Guerra civil en la Fiscalía por la decisión de Peramato de expulsar a 50 fiscales a una sede precaria

La Fiscalía General del Estado vive una pugna interna sin precedentes tras la decisión de la fiscal general Teresa Peramato de trasladar a aproximadamente 50 fiscales del Tribunal Supremo desde la sede central de la institución, en la madrileña calle Fortuny, a un edificio anejo descrito por los afectados como «manifiestamente deficiente» en espacio, iluminación y ventilación.

Los fiscales afectados han anunciado una oposición firme y señalan al ex fiscal general Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo, como el verdadero autor intelectual de una maniobra que califican abiertamente de represalia política y personal.

El conflicto ha estallado en los primeros meses de 2025, cuando la dirección de la Fiscalía General comunicó a los fiscales del Alto Tribunal su traslado inminente al citado edificio anejo. Las condiciones del nuevo emplazamiento, según la denuncia interna, «carecen del más mínimo carácter representativo en relación con la tarea de los afectados».

La fotografía del llamado «despacho tipo» proyectado para estos fiscales ha circulado entre los afectados como prueba gráfica de lo que consideran una humillación institucional deliberada.

Los fiscales afectados apuntan a dos ejecutoras directas del plan: la propia fiscal general Teresa Peramato, nombrada anteriormente por García Ortiz como fiscal de Sala de lo Penal «sin experiencia alguna en ese Orden Jurisdiccional», y la fiscal-jefe de la Unidad de Apoyo, Esmeralda Rasillo. Ambas, según la denuncia que desvela OKDIARIO, «devuelven así el favor de sus nombramientos asumiendo íntegramente el proyecto urdido por su benefactor».

El espacio liberado en la calle Fortuny serviría para alojar al personal administrativo procedente de la Administración General del Estado que ha ido engrosando la plantilla de la Fiscalía General, en un proceso que los críticos describen como la conversión de la sede en un «departamento cuasi ministerial».

«Una suerte de venganza»

Las razones del desalojo serían, según los denunciantes, de doble naturaleza. La primera es personal: una «suerte de venganza» de García Ortiz contra el colectivo de fiscales del Supremo que «en su gran mayoría no ha mostrado ningún apoyo a su gestión pasada en la Fiscalía General y mucho menos a la actuación originadora de su condena por el Tribunal Supremo».

La segunda razón es de mayor calado político. Los afectados denuncian que la maniobra responde al propósito de «seguir profundizando en el peligroso diseño» que desde hace años habría ido transformando el Ministerio Público en un «instrumento al servicio de intereses políticos», alejándolo de su función constitucional como promotor de la acción pública ante los tribunales, recogida en la Constitución y en su Estatuto Orgánico.

La denuncia interna no deja lugar a la ambigüedad: se trata de erigir al fiscal en «supervisor tanto de comportamientos individuales de los ciudadanos como de las actuaciones administrativas de adversarios políticos», usando la amenaza de la vía penal como «advertencia para aquellos que no quisieren someterse a su ideologizada actuación».

Fiscalías especiales

El origen de esta deriva se remonta, según los fiscales críticos, al mandato de Cándido Conde-Pumpido como fiscal general, nombrado por el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien le instó a que «organizara» la institución «sin limitación presupuestaria alguna».

Fue entonces cuando se construyó un abigarrado entramado de fiscalías «especiales» y «especializadas» con el que Conde-Pumpido aspiraba a conformar una especie de «Gobierno Fiscal» con capacidad de intervenir en ámbitos tan dispares como la seguridad vial, la siniestralidad laboral, el medio ambiente o las nuevas tecnologías.

El resultado ha sido la proliferación de unidades que, a juicio de sus detractores, no ejercen la verdadera función del Ministerio Fiscal —la acción pública ante los tribunales— sino que actúan como «órganos administrativos de supervisión y control».

Entre sus actividades habituales figuran la firma de convenios con ayuntamientos, sindicatos y comunidades autónomas, o la participación en «importantísimos foros» internacionales sufragados por los contribuyentes.

Dentro de la propia institución, este ecosistema burocrático ha dado lugar a denominaciones que revelan el escepticismo interno. Al conjunto de fiscalías especiales radicadas en el edificio de la calle Ortega y Gasset de Madrid se le conoce como «El Parque Temático» del Ministerio Fiscal. Otros prefieren llamarlo «El Corte Inglés», en irónica alusión a la multiplicidad de «secciones» que alberga, tan variopintas como los departamentos del gigante comercial.

La Junta de Fiscales de Sala, que hasta la llegada de Conde-Pumpido se integraba por los fiscales-jefes de las Salas del Tribunal Supremo —Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social y Militar—, quedó así diluida entre una mayoría de nombramientos discrecionales afines a la dirección. Son los fiscales de lo Contencioso, de lo Social, etc. los que ahora ponen el grito en el cielo por ser trasladados a una sede precaria.

Lo que ha aflorado con el conflicto del desalojo es, en realidad, una tensión latente que lleva dos décadas incubándose en las entrañas del Ministerio Fiscal. Por un lado, los fiscales que reivindican su función jurisdiccional clásica, inamovible desde los fundamentos constitucionales. Por el otro, una cúpula que ha apostado por un modelo expansivo, mediático y políticamente alineado. El despacho angosto y mal iluminado al que pretenden condenar a los fiscales del Supremo no es sólo una cuestión de metros cuadrados: es, en miniatura, el retrato de lo que una institución hace con quienes se niegan a mirar hacia otro lado.

OKDIARIO ha contactado con la Fiscalía General para contrastar esta información sin obtener respuesta por el momento.