Jueces del Supremo detectan «enviados de Sánchez» al Tribunal Europeo para presionarle ante su sentencia de la amnistía

• Esther Jaén
• Corresponsal política en OKDIARIO. Colaboradora y analista política en radio y televisiones. Te leo en esther.jaen@okdiario.com
• • 24/04/2026 05:45
  • Actualizado: 24/04/2026 07:52

Varios jueces y fiscales del Tribunal Supremo han asegurado a OKDIARIO que recientemente han detectado «movimientos» y «recados» enviados al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), para tratar de presionarle ante su inminente sentencia sobre la Ley de Amnistía y sus efectos, siempre en defensa de las tesis del Gobierno de Pedro Sánchez. Los consultados señalan movimientos de altos funcionarios en Bruselas, de la eurodiplomacia, e incluso mencionan viajes de miembros de instituciones del Estado, como del Tribunal Constitucional y de su presidente, Cándido Conde-Pumpido.

Se espera que la sentencia en cuestión se haga pública en el mes de mayo o junio próximos. Pero en los días previos, las fuentes consultadas aseguran que les consta que hay «mensajes» enviados al tribunal con sede en Luxemburgo en dos sentidos: para «intentar fijar la idea de que la amnistía está asimilada y ha sido buena para la convivencia en España y para rebajar el conflicto catalán» y, en segundo lugar, para convencer a propios y extraños de que la Ley de Amnistía «es un tema de política nacional, avalado por el Tribunal Constitucional de España y que no compete a los tribunales europeos inmiscuirse en asuntos que no tienen que ver con las políticas ni los fondos de la UE».

Esta es la versión oficial de España, impuesta, por ejemplo, a la diplomacia española, y es la que los representantes de nuestro país difunden, según fuentes de la burocracia europea, tanto en Bruselas como en Estrasburgo y Luxemburgo, donde se halla la sede física del TJUE.

En este sentido, los consultados señalan a altos funcionarios españoles del entorno del propio comisario europeo de Justicia, el irlandés Michael McGrath. Varios de los consultados indican que su directora general, la española Ana Gallego Torres, cuya labor técnica impulsa prácticamente todos los asuntos del ministerio, es una pieza clave en esta estrategia.

Otras fuentes, vinculadas al TJUE aseguran que esta alta funcionaria está detrás de las observaciones recientemente trasladadas por la Comisión Europea al tribunal europeo sobre otro asunto, la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Sevilla.

En este escrito, la Comisión advirtió al tribunal con sede en Luxemburgo que es «manifiestamente incompetente» para entender sobre el amparo que el Tribunal Constitucional español concedió a los condenados por los ERE de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, con rebaja de penas incluida.

Aunque los miembros del Tribunal Supremo español consultados por OKDIARIO aseguran que «el TJUE es independiente y tomará la decisión que estime oportuna», no dudan que esa respuesta está directamente vinculada a la Ley de Amnistía, porque «está indicando al tribunal» que los ERE son asuntos de «índole local», que se resuelven por los tribunales de cada Estado miembro. Por la misma regla de tres, añaden los consultados, llegado el momento harán idéntica observación con respecto a la Ley de Amnistía española.

La visita de Pumpido

Además, apuntan estas fuentes que esta observación, que califican de  «extemporánea y alineada con las tesis de Sánchez y los independentistas», pretende marcar al TJUE el camino a seguir en las cuestiones prejudiciales ya  planteadas sobre la Ley de Amnistía, e incluso de otras que pudiesen presentarse en el futuro por parte del Tribunal Supremo.

Según los cálculos de las fuentes jurídicas consultadas, una nueva e hipotética cuestión prejudicial planteada por los magistrados del Tribunal Supremo  demoraría hasta dos años más la ejecución de la sentencia y, en su caso, la vuelta a España de Puigdemont.

Por si fuera poco, a los miembros del Tribunal Supremo consultados no se les ha escapado el viaje que recientemente realizaron el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido y el magistrado y exministro de Justicia Juan Carlos Campo a Luxemburgo, con motivo del Foro extraordinario de Magistrados, con el que conmemoraban el 25.º aniversario de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

Previa a esa visita institucional, la vicepresidenta del tribunal de garantías, Inmaculada Montalbán y la magistrada María Luisa Segoviano también participaron en otro evento, en este caso en el TEDH, donde, según testigos, se encargaron de «contextualizar» la amnistía ante sus colegas jueces europeos.