Los guardias civiles estallan: «La directora general tiene que cumplir con los valores éticos de la Benemérita»

• Rosalina Moreno @rosalina_mb
• Periodista de Nacional. Interior, Defensa y Justicia. rosalina.moreno@okdiario.com
• • 05/06/2026 12:33
  • Actualizado: 05/06/2026 13:46

Los guardias civiles estallan: «La directora general tiene que cumplir con los valores éticos de la Benemérita». Así ha reaccionado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) al caso de las cloacas del PSOE, en el que se han destapado las reuniones de la fontanera socialista Leire Díez y la jefa de la Guardia Civil, Mercedes González, para que actuara contra los agentes investigadores. El último escándalo conocido es que González pidió a Leire información sobre la trama de hidrocarburos, como ha revelado OKDIARIO.

«Los guardias civiles merecemos que la persona representante del Gobierno en la Guardia Civil, cumpla escrupulosamente con las previsiones legales y con los principios y valores éticos que se nos exigen a todos los miembros de la Institución, recogidos en el Código de Conducta y en las Reglas de comportamiento que exigen honradez y el cumplimiento con exactitud de sus deberes y obligaciones impulsado por el sentimiento del honor, verdadera seña de identidad de la Guardia Civil», subraya la AUGC.

Marlaska, dos versiones 

Tras la categórica negación por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cualquier encuentro, afirmando que «la directora no ha tenido ninguna reunión en términos de ningún tipo», la propia directora general de la Benemérita publicó anoche un comunicado, a las 22:21 horas, reconociendo la existencia de dichas reuniones, a raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que daba cuenta de ellas.

Marlaska mintió en primera instancia, asegurando que González no tuvo «ninguna reunión» con Leire Díez,  para, después del comunicado emitido por la directora del Instituto Armado admitiendo la reunión, recular y decir que, si bien se produjeron contactos, estos no tenían «ninguna referencia a la trama». Dos versiones apenas en los últimos días sobre las citas de la directora de la Guardia Civil con Leire Díez.

La AUGC exige explicaciones de ambos

Desde la AUGC exigen explicaciones ante «este ejercicio de contradicciones y la manifiesta falta de transparencia por parte de la cúpula de Interior».

«Los guardias civiles y la ciudadanía merecen una transparencia absoluta, sin evasivas ni contradicciones, especialmente cuando las informaciones apuntan a presuntos intentos de injerencia y desestabilización contra la intachable labor de la Unidad Central Operativa (UCO)», subraya la asociación mayoritaria.

Además, insta a la «comparecencia parlamentaria urgente tanto del ministro del Interior como de la directora general de la Guardia Civil para que aclare de inmediato estas graves incoherencias, y a la depuración inmediata de todas las responsabilidades políticas» ante esta «quiebra flagrante de la confianza institucional».

La AUGC observa con «enorme preocupación» las informaciones que se vienen conociendo en el marco de la investigación judicial del caso Leire, especialmente aquellas que apuntan a posibles actuaciones dirigidas a influir, condicionar o desacreditar investigaciones desarrolladas por unidades de la Guardia Civil bajo mandato judicial.

«Las noticias publicadas en los últimos días, así como las diligencias judiciales que han trascendido, dibujan un escenario de extraordinaria gravedad institucional que, de confirmarse, resultaría incompatible con los principios de neutralidad, legalidad, independencia y profesionalidad que deben regir la actuación de cualquier servidor público», denuncia la asociación mayoritaria de guardias civiles.

La AUGC recuerda que cuando comenzaron a conocerse las informaciones que vinculaban al entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, con la filtración a la trama investigada en el caso Koldo de que estaba siendo objeto de investigación por parte del Instituto Armado. Ante la gravedad de esos hechos, presentó una denuncia en 2024 por presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, sin esperar a que ninguna instancia política tomara la iniciativa.

La AUGC hace hincapié en que «la Guardia Civil es una institución al servicio de los ciudadanos y del Estado de Derecho», y que «ningún interés político, partidista o personal puede situarse por encima de la ley ni interferir en el trabajo de quienes tienen la obligación de investigar los delitos y colaborar con jueces y fiscales».

«Las presiones sobre la UCO que ahora documenta el sumario del juez Santiago Pedraz, con el intento de que sus informes fueran vaciados de contenido o que la unidad se pusiera de perfil en investigaciones con afectación política, son sencillamente intolerables. Son una agresión directa al Estado de Derecho y a la dignidad profesional de los guardias civiles que, con rigor y bajo mandato judicial, hacen su trabajo», concluye.

