General del Poder Judicial pueda realizar nombramientos discrecionales mientras que esté en funciones. El enfado fue de tal calado, que incluso los vocales del órgano de gobierno de los jueces nombrados por el PSOE se ‘rebotaron’ con la decisión.

Sin embargo, el Gobierno ha hecho oídos sordos al clamor judicial, y ha solicitado que el Congreso de los Diputados trabaje en enero para poder tramitar la PdL y sacar adelante el cambio legislativo antes del mes de marzo. Es más, han aseverado que aunque se renueve el CGPJ este cambio legislativo seguirá adelante.