Hacienda confirma que Narbona exigió 1,3 millones adicionales a Acciona en la trama de Acuamed
Un informe de la Agencia Tributaria entregado a la Audiencia Nacional certifica que Acciona pagó 1,3 millones de euros adicionales en el año 2007 a petición de Acuamed, la sociedad pública que comandaba en aquellas fechas el Ministerio de Medio Ambiente de Cristina Narbona, hoy presidenta del PSOE de Pedro Sánchez.
Se trataba de las fechas previas a la campaña electoral que revalidaría el mandato de Rodríguez Zapatero y que la Justicia investiga por haberse beneficiado de un entramado de financiación ilegal procedente de Acuamed. La UCO analiza igualmente los pagos exigidos a Acciona -de otro millón y medio de euros- para campañas de publicidad políticas como parte de una posible red de financiación de esa campaña electoral del PSOE.
La nueva partida descubierta por la Agencia Tributaria y el Juzgado de Instrucción abre un nuevo frente. Hasta ahora OKDIARIO había desvelado la exigencia de Cristina Narbona a las empresas concesionarias de las desaladoras de Acuamed del 1% del importe de los proyectos otorgados por parte de la empresa pública de aguas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente que dirigía por aquel entonces la hoy presidenta del PSOE. Esa partida supuso un importe total de 7,5 millones de euros.
E igualmente este diario ha narrado los 13,96 millones de euros cargados por decisión de Narbona directamente a las cuentas de la sociedad pública con el mismo fin de pagar campañas de publicidad política justo a las puertas de las elecciones generales de 2008.
Pero el informe de la Agencia Tributaria publicado hoy supone una nueva dinámica de extracción de fondos de las empresas que recibían las concesiones de las desaladoras. Y es que, en esta ocasión, los pagos, como describe Hacienda, se justificaban como exigencia de servicios técnicos y, como tales, eran cargados a una sociedad interpuesta.
De este modo, el informe de la Agencia Tributaria relata como “se da cuenta de los pagos realizados por el Grupo Acciona a la sociedad Grupo Inversor G2 SL (GIG2) que traerían causa en la asistencia técnica prestada en relación con la construcción para Acuamed de una desaladora en Torrevieja, en tanto que parte de esos pagos pudieran haberse canalizado a la sociedad Agua Planificación y Gestión SL que parece guardar relación con quien era entonces un empleado de Acuamed”.
El informe fue pedido por el propio Juzgado de Instrucción a Hacienda y en él se describen los dos pagos realizados en el año 2007 por importes de 655.959,41 euros y 655.959,42 euros. En total más de 1,3 millones de euros cuyo recorrido es peculiar.
Y es que, según sigue narrando el informe de la Agencia Tributaria, GIG2 firmó a su vez un segundo contrato también de asistencia técnica con dos consultores particulares que “percibirán de GIG2 una cantidad igual al 90% de las cantidades que GIG2 perciba de Pridesa [que fue comprada por Acciona al 100% en 2006] y esta de Acuamed”.
Es más, otra cláusula del contrato permite a su vez a los dos consultores particulares “ceder los derechos y obligaciones del contrato a las sociedades que ellos designen, siempre que sean socios o partícipes de las mismas”, con lo que los cobros se acabaron efectuando por PRHIDO Inversiones Siglo XXI, Atabiros y Jescar Investment & Consulting.
Las investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el caso Acuamed han detectado ya, además, que a las empresas que debían construir las desaladoras, pertenecientes al plan lanzado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se les exigía una cantidad coincidente en todos los casos: el 1%.
A dichas concesionarias se les pidió, por orden del Ministerio de Narbona, esa cantidad, que se destinó a campañas de publicidad en favor del PSOE y justo antes de las elecciones de 2008, en las que Rodríguez Zapatero revalidó su mandato al frente del Ejecutivo.
Y uno de los informes elaborados por la UCO -a los que ha tenido acceso OKDIARIO- incluye un desglose de los pagos cargados a las empresas concesionarias en el que se puede comprobar que en la “IDAM TORREVIEJA UTE” vuelve a aparecer el nombre de Acciona como una de las empresas a las que se les cargaron gastos, en este caso de campañas de publicidad. Allí se señala que abonaron gastos de publicidad “Acciona Agua S.A (UTE Torrevieja)”, y “Acciona Infraestructuras S.A. (UTE Torrevieja). Y se pueden apreciar dos cargos importantes: Acciona figura con dos importes -de 817.800 euros y 661.200 euros-.
Facturas de publicidad
La UCO anota en el informe el siguiente texto: “Se puede concluir que, al igual que la IDAM Torrevieja UTE, en la misma época distintas UTE’s adjudicatarias de diferentes desaladoras en construcción realizaron el abono de facturas de publicidad, por valor y en proporción al importe del contrato de obra de su correspondiente desaladora adjudicada”.
Hay que recordar que Acuamed es la sociedad pública gestora de las desaladoras y dependiente del Ministerio de Medio Ambiente en aquella época bajo mando de Cristina Narbona. Además, la propia Narbona se encargó de impulsar personalmente el diseño y las órdenes de pago de las empresas para un segundo encargo de campañas de publicidad, con un importe global de otros 7,5 millones de euros.
En total, la gestión supuso un gasto en publicidad política de 21 millones de euros. Y todo ello pese a tener el informe en contra del interventor, que destacó que la sociedad pública Acuamed no podía englobar entre sus gastos este tipo de publicidad.
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