Presiones a la UCO para «ponerse de perfil»

En este caso también se ha destapado que el que fuera jefe de la UCO entre 2023 y 2025, Rafael Yuste, ha desvelado ante agentes de esta misma unidad que recibió presiones por parte del que fuera director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, para «ponerse de perfil» en la investigación que afecta a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que fuese la autoridad judicial quien «tomase la iniciativa».

Además, Yuste ha relatado que el entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, afirmó que el oficio de solicitud efectuado por la UCO en la investigación del hermano de Sánchez era «totalmente prospectivo y malintencionado».

Según recoge la UCO en su último informe, el ex director de la Guardia Civil apuntó que la «credibilidad estaba por los suelos» y solicitó que el 19 de julio de 2024 tenían que efectuar un informe con todo «analizado y que no haya nada».

El entonces jefe de la UCO se opuso a la pretensión del director general,  señalando que era «materialmente imposible, ya que se debían analizar los correos electrónicos y posteriormente confeccionar el informe preceptivo dirigido a la autoridad Judicial». En dicha reunión también participaron el jefe de Policía Judicial y el DAO.

El atestado de la UCO menciona una segunda reunión, el 16 de julio de 2024, en la que el DAO se trasladó a dependencias oficiales de la UCO para interesarse por la investigación del hermano de Sánchez del Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz, cuyo juicio se está celebrando desde la semana pasada.

«Por parte del DAO se indicó a los presentes que en aquellos procedimientos policiales que tuvieran afectación política no se fuese proactivo en las mismas, bajo la indicación de que nos pusiéramos de perfil, debiendo ser, en este caso concreto, la autoridad judicial quien tomase la iniciativa», indica.

Informaciones reservadas

Los agentes de la UCO también han puesto el foco en diferentes informaciones reservadas abiertas a agentes que investigaban causas judiciales ante presuntas filtraciones atribuidas a esta unidad y, en concreto, al departamento que dirige el teniente coronel Antonio Balas.

La Guardia Civil designó a diferentes instructores para las tres informaciones reservadas abiertas en la etapa de Rafael Yuste como coronel jefe de la UCO, lo que se llegó a justificar en que «el DAO estaba recibiendo muchas presiones políticas».

La UCO desvela que el 5 de septiembre de 2025 recibió un oficio dimanante del general jefe del Estado Mayor solicitando la remisión de un organigrama de la propia UCO, concretamente de quienes tenían «relación directa con las investigaciones vinculadas al presidente del Gobierno, identificando en la misma nominativamente a sus integrantes que ostenten el empleo de Oficial de la Guardia Civil».

Según el atestado policial, en el marco de esta información reservada se tomó declaración, «en cumplimiento de lo ordenado por la directora general», al general jefe de Policía Judicial, al jefe de la UCO y al teniente coronel Antonio Balas, así como a un miembro de la oficina de prensa. En octubre se comunicó que se había ordenado el cierre «sin responsabilidad de la información reservada».

Otra de estas informaciones reservadas guardó relación con una «nota de despacho» que el Departamento de Investigación contra la Delincuencia Económica y Anticorrupción (DIECAN) de la UCO, que encabeza Antonio Balas,  informaba de que «Leire Díez tenía control sobre la directora de la Guardia Civil y que se estaba realizando una campaña de descrédito contra la Unidad Central Operativa».

En relación con la nota elaborada por el DIECAN, el exjefe de la UCO manifestó que se refería a una «campaña de descrédito promovida por personal de la empresa de hidrocarburos Hafesa y personal vinculado al PSOE», entre los que se señala a Leire Díez, entre otros. La ex militante socialista era mencionada porque «presumía de tener un control sobre la cúpula directiva de Guardia civil y, de forma concreta, sobre su directora general».

La Jefatura de Información también elaboró una nota el 29 de abril de 2025 sobre el mismo tema, remitida al general jefe de Policía Judicial y que «había sido puesta en conocimiento de la directora general por parte del DAO».

Según el atestado de la UCO, en ella se mencionaba una reunión por videoconferencia entre Leire Díez y Alejandro Hamlym, responsable de la empresa Hafesa e investigado por fraude de hidrocarburos, entre otros, «con la intención de obtener información sobre la UCO y sus investigadores que permitiese desacreditar la investigación judicial».

La propia nota indica que «Leire Díez se encontraría respaldada para dicha actuación por Santos Cerdán, teniendo a su vez conocimiento del objeto y finalidad de la misma la directora general de la Guardia Civil».