La Guardia Civil asegura que la interventora del Govern no denunció los gastos del 1-O

La investigación de la Guardia Civil sobre el referéndum ilegal en Cataluña desvela nuevos datos sobre la financiación del mismo por parte de la Generalitat. Los investigadores han señalado que la Interventora General de la Generalitat no activó «ningún procedimiento» para denunciar un «intento fraudulento» de la empresa postal Unipost para cobrar al menos una factura de 238.965 euros a la administración autonómica por gastos vinculados al 1-O.

Así lo sostiene la Guardia Civil en un informe, remitido al titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer que investiga a varios ex altos cargos del Govern por el 1-O, en el que analiza los correos electrónicos intervenidos al ex secretario general de Vicepresidencia Josep Maria Jové, número dos del exconseller Oriol Junqueras, encarcelado por rebelión.

En su informe, la Guardia Civil pone el foco en la actuación de la Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal, que en un escrito dirigido al juez en noviembre del pasado año negó que el Govern contratara a Unipost para el referéndum, ya que la facturación con esta empresa se limitó a «servicios postales ordinarios propios», no vinculados «a la financiación de ninguna actuación ilegal ni contraria a las decisiones de los tribunales».

El juez mantiene abierta una línea de investigación en relación a un delito de malversación, en el que uno de sus elementos clave son los 976.661,96 euros que Unipost facturó a la Generalitat, supuestamente para repartir cartas certificadas a los componentes electorales del 1-O y 5.346.734 tarjetas censales.

El magistrado trata de corroborar si la Generalitat fraccionó los pagos a Unipost para «simular fácilmente» la operación a través de cinco facturas giradas a las consellerías de Presidencia, Vicepresidencia, Economía y Hacienda, Trabajo y Asuntos Sociales y Cultura.

Según el informe de la Guardia Civil remitido ahora al juez, se ha constatado el intento de Unipost de cobrar «al menos» una de estas facturas, por importe de 238.965 euros, dirigida al departamento de Trabajo y Asuntos Sociales, «sin que conste que la Interventora haya activado ningún procedimiento para denunciar este intento fraudulento de cobro».

De hecho, dos directivos de Unipost que testificaron ante el juez el pasado 21 de marzo aseguraron que la empresa no recibió ningún pago del Govern sobre el 1-O y alegaron que desde 2016 tenían un contrato marco para efectuar envíos periódicos que les encargaba el ejecutivo catalán.

En su informe, la Guardia Civil también remarca que Vidal participó en abril de 2017 en una reunión «al máximo nivel» para garantizar que todos los altos cargos de la consellería de Vicepresidencia mostrasen su «compromiso» con el referéndum.

Según la Guardia Civil, Vidal también aprobó la tramitación con carácter «urgente» del expediente para financiar con 2,2 millones de euros la campaña publicitaria «Civisme», dentro de la cual se pretendían difundir anuncios vinculados al referéndum.

«Si bien en aquel momento podía desconocer tal finalidad, actualmente Rosa Vidal es conocedora del objetivo que se pretendió con aquella campaña sin que se tenga conocimiento de que haya activado ningún procedimiento para denunciar esa intencionalidad», resalta.

De hecho, los gastos en publicidad es la otra vía que rastrea el juez en su investigación por malversación, ya que la Guardia Civil sostiene que el Govern gastó cerca de medio millón de euros en insertar en medios de comunicación publicidad relacionada con el referéndum del 1-O.

También resalta el informe que fue la Interventora General la que comunicó a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda que la Generalitat había dejado de asumir la obligación de remisión de información, por lo que la consellería de Junqueras ya no facilitó el certificado semanal sobre su actuación económica, ya que ello resultaba «incompatible» con la ley del referéndum.

Antes de recibir este informe de la Guardia Civil, un anónimo remitido el pasado 16 de enero ya instó al juez a rastrear las autorizaciones de contratos, gastos y pagos efectuadas por la interventora general, justo en el mismo día que el ministerio de Hacienda le envió un escrito «urgente» advirtiéndole de que Vidal no había respondido a un nuevo requerimiento de información de los gastos del Govern sobre el 1-O.