Guardias civiles demandan al asesor de Iglesias en Interior por calificarles de «extrema derecha»

• Pelayo Barro @pelayobarro
• Periodista de la sección Nacional. Especializado en información de Interior y Defensa.
• • 09/06/2020 12:06
  • Actualizado: 09/06/2020 12:14

«Son de derecha… de extrema derecha». Estas palabras dedicadas a la Asociación Profesional de la Guardia Civil (APROGC) por parte del ex diputado y guardia civil Juan Antonio Delgado, hoy asesor del Ministerio del Interior de la mano de Podemos, le han costado una demanda.

El motivo de la demanda, según explica APROGC, son las declaraciones que realizó Delgado el 21 de abril de 2020 en una entrevista con uno de los fundadores de Unidas Podemos, Juan Carlos Monedero, ya que entienden que «atentó gravemente contra su neutralidad e independencia política». La asociación espera que el exdiputado se retracte en el acto de conciliación.

En concreto, Delgado sostuvo en una entrevista telemática que «la derecha y la extrema derecha utilizan a la Guardia Civil cuando le viene bien». En su alocución mencionó a los oficiales y a la Asociación Pro Guardia Civil, de la que dice que «es más de derecha, un poquito más de extrema derecha».

Objetivo: «desprestigiarles»

APROGC sostiene que las declaraciones que realizó Delgado tenían como «único objetivo desprestigiar a la asociación» fundada a finales de 2010 y que, según subrayan, tiene como «seña de identidad una escrupulosa neutralidad, alejados de luchas políticas y sindicales».

«Uno de los fines de nuestra asociación es garantizar la plena independencia de la Guardia Civil ante injerencias de fuerzas políticas y sindicales», añade esta asociación, que asegura que presenta la demanda tras «verse obligados a intervenir» por las palabras de Delgado.

«Desde APROGC vemos con preocupación cómo personas o instituciones juegan con los derechos, aspiraciones y sueños de los guardias civiles con la única intención de obtener una ventaja política o personal, utilizando a los guardias civiles como moneda de cambio», insisten.

Cese de De los Cobos

APROGC se ha mostrado estos últimos días muy crítico con decisiones como el cese del jefe de la Comandancia de Madrid, coronel Diego Pérez de los Cobos, pidiendo dimisiones entre los responsables políticos al entender que se apartó a este mando por no querer cumplir una «orden ilegal» relacionada con el informe del 8M remitido a la juez que investiga un delito de prevaricación en el inicio del contagio de coronavirus.

A mediados del pasado mes de marzo, el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska fichó como asesor de este departamento a Juan Antonio Delgado Ramos, guardia civil y ex diputado de Unidas Podemos en el Congreso, en principio dentro del gabinete de la Dirección General de Tráfico (DGT), según confirmaron fuentes oficiales conocedoras del nombramiento.

Delgado fue diputado del partido que lidera Pablo Iglesias en la XI, XII y XIII legislatura, de 2016 a 2019. También fue con anterioridad portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la organización profesional mayoritaria dentro del Instituto Armado.

El hombre de Iglesias en Interior

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha estado directamente involucrado en la crisis interna que se ha desatado en la cúpula de la Guardia Civil por las injerencias del Ministerio del Interior en la investigación judicial sobre el 8-M, encargada al cuerpo policial y que apunta a la responsabilidad del Gobierno.

El líder de Podemos ha alentado los planes del ministro, Fernando Grande-Marlaska, para proceder a una purga en la cadena de mano, que hasta el momento se ha llevado por delante a dos tenientes generales (los dos más altos en el escalafón) y un coronel. Iglesias ha sido partícipe de todos estos movimientos a través del hombre que ha colocado como ‘fontanero‘ en Interior: el ex diputado morado Juan Antonio Delgado, guardia civil en excedencia y ahora alto asesor de Marlaska, nombrado ‘a dedo’ en pleno estado de alarma.

Toda esta purga, o «nuevo impulso» como lo definió el ministro Marlaska, no era una ‘hoja de ruta’ nueva para Podemos, sino un plan que para el partido de Pablo Iglesias venía de atrás. El propio Delgado desveló detalles en sus tiempos como diputado de Podemos en el Congreso (no resultó reelegido por Cádiz en las últimas generales por el batacazo de UP en la provincia).

Desde su escaño, Delgado defendió fervientemente una desmilitarización de la Guardia Civil como paso previo a su integración en la Policía Nacional, creando una nueva estructura policial estatal libre de ataduras. Un plan que, obviamente, choca frontalmente con el parecer de la cúpula de la Guardia Civil. Los generales son el principal obstáculo para acometer esta ansiada reforma, y por tanto, objetivo de Podemos.

«Delgado se la tiene jurada a la cadena de mando de la Guardia Civil, ha estado vinculado al mundo de las asociaciones y se le han abierto por su activismo una veintena de expedientes disciplinarios», explican fuentes consultadas en la Guardia Civil. «De hecho, cuando fue nombrado hubo algún mando que puso el grito en el cielo. Y a él le llegó el eco. Habla abiertamente de generales de extrema derecha para referirse a ellos. En el Edificio de Mando de la dirección (donde residen con sus familias los altos mandos) no le traga nadie, y es mutuo», relatan.

Su llegada a Interior

La llegada de Delgado a la estructura de Interior fue recibida con asombro y cierto recelo en los despachos de la sede de Castellana número 5. Según cuentan estas fuentes, a Delgado se le ha puesto incluso el sobrenombre de ‘El cónsul‘ entre el funcionariado de Interior (aunque también circulan otros apodos más dañinos). Su misión, según defendió Interior cuando se produjo su nombramiento, era asesorar a la Dirección General de Tráfico, que pasaba entonces, en marzo, por el que seguramente fuese el momento más desahogado de su historia: con todo el país confinado, la circulación de vehículos se desplomó. La DGT nunca ha precisado de qué le asesora Delgado.

El aterrizaje de Delgado en territorio de Grande-Marlaska, explican desde la SES, fue una imposición por parte de La Moncloa. Una muestra de ‘buena fe’ del presidente del Gobierno con el vicepresidente Iglesias, socio del Gobierno, que en el reparto ministerial de enero se quedó sin tocar poder en los círculos de la seguridad del Estado. Cuentan en Interior que Iglesias exigió poder tener una especie de auditor en Interior, un relator. Alguien que pudiese tenerle al día de cuanto acontezca en el departamento de Grande-Marlaska, con la «excusa» de que ya había sido víctima en el pasado de las tan cacareadas «cloacas del Estado«. Una baza que poco a poco se la va diluyendo al líder de Podemos tras los últimos reveses judiciales, que amenazan incluso con convertirlo en investigado tras quitarle la condición de víctima.