El Gobierno oculta los datos sobre las expulsiones de ilegales

«Esto no es cierto. Los vuelos de expulsión tienen un coste claro y detallado con el que la Administración cuenta y me lo puede facilitar. Además, solicito también un mayor detalle en el origen de las expulsiones», reclamó el interesado, en una queja al Consejo de Transparencia.

Interior resolvió, sin embargo, que revelar dichos datos suponía «perjudicar claramente las funciones que la Policía Nacional tiene encomendadas por mandato constitucional» y se negó a facilitar la nacionalidad de los expulsados porque ello «perjudicaría a España en sus relaciones con estos países que podrían dejar de reconocer a sus ciudadanos, con lo que España no podría documentarlos y «por ende» no expulsarlos, siendo este uno de los trámites imprescindibles para materializar cualquier ejecución en materia de extranjería».

9,9 millones

Pese al argumento del Ejecutivo, parte de esos datos, sin embargo, sí han sido facilitados por otros gobiernos. Y otros son públicos. Así, por ejemplo, en mayo del año pasado trascendió el contrato para los vuelos de deportación durante 2018 y 2019, que asciende a 9,9 millones de euros. Según se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el Gobierno de Rajoy adjudicó dicho contrato a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Air Europa, Aeronova y Swiftair.

El contrato, como informó Europa Press, incluye los vuelos que el Ministerio del Interior utilizará en los próximos 18 meses para trasladar, bajo custodia policial, a ciudadanos extranjeros a diversos puntos de España y desde estos, expulsarlos de forma forzosa sus países de origen.

Durante el Gobierno de Rajoy las ONG denunciaron la opacidad de dichas operaciones en las que, aseguraban, se producían vulneraciones de derechos humanos. El Ejecutivo socialista sigue con la práctica de no revelar datos.

Como reveló Europa Press, la Policía tiene la orden de no dar información oficial al respecto excepto en casos puntuales. A ello se suma el compromiso de «confidencialidad» que el Ministerio del Interior obliga a firmar a las aerolíneas adjudicatarias y que se incluyen en los requisitos de las convocatorias.

En la anterior, por ejemplo, se contemplaba una cláusula específica que obliga a a las compañías adjudicatarias a formar a toda la tripulación y al resto de personal involucrado para que guarde «la adecuada reserva y confidencialidad en todo cuanto se refiere a los servicios objeto» del contrato, como «fechas, horas, aeropuertos, número de personas que se transportan, equipaje y en general, cualquier dato que pueda ser relevante» para el operativo.