El Gobierno veta con una argucia legal las enmiendas de PP, Vox y Junts para endurecer la regularización de inmigrantes

• Esther Jaén
• Corresponsal política en OKDIARIO. Colaboradora y analista política en radio y televisiones. Te leo en esther.jaen@okdiario.com
• • 24/03/2026 13:41
  • Actualizado: 24/03/2026 13:41

El Gobierno de Pedro Sánchez ha remitido a la Mesa del Congreso de los Diputados, con Francina Armengol al frente, un escrito para vetar la tramitación en el Pleno de esta semana de las enmiendas aprobadas en su día con los votos de PP, Vox y Junts, que endurecen las condiciones para la regularización masiva de inmigrantes. Según consta en el escrito, la introducción y ejecución de las enmiendas supondría una «afectación presupuestaria de casi 70 millones de euros».

De este modo, las enmiendas no llegarán a ser votadas por el Pleno del Congreso esta semana. El Gobierno ha utilizado el artículo 134.6 de la Constitución Española, que permite al Ejecutivo frenar el proceso de iniciativas que impliquen un «aumento de gasto» o «disminución de ingresos» en relación con los Presupuestos Generales del Estado actuales. Además, ha argumentado que las propuestas asumidas por PP, Vox y Junts suponen un incremento presupuestario de 70 millones de euros.

Curiosamente, el presupuesto en vigor es el que se aprobó en 2022 y corresponde al ejercicio de 2023. Las cuentas públicas se han ido prorrogando desde entonces, pese a que la misma Carta Magna que esgrime el Ejecutivo para vetar las enmiendas votadas por Junts, Vox y PP le obliga a presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos año a año. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez lo ha venido incumpliendo desde 2023 hasta la fecha.

Entre las cuestiones que reclamaban PP, Vox y Junts se recoge la exigencia de la presencia de un certificado de antecedentes penales, aunque el país de origen no responda. Añaden también que se exija un informe policial completo para procesar las autorizaciones de estancia y residencia. Además, en las enmiendas se establece el aumento, en un plazo máximo de dos años, de al menos un fiscal por cada cien mil habitantes en las fiscalías de área, provinciales y de Comunidad Autónoma.

Según fuentes jurídicas vinculadas al Congreso de los Diputados, estas pueden ser algunas de las «excusas» a las que se ha acogido el Gobierno para vetar las mencionadas enmiendas y estimar que esas acciones suponen un incremento de gasto que las convierte en «imposibles».

Por su parte, fuentes del TC consultadas por OKDiario aseguran que la jurisprudencia que se ha ido asentando por este tribunal indica que ese veto «se ha ido acotando al Presupuesto en vigor» y manifiestan su extrañeza por el hecho de que el Ejecutivo «se saque de la manga el argumento del presupuesto, cuando lleva más de tres años sin presentarlos y, por ende, incumpliendo la Constitución».

La regularización masiva de inmigrantes que plantea el Gobierno proviene de una Iniciativa Popular Legislativa (ILP) que posteriormente impulsó el Gobierno de Sánchez. En la actualidad, se encuentra en su recta final, preparada para la aprobación en la votación final en el Congreso de los Diputados. Pero el veto presentado en el último suspiro por parte del Ejecutivo ha eliminado las enmiendas presentadas por el PP y suscritas por Vox y Junts, que ya han pasado el trámite del Senado y que regresan de nuevo al Congreso.

Tras esta decisión del Gobierno de vetar las enmiendas del PP, apoyadas por Junts y Vox, la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, ha anunciado que «recurriremos a la Mesa y está por ver si el Senado hace un nuevo conflicto de atribuciones, que ya tenemos unos cuantos establecidos después de que el Gobierno haya vetado en 5 ocasiones cuestiones que no debería haber vetado». Muñoz ha añadido que la decisión va contra el criterio «de los letrados y del secretario general de esta Cámara, que dice que los vetos que pone el Gobierno son extemporáneos».