El Gobierno meterá a Franco en los colegios por el medio siglo de su muerte: «50 años de libertad»

La Memoria Democrática es vital para reparar y restituir la dignidad de las víctimas.

Y para defender las libertades conquistadas desde hace 49 años.

En el 50 aniversario de la muerte del dictador crearemos espacios de reflexión, análisis y conmemoración.

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— Ángel Víctor Torres Pérez (@avtorresp) April 9, 2024

Para Ángel Víctor Torres, el próximo año «debe ser de festividad». La propuesta de la cartera de Política Territorial y Memoria Democrática es que se recuerde «lo que fue la libertad y lo difícil que fueron los años de la dictadura y de la guerra de España».

Leyes de Concordia

El ministro ha subrayado que «vivir en libertad es tan preciado que tenemos que defenderlo con uñas y con dientes frente a quienes quieren una involución, frente a quienes quieren enaltecer épocas oscuras», en alusión a las normas que han puesto en marcha diferentes gobiernos autonómicos encabezados por PP y Vox. En Castilla y León y en la Comunidad Valenciana ambos partidos han aprobado las conocidas como Leyes de Concordia.

La comunidad que encabeza Alfonso Fernández Mañueco presentó a finales de marzo una norma que condenaba los crímenes cometidos en España desde el año 1931 al 1978, es decir, que abarcaba también los asesinatos cometidos durante la II República.

Además, la ley señalaba en su exposición de motivos que la norma buscaba ser «un testimonio de compromiso para defender la dignidad de las víctimas» y que reconocía las «transformaciones políticas, sociales y culturales y que han marcado el devenir y la identidad de España, reconociendo así a quienes padecieron persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales».

En el caso de la norma aprobada por la autonomía que encabeza Carlos Mazón, también se reconocía «a todas las víctimas de violencia social, política, del terrorismo o la persecución ideológica o religiosa acaecidas en el territorio de la Comunidad Valenciana durante el periodo histórico comprendido entre 1931 y hasta nuestros días», como recoge su artículo 1. Por tanto, también incluye a las víctimas que perdieron la vida a manos de la II República. De acuerdo con los historiadores, 7.000 religiosos fueron asesinados durante esa etapa histórica.

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