España
Inmigración irregular

El Gobierno oculta los datos sobre las expulsiones de ilegales

El Gobierno de Pedro Sánchez afirma que revelar información sobre los vuelos de expulsión de inmigrantes pone en riesgo sus relaciones exteriores y la actuación policial.

  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

El Gobierno de Pedro Sánchez considera que revelar información relativa a los vuelos de expulsión de inmigrantes pone en riesgo sus relaciones con terceros países y compromete también la actuación policial. Es el argumento que esgrime para negarse a revelar información solicitada en base a la Ley de Transparencia. 

El interesado, según la resolución a la que ha tenido acceso OKDIARIO, buscaba conocer «todos y cada uno de los vuelos de expulsión de inmigrantes que realizó el Gobierno entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2018, ambos inclusive». Es decir, durante el mandato de Mariano Rajoy y los primeros días de Sánchez en La Moncloa.

El demandante solicitaba datos sobre «el aeropuerto de destino, el aeropuerto de origen, la fecha del vuelo, si es un vuelo comercial o un vuelo concertado, quién lo organiza (la CNP, Frontex…), qué aerolínea o conjunto de aerolíneas lo opera, cuánto se paga a la aerolínea o conjunto de aerolíneas por ese vuelo, qué coste total supone ese vuelo y a cuántos migrantes se expulsa en ese vuelo», entre otros. Además del número de inmigrantes deportados, su origen y el coste que suponen dichas expulsiones.

El Gobierno socialista esgrime como argumento para rechazar la petición que «el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para las relaciones exteriores», como así recoge la citada ley. Asimismo, asegura que no se dispone de los datos concretos sobre el gasto de las operaciones de devolución y que es preciso un proceso de «reelaboración» de diferentes cifras.

«Perjudica a la Policía»

«Esto no es cierto. Los vuelos de expulsión tienen un coste claro y detallado con el que la Administración cuenta y me lo puede facilitar. Además, solicito también un mayor detalle en el origen de las expulsiones», reclamó el interesado, en una queja al Consejo de Transparencia.

Interior resolvió, sin embargo, que revelar dichos datos suponía «perjudicar claramente las funciones que la Policía Nacional tiene encomendadas por mandato constitucional» y se negó a facilitar la nacionalidad de los expulsados porque ello «perjudicaría a España en sus relaciones con estos países que podrían dejar de reconocer a sus ciudadanos, con lo que España no podría documentarlos y «por ende» no expulsarlos, siendo este uno de los trámites imprescindibles para materializar cualquier ejecución en materia de extranjería».

9,9 millones

Pese al argumento del Ejecutivo, parte de esos datos, sin embargo, sí han sido facilitados por otros gobiernos. Y otros son públicos. Así, por ejemplo, en mayo del año pasado trascendió el contrato para los vuelos de deportación durante 2018 y 2019, que asciende a 9,9 millones de euros. Según se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el Gobierno de Rajoy adjudicó dicho contrato a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Air Europa, Aeronova y Swiftair.

El contrato, como informó Europa Press, incluye los vuelos que el Ministerio del Interior utilizará en los próximos 18 meses para trasladar, bajo custodia policial, a ciudadanos extranjeros a diversos puntos de España y desde estos, expulsarlos de forma forzosa sus países de origen.

Durante el Gobierno de Rajoy las ONG denunciaron la opacidad de dichas operaciones en las que, aseguraban, se producían vulneraciones de derechos humanos. El Ejecutivo socialista sigue con la práctica de no revelar datos.

Como reveló Europa Press, la Policía tiene la orden de no dar información oficial al respecto excepto en casos puntuales. A ello se suma el compromiso de «confidencialidad» que el Ministerio del Interior obliga a firmar a las aerolíneas adjudicatarias y que se incluyen en los requisitos de las convocatorias.

En la anterior, por ejemplo, se contemplaba una cláusula específica que obliga a a las compañías adjudicatarias a formar a toda la tripulación y al resto de personal involucrado para que guarde «la adecuada reserva y confidencialidad en todo cuanto se refiere a los servicios objeto» del contrato, como «fechas, horas, aeropuertos, número de personas que se transportan, equipaje y en general, cualquier dato que pueda ser relevante» para el operativo.