La izquierda valenciana recupera la agitación y propaganda para ocultar su nefasta gestión

Los políticos de la izquierda valenciana están radicalizando su mensaje llegando incluso a insultar y descalificar gravemente a sus adversarios en el Parlamento regional y en los ayuntamientos de la comunidad autónoma. La deriva está provocando incluso reprimendas públicas por parte de altos cargos, como en el caso del ayuntamiento de Valencia, donde el alcalde, Joan Ribó, ha criticado los mensajes publicados en Twitter por el responsable del área de movilidad del Consistorio, Giuseppe Grezzi, en los que se burló de la muerte de Miguel Blesa tras suicidarse con una escopeta de caza.

Otro de los ejemplos que ha generado una reprimenda pública, en esta ocasión por parte de las asociaciones de jueces, ha sido el protagonizado por la vicepresidenta del Consell, Monica Oltra, que considera que la política está por encima de los tribunales y que los jueces no pueden tumbar normativas que sean aprobadas en las cámaras regionales. Es decir, el argumento que sirve de base para instaurar un estado totalitario.

Esta verborrea descontrolada está provocando crisis recurrentes en los departamentos de comunicación de los líderes del tripartito valenciano y en los de los ayuntamientos de la comunidad autónoma. Fuentes de estas áreas señalan que en la actualidad “nadie controla los mensajes que se lanzan”, ni en las redes sociales ni en las improvisadas ruedas de prensa en las que los políticos responden los primero que se les pasa por la cabeza cuando ven a los periodistas con el micrófono en la mano.

“Toda Valencia ha escuchado a su alcalde diciendo que las Fallas son grotestas y que las hogueras de Alicante tienen más estilo; muchos en las redes alucinaron al leer a la vicealcaldesa socialista de Castellón poner a caldo en Twitter la gestión sanitaria de su consejera, Carmen Montón, asegurando que el Hospital General de su ciudad es un caos; y una concejala de Alzira casi levantó a toda la población de este municipio valenciano cuando se preguntó si todavía quedan iglesias o ya las han quemado todas”, indican las fuentes consultadas.

Mención aparte merece el departamento de Sanidad de la comunidad autónoma, con la consejera Carmen Montón al frente. La nueva aliada de Ximo Puig en el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) tras ser apartada por Pedro Sánchez ha sido pillada calificando de “tropa” a profesionales sanitarios de prestigio internacional; mientras miembros de su equipo preparan el derribo de los hospitales públicos de gestión privada para “colocar familiares y amigos”. Todo ello sin olvidar que se califica de “nazi” al que pone en tela de juicio la gestión de su departamento.

Y las Fallas, la fiesta más internacional de los valencianos, no le van a la zaga. En otros tiempos, parecería impensable que a la izquierda se le ocurriera hacer callar a las falleras mayores de Valencia (según la vicepresidenta del Gobierno valenciano, “las fallaras mayores no deben opinar”) o proponer unas normas de vestir para sus reinas de las fiestas, prohibiendo explícitamente escotes y faldas cortas. Pero todo esto está ocurriendo en la Comunidad Valenciana protagonizado por sus políticos de izquierdas.

Y en Sanidad, en medio de su polémica gestión, con listas de espera cada vez más largas, millones de facturas en los cajones, reversiones de conciertos sanitarios, enfrentamientos con profesionales sanitarios, farmacéuticos, proveedores y pacientes a Carmen Montón no se le ocurre otra cosa que editar un “diccionario sanitario” para que todos los profesionales llamen “criaturas” a los niños y “personal facultativo” a médicos y enfermeros y no incurrir en sexismo. Debió gustarle a Montón la propuesta andaluza de “persona cuidadora 1” y “persona cuidadora 2” para evitar referise al “padre” y “madre” de siempre.

En Educación, por su parte, al consejero nacionalista de Compromís, Vicent Marzà, sólo se le ocurren provocaciones: primero se carga el concierto en Bachiller de más de 30 unidades en colegios concertados (religiosos, claro); después aprueba un decreto lingüístico chantajista: o los colegios escogen la  línea con más valenciano o les quitan horas de inglés. Y para rematar sus genialidades, propone modificar el calendario escolar para que no coincida con las fiestas religiosas. La última astracanada del consejero catalanista fue hace apenas unos días cuando se filtró que en la web de la Consejería de Cultura, que también él dirige, se refieren a Valencia como “una ciudad catalana”. Adoctrinamiento y pensamiento único parecen sus únicas prioridades.

Y mientras se multiplican los excesos verbales entre los partidos de izquierdas, que se han aliado para ocupar un gran número de instituciones, los problemas para los habitantes la Comunidad Valenciana se multiplican: baja el comercio exterior, huye la inversión extranjera, se paralizan proyectos que generarían miles de puestos de trabajo y se revierten concesiones sanitarias sin saber cómo van a mantener esos hospitales. Eso sí, se sigue pidiendo al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aumente la financiación para la región, se recuperan impuestos que habían desaparecido para los contribuyentes, como el de Donaciones y Sucesiones, aumentan las retenciones en IRPF en su tramo autonómico y suben tasas e cargas de todo tipo. Al final los que pierden son los de siempre: los ciudadanos.